La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año de prisión a un sargento de la Guardia Civil destinado en el Negociado de Tramitación de Expedientes de Compras del Servicio de Telecomunicaciones, Pedro José J. S., por simular facturas de suministro de materiales y falsas reparaciones.
Ha sido sentenciado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de malversación de fondos públicos, en los que concurren las atenuantes muy cualificadas de reparación del daño y dilaciones indebidas.
Además de la pena de prisión, ha sido inhabilitado durante dos años para empleo o cargo público.
Este agente tiene antecedentes penales cancelados por delito de falsedad.
Por los mismos delitos también ha sido condenado a la misma pena un trabajador autónomo dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social en concepto de actividades de comercio al por mayor de equipos electrónicos, Emilio M. D.
Es una sentencia de conformidad.
La Fiscalía pedía inicialmente 10 años de prisión para el sargento y 9 años para el trabajador autónomo.
El pasado 28 de julio, el representante de la Fiscalía, la Abogada del Estado en el ejercicio de la acusación particular, los abogados de la defensa presentaron escrito conjunto de acusación de conformidad, que los acusados ratificaron ante la magistrada-presidenta del tribunal del jurado María de la Almudena Álvarez Tejero, reconociéndose autores de los hechos y aceptando la pena de prisión y la responsabilidad civil pedida.
La sentencia es la número 393/2021, de 29 de julio.
Según los hechos probados, ambos condenados, en fecha no concretada, pero en todo caso anterior y próxima al mes de junio de 2009, «animados de la intención de enriquecerse a costa del erario público», urdieron un plan que logró desviar un total de 210.721,41 euros de las arcas del Instituto Armado a dos cuentas corrientes titularidad del trabajador autónomo para después repartirse el dinero entre ambos.
E. M. D. empleaba las denominaciones Suministros Logísticos Dorado, el suyo propio y el de su mujer sin que ella tuviera conocimiento, para elaborar documentos “que simulaban ser facturas en las que aparentaba bien el suministro de materiales bien la realización de reparaciones a favor de la Guardia Civil”.
Dichas facturas «no respondían realmente a suministro ni reparación alguna”, pero que una vez recibidos en el negociado en el que el otro acusado era responsable, “daban lugar a que se ordenara el pago mediante transferencia bancaria a favor del emisor de la factura mendaz”.
Los suministros y reparaciones simuladas nunca superaran el importe de 5.000 euros porque de esta manera el sargento de la Guardia Civil realizaba los trámites necesarios para que el importe fuera pagado a través del sistema de “pago mediante anticipo de caja fija” que, en el negociado del que era responsable, se empleaba para este tipo de pagos ya que los que superaban la suma de cinco mil euros estaban sujetos a mayores controles que habrían dificultado el éxito de su plan y que el ahora condenado eludía.
En ejecución de dicho plan, Emilio M. D. elaboró 43 facturas que, una vez emitidas y entregadas en la unidad de la que era responsable el otro acusado, dieron lugar a su pago.
Una vez transferidos los fondos, se depositaban en dos cuentas “de manera inmediata o transcurridos pocos días”.
Posteriormente, Emilio M. D. realizaba reintegros de cantidades en efectivo que oscilaban entre 2.000 y 2.500 euros y que entregaba al sargento, quien incorporaba el dinero a su patrimonio. Así ocurrió hasta la última de las entregas, que tuvo lugar el 30 de enero de 2013.
Este día, hacia las 12.38 horas, Emilio M. D. acudió a las dependencias de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno, número 110 y se dirigió a la entrada del edificio del Servicio de Telecomunicaciones, donde había concertado una cita con el otro condenado a fin de que éste recibiera un sobre con 2.500 euros dinero «como contraprestación según el sistema pactado entre ambos».
Inmediatamente después de la entrega ambos fueron detenidos.
Además de lo descrito anteriormente, “al menos” en 14 casos ha podido acreditarse que, en ejecución del plan para enriquecerse, Pedro José J., bien directamente o bien a través de persona interpuesta que actuaba bajo sus designios, simuló las firmas del coronel de la Guardia Civil jefe del Servicio de Telecomunicaciones y del teniente coronel de la Guardia Civil 2º jefe del Servicio de Telecomunicaciones en los sellos de “conforme y páguese” estampados sobre las facturas.
El importe total de lo defraudado son 210.722,41 euros, que ambos deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Dirección de la Guardia Civil.
