La Fiscalía del Tribunal Supremo sospecha que el Rey Emérito pudo hacer su fortuna actuando de intermediario en «negocios internacionales», por los que cobró «comisiones y otras prestaciones». Es lo que se desprende del escrito que el teniente fiscal Juan Ignacio Campos ha enviado a las autoridades suizas solicitando información sobre las cuentas que don Juan Carlos tiene en ese país.
La misiva fue enviada por Campos el 24 de febrero pasado y hoy la publica el diario El Mundo.
En ella emergen cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y cohecho.
Lo que solicitó el teniente fiscal, y número 2 de la Fiscalía General del Estado, a la justicia suiza fueron los datos relacionados con las cuentas que en ese país tiene abierta la Fundación Zagatka –una sociedad instrumental creada en Liechstenstein en 2003, a cuya cúspide se encuentra Álvaro de Orleans-Borbón, primo del Rey Emérito–, en el periodo comprendido entre 2016 y 2019.
El objetivo de Campos es determinar el origen del dinero que don Juan Carlos no declaró a Hacienda y el destino que se le dio después.
La Fundación Zagatka ha sido investigada por el fiscal helvético Yves Bertossa y consta en las declaraciones que Corinna Larsen, examante del Rey Emérito, hizo ante el mencionado fiscal, a quien le reveló que don Juan Carlos le había comentado que el dinero era suyo.
Hasta la fecha, el Rey Emérito ha realizado dos regularizaciones ante la Agencia Tributaria por 678.393,72 y 4.395.901,96 euros.
Los pagos habrían tenido lugar hasta 2018, después de abdicar, en junio de 2014, perdiendo, con ello, el privilegio de la inviolabilidad que hasta entonces había tenido como Jefe de Estado.
El pasado mes de junio la Fundación cambió sus estatutos, suprimiendo a don Juan Carlos y a sus tres hijos como beneficiarios.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reveló en noviembre de 2020 que había una tercera investigación sobre el Rey Emérito.
Las dos anteriores son la de las posibles comisiones de la construcción del AVE a la Meca y el expediente sobre tarjetas opacas.
Esta tercera investigación tuvo su origen en una una denuncia del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre la existencia de una posible cuenta activa, en la isla británica de Jersey –paraíso fiscal–, que contendría 10 millones de euros y que el Rey Emérito habría intentado mover.
Los escándalos que emergieron sobre el origen de su fortuna provocaron que don Juan Carlos se marchara de España, en agosto de 2020, fijando su residencia en el emirato de Abu Dabi.
