Puede que el parón judicial registrado con la declaración del primer estado de alarma, que se prolongó durante varios meses, no haya supuesto -por ahora- el gran colapso augurado en los tribunales, pero sí dejó fuertes consecuencias económicas en los despachos de corte procesalista.
Es el caso de Bufete Rosales. La firma, especializada en demandas colectivas y con sistema de honorarios condicionado principalmente a éxito, cerró 2020 con un descenso muy abultado en sus ingresos.
Según el informe de cuentas depositado ante el Registro Mercantil, su facturación se redujo un 54%, pasando de los 5,5 millones de euros en 2019 a los 2,5 millones el año pasado.
Esta abrupta caída encuentra su explicación principalmente en la suspensión de los plazos procesales, vigente entre el 14 de marzo y el 5 de junio, que convirtió 2020 en el año con menos asuntos registrados en los juzgados desde 1995. De acuerdo con la memoria publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a finales de julio, se ingresaron 5.526.754 asuntos durante el año pasado, un 12% menos que en 2019.
Así lo confirma José Plaza, socio director de Bufete Rosales, para quien el informe de cuentas «no refleja cuál hubiera sido la facturación normal de nuestro despacho sin Covid». Ya no sólo por la inactividad forzosa del confinamiento, que ha provocado retrasos en los procesos ya abiertos, sino porque el sistema de teletrabajo en el funcionariado de la Administración de Justicia se ha revelado menos productivo.
Las consecuencias de este atasco judicial son tales que, a día de hoy, sigue limitando su ritmo normal de actividad. «El hecho de que haya habido menos horas de trabajo en los juzgados y la propia administración, además de menos juicios, señalamientos y pronunciamientos judiciales, hará que en 2022 cobremos lo de estos años y los anteriores».
Prueba de ello es que la firma tiene actualmente más de 10.000 pleitos en vía de ser admitidos a trámite y 3.500 en procedimiento, algunos pendientes de juicios y otros de sentencia. Un tapón administrativo que va a más, toda vez que cada día firman entre 30 y 40 clientes nuevos.»¿Cuándo recogeremos la cosecha? Lo vamos haciendo en diferido; a tres o cuatro años, en función de lo que tarde», asevera Plaza.
El negocio de las demandas colectivas
No obstante, aunque exterma, esta circunstancia ha propiciado que se alcance la cifra de negocio más baja desde 2014, cuando facturó 1,4 millones de euros. A partir de ese año el despacho había ido aumentando su volumen de ingresos de forma exponencial, hasta alcanzar en 2016 su récord de 10,7 millones de euros, para después rebajar la cifra a 9,1 millones en 2017 y 5,8 millones en 2018.
Durante estos ejercicios llegó a destacar entre las firmas más productivas del sector legal en relación a la facturación por socio, considerado uno de los principales indicadores.
El punto de inflexión en la actividad de Rosales, y en su modelo de negocio, fue su apuesta por captar un alto volumen de clientes afectados por conflictos colectivos, como gastos hipotecarios o, más recientemente, las tarjetas revolving.
Se trata de un filón que continúa explotando gracias, en buena medida, a la mayor captación de clientes que permite la transformación digital. Proceso que se culminó a la carrera en los primeros compases de la pandemia y que ha permitido firmar clientes telemáticamente en todas las áreas.
Pese a todo, Bufete Rosales registró unos beneficios de 414.935 euros tras descontar el millón de euros destinados a pagar las nóminas y seguridad social de sus trabajadores (compuesta por cerca de cerca de 100 personas entre miembros de plantilla y colaboradores externos) y 812.652 euros en gastos de explotación.
Este resultado representa apenas una cuarta parte de los 1,9 millones de euros obtenidos en el ejercicio anterior. Sin tradición de repartir dividendos, los socios aprobaron destinar 360.583 euros a reservas voluntarias.
