Se repartieron de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones entre 2002 y 2017. Foto: EP.
La CNMC multa a ocho empresas con más de 127 millones de euros por repartirse contratos de la red del AVE
Las sancionadas son Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens S.A. y Thales, y 10 de sus directivos por participar en un cártel
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02/10/2021 06:47
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Actualizado: 02/10/2021 06:47
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con más de 127 millones de euros a ocho empresas y diez de sus directivos por crear un cártel que se repartió de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif, entre 2002 y 2017
Las empresas sancionadas por participar en el cártel son Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens S.A. y Thales, por un importe de 127,3 millones de euros, así como 10 de sus directivos por una cuantía de 483.000 euros.
Los contratos que se repartían, según ha informado en un comunicado el organismo, estaban relacionados con la construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria del AVE y de la convencional.
Este tipo de instalaciones son esenciales para controlar y gestionar el tráfico ferroviario, las comunicaciones y la protección en la red de AVE (alta velocidad) y de las líneas convencionales (media distancia y cercanías) de la red ferroviaria española.
«Las prácticas de este cártel han sido especialmente dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compañías cartelizadas», indica la entidad que preside Cani Fernández.
Se trata de una infracción única y continuada, que prohíbe la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El cártel surgió en 2002 por iniciativa de las dos principales empresas del sector en ese mercado, Alcaltel (a partir de 2007 Thales) y Dimetronic (a partir de 2013 Siemens Rail), con el objetivo de no competir y repartirse las licitaciones mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas, UTE.
Ambas empresas se repartieron los importes adjudicados (en los acuerdos iniciales se fijó en un 50-50%, que después se ajustó al 55-45%) y también la tecnología de señalización empleada en los proyectos.
De esta forma, pudieron introducir sus sistemas tecnológicos en los concursos ganados al 50% y se garantizaron también los contratos de mantenimiento (y sus correspondientes renovaciones). A partir de 2003, se sumaron otras empresas al cártel: Siemens S.A., en 2003, NSN (actual Nokia), en 2007, y Cobra, en 2008.
La entrada de nuevas empresas en el mercado y el hecho de que Adif introdujera cambios en 2011 en la evaluación del componente económico de las licitaciones favoreció la presentación de ofertas con precios más competitivos.
Sin embargo, en lugar de mantener la tensión competitiva iniciada en 2011, en la práctica, las empresas previamente competidoras acordaron establecer cuotas de reparto sobre las licitaciones y se incorporaron al cártel. En el caso de Alstom y Bombardier, a partir de 2014, y en el de CAFS, a partir de 2015.
Las empresas se adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142 millones de euros
Para cumplir los acuerdos adoptados, las empresas del cártel decidían qué UTE -participada por las empresas del cártel- optaba a ganar cada licitación, presentando otras UTE o, en su caso, empresas del cártel de forma individualizada, ofertas de acompañamiento.
Este tipo de acuerdos y prácticas concertadas revelan el uso de la UTE como instrumento habitual del cártel, sin que existiera una verdadera necesidad de utilizar dicha opción ni eficiencias que fueran trasladadas al órgano licitante.
La CNMC señala que se trata de un cártel muy dañino que ha tenido el efecto real de eliminar o al menos restringir significativamente la competencia en 82 licitaciones.
Y es que, durante sus 15 años de duración, las empresas se adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142 millones de euros. En algunos casos, la ejecución de los contratos adjudicados se mantiene hasta los años 2035, 2037, 2038 y 2040, por lo que sus efectos van más allá de la duración de propio cártel.
Asimismo, al tratarse de licitaciones convocadas por Adif (y previamente por el Ministerio de Fomento y el GIF), ha supuesto una merma económica para la Administración Pública, con el consiguiente perjuicio para los consumidores y para contribuyentes.
Una investigación que comenzó en 2017
En el año 2019, la CNMC sancionó con 118 millones de euros a 15 empresas por formar varios cárteles que se repartieron los concursos públicos para la electrificación de la red del AVE y la red convencional española y sus equipos electromecánicos,
La información recabada durante la instrucción de ese expediente, explica la CNMC, especialmente durante las inspecciones domiciliarias a algunas empresas, alertó al organismo sobre la posible existencia de prácticas anticompetitivas que afectarían a licitaciones convocadas para las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones.
En consecuencia, la CNMC activó nuevas investigaciones e inspeccionó la sede de Thales en mayo de 2017. Posteriormente, tras la solicitud de clemencia presentada por Siemens, en junio 2017, ordenó inspecciones domiciliarias en las sedes de Bombardier y Cafs, en diciembre de 2017.
En aplicación del programa de clemencia y teniendo en cuenta la información aportada por Siemens Rail y Siemens S.A., así como su directivo Gonzalo Martínez Delgado, se establece una reducción del 50% de las multas correspondientes que quedan fijadas en los siguientes importes: Siemens Rail Automation, S.A.U, 9.450.555 euros; Siemens S.A.: 5.000.000 euros y Gonzalo Martínez Delgado, 17.000 euros.
El programa de clemencia permite la empresa y/o el directivo que haya participado en un cártel aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC, a cambio de la exención total o a una reducción de la multa.
a las empresas que forman parte de un cártel y pongan en conocimiento de la autoridad su existencia, permitiendo así investigarlo, la exención del pago de la multa que pudiera corresponderle o una reducción del importe, si el organismo ya tenía conocimiento de dicho cártel y si las empresas aportan elementos de prueba.
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