La Corte Suprema de Chile ha aceptado la comisión rogatoria librada por la Audiencia Nacional relativa a una pieza separada del denominado ‘caso Pinochet’ en la que se investiga a Pablo Granifo Lavin –gerente general del Banco de Chile entre 2001 y 2005– por supuestos delitos de blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes.
Se le acusa de cooperar en la ejecución de maniobras cometidos en Chile por parte del expresidente chileno Augusto Pinochet para burlar la orden de embargo librada por los tribunales de España.
En un escrito de 23 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados chilenos han acordado dar curso al exhorto internacional en virtud del Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial en Materia Penal suscrito entre el Reino de España y la República de Chile.
Según consta en la resolución de la Corte Suprema, la Fiscalía del país sudamericano se ha mostrado a favor de aceptar la comisión rogatoria.
Las defensas, por su parte, han presentado sendos escritos en contra, pero los jueces han estimado que «sus argumentos no encuentran sustento» porque no consta que la causa que se sigue en España pueda afectar la competencia de los tribunales chilenos.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional envió la misiva el pasado 7 de julio después de que en enero estimara el recurso de apelación presentado por la fundación española «Presidente Allende», la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y Laura González-Vera, viuda de Carmelo Soria.
Las acusaciones pidieron que se reabriera la causa al considerar que las autoridades chilenas no habían llevado a cabo el enjuiciamiento de los delitos objeto de investigación en la presente pieza.
En aquel auto, al que también ha tenido acceso Europa Press, la Sala acordó la continuación de las diligencias que se iniciaron en 2004 en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 contra Pablo Granifo Lavin –gerente general del Banco de Chile entre 2001 y 2005–, Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa S.A, y Banchile Administradora General de Fondos –estos últimos como responsables civiles subsidiarios– por presuntos delitos de blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes.
La investigación deriva de la ampliación de querella que se hizo en 2004 a las diligencias que se incoaron en 1998 contra el propio Pinochet y su mujer, Lucía Hiriart, y que finalmente se archivaron.
La comisión rogatoria tiene lugar después de 17 años de pesquisas relativas a esta pieza, en la que se han librado otras peticiones de auxilio internacional y se han mantenido conversaciones con Chile sobre la competencia para investigar los hechos denunciados.
Aunque en 2004 un juzgado de instrucción chileno aceptó la competencia para dirigir la investigación, un año después la Corte Suprema revocó dicha competencia, archivándose el procedimiento y quedando en manos de España.
En 2010, la Justicia chilena emitió una nueva resolución en la que decidió no atender una comisión rogatoria, indicando que los hechos estaban siendo investigados, aunque luego precisó que versaba sobre otros delitos y contra exmiembros del Ejército de Chile.
