Larsen está siendo investigada en el marco de la pieza número 5, denominada 'Carol', de la macrocausa Tándem.
Corinna Larsen, la amiga de Juan Carlos I, a la que este «le donó» 64,8 millones de euros, le demanda por los daños causados
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04/8/2021 06:48
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Actualizado: 04/8/2021 06:48
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La empresaria alemana de origen danés, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 57 años, más conocida como Corinna Larsen, quien afirmó que el Rey Emérito le regaló 64,8 millones de euros en 2012 «por gratitud y por amor» con el fin de garantizar «su futuro y el de sus hijos», ha demandado a don Juan Carlos ante la High Court londinense por el supuesto acoso sufrido por parte de personas cercanas al exmonarca.
Aunque no ha revelado la cantidad, que se presume alta, Larsen solicita una indemnización por el dinero que ha tenido que pagar a psiquiatras, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección».
Y por la contratación de «abogados, asesores de relaciones públicas y medios para mitigar el daño de su reputación, y expertos diplomáticos para acercarse al Gobierno español y su embajada en Londres y a los servicios de inteligencia de Reino Unido».
La demanda fue interpuesta el pasado mes de diciembre.
Según explica Larsen en su escrito, «ha sufrido gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos».
E insiste en que «ha sido objeto de una continua amenaza de daño físico, intrusión y vigilancia» por parte del rey emérito.
«DAÑOS ECONÓMICOS»
La empresaria acusa al monarca de tratar de «destruir» su reputación y sustento «difundiendo comentarios difamatorios» en los medios de comunicación, lo que -según ha señalado– le ha causado «angustia emocional y psicológica y depresión» y le ha llegado a perder «varios amigos personales cercanos y socios comerciales».
Según ha subrayado, la actuación que atribuye al Rey Emérito le ha generado «pérdidas y daños económicos» por el gasto que ha tenido que asumir para el «tratamiento médico por su ansiedad y angustia», así como por los pagos relativos a los servicios de seguridad contratados para ella, sus hijos y sus residencias en Londres y Shropshire; de ahí que ahora reclame una indemnización al monarca.
QUE EL MONARCA NO SE ACERQUE A SUS RESIDENCIAS
Larsen ha pedido la compensación económica en el marco de la demanda –adelantada por el Financial Times– en la que solicita que el rey emérito no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.
La empresaria alemana ha denunciado que el Centro Nacional de Inteligencia y su entonces titular, Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos, la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno «bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores».
Según asegura, fue amenazada por el Rey Emérito, quien supuestamente le dijo que las consecuencias para ella ‘no serían buenas’ si no hacía lo que se le dijese. Ha asegurado que también recibió amenazas de Sanz Roldán, quien en una reunión en Londres en 2012 le indicó que no podía garantizar su seguridad física ni la de su hijo.
La examiga del Rey Emérito sigue siendo investigada en Suiza por el fiscal jefe del Cantón de Ginebra en realación con la supuesta donación que éste le hizo en 2008 desde una cuenta que tenía en ese país.
Fueron 64,8 millones que don Juan Carlos transfirió a Larsen a una cuenta de la empresaria, en Bahamas.
El pasado mes de enero, en el juicio que se celebró en el Juzgado de lo Penal Número 8 de Madrid contra el comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo por los delitos de calumnias y denuncias falsas, Sanz Roldán negó de forma taxativa que amenazara a Larsen y a su hijo, si bien rechazó dar cuenta del contenido de dicho encuentro o de si éste tenía como objeto la defensa de la Seguridad del Estado, amparándose en la ley.
Según el Financial Times, la semana pasada la defensa de Juan Carlos I aún no había respondido a la reclamación, aunque aún debe dirimirse si la justicia inglesa es competente para investigar a un exjefe del Estado de otra nación que no vive en el Reino Unido.
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