El primero de estos acontecimientos será el juicio, en la Sala de lo Penal del Supremo, contra Alberto Rodríguez, secretario de organización y diputado de Unidas Podemos, por un supuesto delito de atentado contra agente de la autoridad y un delito leve de lesiones.
Sucederá el 21 de septiembre próximo.
Veintiocho días después, el 19 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha fijado la votación y el fallo a los recursos interpuestos tanto por el PP como por Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Lo que esa misma Sala no ha fijado todavía ha sido la fecha en la que resolverá el fondo de los recursos interpuestos tanto por Ciudadanos, como por Vox y por el PP sobre los indultos concedidos a los nueve condenados del ‘procés’ que se encontraban en prisión.
El pasado 13 de julio la Sala acordó rechazar las peticiones formuladas por los partidos liderados por Inés Arrimadas y Santiago Abascal, que requerían la suspensión cautelar de la medida de gracia.
RODRÍGUEZ SUPUESTAMENTE PATEÓ A UN POLICÍA
En el caso de Rodríguez, el Ministerio Fiscal lo tiene claro. El diputado de la formación morada propinó una patada a un policía durante una manifestación contra el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert que se celebraba bajo el lema «Rechazo a la LOMCE». Fue el 25 de enero de 2014 en La Laguna, Tenerife.
Antonio del Moral, el magistrado instructor, justificó su decisión de que fuera juzgado por dos factores: «las declaraciones del agente policial que aparece como supuesta víctima, más la objetividad de los partes médicos».
Rodríguez negó los hechos por los que fue imputado y argumentó que las investigaciones en su contra tenían como objetivo criminalizar la protesta social.
La Fiscalía solicita al tribunal enjuiciador seis meses de prisión para Rodríguez y la inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena –no podría votar–, más una multa de 180 euros y una indemnización de 250 euros para el policía al que supuestamente pateó.
Por lo que se refiere al nombramiento de Delgado, tanto el PP como VOX argumentaron en sus escritos, interpuestos en julio de 2020, que la fiscal general del Estado no cumplía con la idoneidad e imparcialidad que debía presumírsele para dirigir ese órgano porque previamente había hecho campaña como diputada del PSOE y había ocupado la titularidad del Ministerio de Jusdticia.
La Abogacía del Estado intentó frenar los recursos y pidió al Supremo que los declarara inadmisibles al considerar que había una falta de legitimación activa de las dos formaciones para recurrir.
La Sección Cuarta de lo Contencioso, sin embargo, rechazó archivar el procedimiento por el momento y aplazó la decisión sobre la legitimidad del PP en este asunto «al momento de dictar sentencia».
