El nuevo proyecto también pretende luchar contra la morosidad mediante el impulso de la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos. Foto: EP.
Expertos en derecho mercantil piden a Calviño que reduzca las trabas burocráticas a los inversores extranjeros
El Gobierno abre un trámite de audiencia publica para su iniciativa 'Crea y Crece' que pretende impulsar el crecimiento empresarial en España
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30/7/2021 06:48
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Actualizado: 30/7/2021 06:48
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Esta futura norma, todavía anteproyecto, eliminará el requisito de contar con un capital mínimo de 3.000 euros para crear una empresa, permitiendo su puesta en marcha con tan solo un euro y de manera rápida y telemática en un plazo cercano a los diez días.
El nuevo proyecto también pretende luchar contra la morosidad mediante el impulso de la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos y la puesta en marcha de incentivos para cumplir con los plazos de pago efectivos entre empresas.
Sin embargo, las primeras voces de expertos consultados por Confilegal creen que debe eliminar las trabas burocráticas que hay para la inversión extranjera y establecer medidas más contundentes para frenar la morosidad empresarial. Habrá que estar al tanto de las aportaciones en este trámite de audiencia.
Esta iniciativa se enmarca en el componente 13 de ‘Impulso a la Pyme’, incluido en el plan de recuperación remitido a Bruselas, con el que se pretende mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, facilitar la creación y el crecimiento de empresas, impulsar el emprendimiento innovador y la digitalización, atraer talento y capital y reducir incentivos a crear empresas en otros países.
Rodrigo Martos, socio Mercantil/M&A de Fieldfisher Jausas, cree que “es fundamental que las trabas burocráticas que afectan a inversores extranjeros, como a título de ejemplo, obtención de números de identificación de extranjero para accionistas o administradores extranjeros de sociedades españolas, o procesos de autorización previa como el previsto en la Ley 19/2003 relativa al control de inversiones extranjeras, se eliminen o se profesionalicen y agilicen”.
A su juicio, “retrasar de manera injustificada la creación de empresas por trámites burocráticos, en ocasiones presenciales, solo perjudica la entrada de capital extranjero en España y la correspondiente generación de riqueza y empleo. No es tanto una cuestión de abaratar, al fin y al cabo, para poner en marcha un negocio, 3.000 euros de capital social no debería ser impedimento, sino de reducir, facilitar y digitalizar trámites burocráticos”.
Para Martos, “avance en la digitalización en la creación de empresas es positivo. En todo caso, el trámite de creación de una sociedad mercantil no deja de ser una pequeña parte de todo el proceso”.
“Por ello, creemos que es necesario ir más lejos en la simplificación y reducción de trámites y costes especialmente en aquellos que limitan y afectan a la inversión extranjera. En este sentido, la mejor y más eficiente medida al alcance del legislador sigue siendo la reducción de la fiscalidad que, una vez más, vemos como en este anteproyecto no se incluye”.
Sobre la lucha contra la morosidad comercial, Martos indica que “actualmente la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ya prevé plazos de pago máximos de 60 días”.
“No obstante, la falta de supervisión pública deja la cuestión a reclamación individuales en los tribunales. Se debe valorar positivamente la inclusión de medidas adicionales que promuevan el cumplimiento de los plazos de pago legalmente previstos”.
Rodrigo Martos, socio Mercantil/M&A de Fieldfisher JAUSAS.
“También merece atención la morosidad existente en las Administraciones y Empresas públicas que ponen en jaque a muchas empresas y autónomos, por lo que se echan en falta medidas en este sentido, destaca.
En cuanto a los métodos de financiación alternativa como el ‘crowdfunding’, la inversión colectiva y el capital riesgo a nivel de empresas, este experto señala que España “estámuy lejos de otros países europeos en cuanto al papel que la financiación alternativa juega en la economía”.
«Es extremadamente necesario regular en mayor profundidad las plataformas de financiación participativa (PFPs que canalizan el así llamado ‘crowd lending’) y hacerlo dentro de unos estándares europeos que permitan que las PFPs armonizadas autorizadas en España puedan operar en el resto de la UE”
Este experto revela que “a nivel global cada vez cobran más importancia las vías de financiación alternativas a la financiación bancaria tradicional y mas en la coyuntura que atravesamos, donde las pymes especialmente de los sectores más afectados por la crisis del Covid-19 (pero no solo) están afrontando tensiones de liquidez que acarrean la imperiosa necesidad de financiación externa que, no está llegando de los financiadores tradicionales”.
