La ministra de Justicia y su equipo se reunieron el pasado lunes con el presidente de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ), Ángel Maraver, y el vocal, José Antonio Castillo, que pusieron sobre la mesa las reivindicaciones del colectivo.
AInLAJ transmite a la ministra de Justicia el ‘malestar’ del colectivo ‘por la pasividad del Ministerio, hasta el momento, en defender sus derechos retributivos’
Esta asociación denuncia que los letrados de la administración de justicia sufren "una sobrecarga de trabajo descomunal desde 2009 no retribuida, pese a que la Ley Orgánica exige la adecuación salarial"
|
28/7/2021 13:17
|
Actualizado: 28/7/2021 13:17
|
La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha reunido esta semana con la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ) y durante más de una hora escuchó su «malestar por la pasividad del Ministerio a la hora de defender sus derechos retributivos».
Llop se mostró «muy receptiva en todo momento» y esta asociación manifiesta su «confianza y esperanza en que cambien las cosas, porque hay mucho que cambiar», según ha informado a Confilegal el presidente de AInLAJ, Ángel Maraver.
El encuentro tuvo lugar el pasado lunes, dentro del marco de entrevistas que la ministra está manteniendo con los diferentes actores del sector tras su toma de posesión.
Por parte de la asociación asistieron su presidente y el vocal, José Antonio Castillo, y por parte del Ministerio también estuvieron presentes el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste.
De izquierda a derecha: La ministra de Justicia, Pilar Llop, el presidente de AInLAJ, Ángel Maraver Sánchez, que ejerce como titular en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Cazorla (Jaén), y el vocal de la asociación, José Antonio Castillo Izquierdo, quien ejerce en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Úbeda (Jaén).
El presidente de esta asociación indicó al equipo ministerial que «antes de 2009 el 100% de las resoluciones finales de los juzgados las dictaban los jueces y que ahora el 55% las dictan los letrados de la administración de justicia -antes denominado secretarios judiciales-, porcentaje que se incrementa en los partidos judiciales en los que la jurisdicción Civil y Penal no está separada, es decir, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de partidos judiciales pequeños, que en España son más de medio millar».
Maraver denuncia que sobre el colectivo de letrados de la administración de Justicia hay «una sobrecarga de trabajo descomunal» y que, sin embargo, son «el Cuerpo de la Administración peor pagado del Estado».
«Llevamos más de una década desempeñando este trabajo extra de forma gratuita», manifiesta a este diario.
«Hemos asumido la práctica totalidad de la Ejecución judicial, la jurisdicción voluntaria, y una lista interminable de funciones, puesto que incluso actuaciones de averiguación patrimonial que antes realizaban otros organismos como Hacienda, ahora también lo hacemos nosotros, como el Registro Civil, pero nuestro salario sigue siendo el mismo y sigue sin adecuarse a estas funciones pese a que una Ley Orgánica, la 11/2020, así lo exige», explica
AInLAJ ha planteado a la ministra que el colectivo de LAJs es «unánime en cuanto a que las propuestas del Ministerio son inaceptables, que la adecuación salarial es algo incuestionable», y que el Ministerio de Justicia tiene que defenderlos «porque así lo exige una Ley Orgánica y la propia sensatez, puesto que no es concebible que nadie haga un trabajo extra a cambio de nada», informa Maraver.
También se pusieron encima de la mesa distintas cuestiones en las que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Andalucía, entre otros, dan la razón al colectivo frente al Ministerio, y a esta asociación le «sorprendió gratamente encontrar una posición muy receptiva por parte de la ministra».
AInLAJ planteó «numerosas cuestiones que afectan al colectivo y que consecuentemente afectan al ciudadano, puesto que los problemas de interacción de los sistemas informáticos hacen que, por ejemplo, hoy día, un juicio a través de videoconferencia en la que pretendan intervenir ciudadanos desde distintas sedes judiciales localizadas en comunidades autónomas distintas, la mayoría de las veces resulta inviable».
Esta asociación destaca que los diferentes programas informáticos de las distintas Comunidades Autónomas y del propio Ministerio «conforme van avanzando van a su vez incrementando los problemas de incompatibilidad».
Especialmente planteó la «necesidad de la dignificación de los Juzgados de pueblo, puesto que en estos Juzgados de Partidos Judiciales pequeños se toca la totalidad de las materias (juicios ordinarios, verbales, monitorios, cambiarios, hipotecarios, medidas urgentes, procesos de familia, ejecución, y un largo e interminable etcétera de actuaciones civiles y penales, diligencias urgentes, sumarios, diligencias previas, procedimientos abreviados, sumándose a todas las actuaciones de civil y penal el Registro Civil, el decanato, todas las labores de lo que en otros sitios desarrolla el Servicio Común de notificaciones, Inspección de los Registros de los Juzgados de Paz», según informa el presidente de AInLAJ.
Añade que «para redoble de funciones, cuando hay elecciones, estos Juzgados se convierten en Junta Electoral de Zona, lo que paraliza el Juzgado que, no obstante, tiene que seguir atendiendo urgencias, la labor cotidiana y el servicio de guardia), lo que supone una acumulación de funciones y una sobrecarga de trabajo desbordante, con más de 36 aplicaciones informáticas (Hermes, Adriano, Ainoa, Cdcj, RCPR, SIRAJ, Interius, PNJ, AEAT, TGSS, Cexil, INE… unas de la Comunidad, otras del Ministerio, otras del CGPJ, de otros organismos… y así hasta más de 36), cada una de ellas con una forma de acceso (a veces no compatibles entre ellas) y clave distinta, pues cada una tiene unas características distintas y distinta fecha de caducidad».
AInLAJ manifiesta que en estos Juzgados de partidos pequeños «es frecuente la inexistencia de servicio común de notificaciones». Además, afirma que la labor del Decanato, que es muy ardua, no es que se pague mal, sino que directamente no se paga nada».
El vocal de la asociación, José Antonio Castillo, planteó en la reunión «el problema de las guardias, de la representatividad del colectivo, la
necesidad de un nuevo estatuto, el problema de las sustituciones, de la nueva oficina, ley de eficiencia, así como la necesidad de la comarcalización de los Juzgados de Violencia de Género, en los que, actualmente, el Juez y el LAJ cobran en una guardia, que por cierto es permanente, cero euros».
La reunión comenzó a las 10.00, y aunque estaba previsto que durara media hora se prolongó hasta las 11.15, mostrando en todo momento la ministra de Justicia «una gran comprensión por los distintos problemas y un tono receptivo, dialogante, y muy cordial», lo que esta asociación «agradece y valora muy positivamente».
Noticias Relacionadas:
