La Fiscalía Provincial de Madrid solicita diez años de cárcel para P. J. J. S., un sargento de la Guardia Civil destinado en el Negociado de Tramitación de Expedientes de Compras del Servicio de Telecomunicaciones, por los delitos continuados de falsedad de documento mercantil y malversación de caudales públicos.
El agente tiene antecedentes penales cancelados por delito de falsedad.
El representante del Ministerio Público también pide 9 años de prisión para E. M. D., un trabajador autónomo dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social en concepto de actividades de comercio al por mayor de equipos electrónicos.
Según la Fiscalía, ambos acusados, en fecha no concretada, pero en todo caso anterior y próxima al mes de junio de 2009, «animados de la intención de enriquecerse a costa del erario público», urdieron un plan que logró desviar un total de 210.721,41 euros de las arcas del Instituto Armado a dos cuentas corrientes titularidad del trabajador autónomo para después repartirse el dinero entre ambos.
El juicio (con jurado popular) comienza el próximo martes, 7 de septiembre, en la Audiencia Provincia de Madrid (Sección Sexta).
Según expone la Fiscalía en el escrito de acusación, E. M. D. empleaba las denominaciones Suministros Logísticos Dorado, el suyo propio y el de su mujer sin que ella tuviera conocimiento, para elaborar documentos “que simulaban ser facturas en las que aparentaba bien el suministro de materiales bien la realización de reparaciones a favor de la Guardia Civil”.
Destaca que “dichas facturas no respondían realmente a suministro ni reparación alguna”, pero que una vez recibidos en el negociado en el que el otro acusado era responsable, “daban lugar a que se ordenara el pago mediante transferencia bancaria a favor del emisor de la factura mendaz”.
El representante del Ministerio Público explica que los acusados se cuidaron de que los suministros y reparaciones simuladas nunca superaran el importe de 5.000 euros porque de esta manera el sargento de la Guardia Civil realizaba los trámites necesarios para que el importe fuera pagado a través del sistema de “pago mediante anticipo de caja fija” que, en el negociado del que era responsable, se empleaba para este tipo de pagos ya que los que superaban la suma de cinco mil euros estaban sujetos a mayores controles que habrían dificultado el éxito de su plan y que el acusado eludía.
En ejecución de dicho plan, relata la Fiscalía, E. M. D. elaboró 43 facturas que, una vez emitidas y entregadas en la unidad de la que era responsable el otro acusado, dieron lugar a su pago.
Señala que una vez transferidos los fondos, se depositaban en dos cuentas “de manera inmediata o transcurridos pocos días”.
También según el relato de la Fiscalía, posteriormente E. M. D. realizaba reintegros de cantidades en efectivo que oscilaban entre 2.000 y 2.500 euros y que entregada al otro acusado, quien, a su vez, incorporaba el dinero a su patrimonio.
Afirma que así ocurrió hasta la última de las entregas, que tuvo lugar el 30 de enero de 2013.
Este día, hacia las 12:38 horas, E. M. D. acudió a las dependencias de la Guardia Civil de la calle Guzmán el Bueno número 110 y se dirigió a la entrada del edificio del Servicio de Telecomunicaciones, donde había concertado una cita con el otro acusado a fin de que éste recibiera un sobre con 2.500 euros dinero «como contraprestación según el sistema pactado entre ambos», explica la Fiscalía.
Indica que inmediatamente después de la entrega ambos fueron detenidos.
La Fiscalía subraya que “al menos” en 14 casos se ha podido acreditar que el sargento de la Guardia Civil “bien directamente o bien a través de persona interpuesta que actuaba bajo sus designios”, simuló las firmas del Coronel de la Guardia Civil Jefe del Servicio de Telecomunicaciones y del Teniente Coronel de la Guardia Civil 2º Jefe del Servicio de Telecomunicaciones en los sellos de “conforme y páguese” estampados sobre las facturas.
Por el delito de malversación solicita para P. J. J. S. la pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de nueve años para su empleo como Guardia Civil y costas.
Para E. M. D. reclama cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de actividades comerciales durante el tiempo de la condena y costas.
Por el delito de falsedad pide para cada uno de los acusados la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, y multa de veinte meses con cuota diaria de cincuenta euros.
Además, reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Dirección General de la Guardia Civil con la suma de 210.721,41 euros.