Definir bien las medidas
Para Borja Díaz-Guerra, socio de Corporate de ECIJA, en ese trámite de audiencia «sería deseable que muchos de los aspectos que menciona el anteproyecto, por un lado, generen mecanismos eficientes y con capacidad real de ser implantados, y por otro lado, estén bien diseñados para prever cualquier impacto con otros cuerpos normativos o realidades prácticas”, comenta.
Sobre las medidas de creación de empresas que plantea Economía, “creo que pueden ayudar, pero no tengo tan claro que solucionen el problema. Y posiblemente ese sea el punto, entender y asumir que tenemos un problema de competitividad en términos burocráticos (no meras debilidades u obstáculos como, de forma cuasi eufemística, menciona el Anteproyecto en su Exposición de Motivos)».
“Esas debilidades, desafortunadamente, están absolutamente arraigadas en nuestro sistema, y siendo ambiciosos, las medidas deberían ir encaminadas a la raíz, y no quedarnos meramente en la superficie”.
A su juicio, “las medidas, en cierta medida, ponen el foco en los notarios, y no tanto en la propia administración, y a lo mejor tendríamos que revisar que esas medidas luego se gestionen correcta y diligentemente desde los organismos públicos”.
Para este jurista, “la reducción del capital mínimo de las sociedades limitadas a un euro es un aspecto positivo (tiempo nos está costando, teniendo en cuenta que esto es algo normal en múltiples jurisdicciones desarrolladas…)”.
Borja Díaz-Guerra, socio de ECIJA.
“Echo en falta alguna medida sobre la necesidad y obtención de los Números de Identificación de Extranjeros (NIEs), que ciertamente genera problemas y obstáculos a la inversión extranjera”.
En cuanto a las medidas introducidas para frenar la morosidad comercial, este experto considera que “la incorporación de incentivos para el cumplimiento de plazos de pago, desde mi perspectiva es un punto acertado. En relación con las medidas relativas a la factura electrónica, sin perjuicio de que las veo también positivas, creo que generará muchos retos a perfilar en términos de transparencia y acceso a dichos datos por los organismos públicos».
Sobre el uso de mecanismos de financiación alternativa a la bancaria, Díaz-Guerra cree que “hay que valorar muy positivamente la propuesta de permitir a las plataformas de ‘crowdfunding’ que puedan crear y agrupar a los inversores en una sociedad de responsabilidad limitada”.
Mejoras necesarias en los trámites administrativos
Por su parte, Miguel Navarro, socio de Mercantil de Broseta, señala que “al margen de las modificaciones legales, es imprescindible mejorar la coordinación administrativa en trámites relacionados”.
“Por ejemplo, para que cualquier emprendedor extranjero pueda iniciar una actividad en España (aunque no vaya a ser residente) se le exige obtener un NIE, un proceso que no es complejo pero sí resulta farragoso, sobre todo cuando se tiene que realizar a través de representantes porque quien quiere instalarse en España es una sociedad o porque la persona no puede acudir a España, este tipo de trámites, al final, acaba ralentizando y entorpeciendo los procesos.”
“Es necesario mantener un enfoque global, no limitarse a los trámites de constitución de la sociedad”, aclara.
Para este jurista, «en realidad la modificación no es tan profunda, simplemente se ha sustituido la posibilidad de constituir una sociedad limitad con un desembolso inicial inferior a 3.000 euros (y un compromiso de aportar posteriormente el resto hasta ese importe) por la de constituir una sociedad limitada con un desembolso de un euro (pero con una responsabilidad solidaria de los socios frente a los acreedores hasta 3.000 euros en caso de liquidación)».
“Probablemente simplifique la operativa de constitución pero a priori no parece un cambio radical”, advierte.
Sobre las medidas que se han introducido para frenar la morosidad, Navarro considera que “no son demasiado ambiciosas dada la importancia de esta materia”.
Miguel Navarro, socio de Mercantil de Broseta.
“La única modificación de la ley aplicable se refiere a los informes elaborados por el Observatorio estatal, y luego se incorpora una causa de resolución de contratos públicos en caso de incumplimiento de los plazos de pago legales, pero solo cuando los incumplimientos comprometan la ejecución de contrato”, señala este jurista.
Desde su punto de vista, “ a única medida que realmente puede ser efectiva es que el incumplimiento de estos plazos puede ser causa de exclusión de subvenciones públicas, pero por sí sola no parece suficiente”.
Respecto a la promoción de mecanismos de financiación alternativa como el ‘crowdfunding’ o la inversión colectiva, entre otros, este experto subraya que “a priori ampliar las posibilidades legales de financiación a las empresas es positivo, pero se trata de sectores en que muchas veces la práctica va por delante de la ley”.
En su opinión, “sería necesario que en el trámite de audiencia el Gobierno escuche e incorpore las propuestas de los operadores más activos en este mercado”.
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