Ha incrementado hasta el 50% el número de las conformidades tras la instrucción dictada el pasado mes de mayo por la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, instando a los fiscales a potenciarlas, y una especial actividad proactiva para evitar la concurrencia a juicio durante el periodo de mayor incidencia de la pandemia. Foto: Carlos Berbell
La Fiscalía de Madrid alcanzó en 2020 conformidad en la mitad de las sentencias por los delitos más graves
Fruto de estas conformidades, solo en delitos fiscales se han recuperado 3.741.337 euros para las arcas públicas
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11/2/2021 15:22
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Actualizado: 11/2/2021 15:31
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La Fiscalía Provincial de Madrid ha conseguido durante 2020 alcanzar acuerdo de conformidad en la mitad de las sentencias donde los procesados eran juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid por los delitos más graves, los que tienen una pena superior a los cinco años de privación de libertad.
Según ha informado, en términos porcentuales, las conformidades se han aumentado en un 16% respecto en los dos últimos años.
Destaca que ese incremento asciende hasta el 30% si se toma en consideración el porcentaje de conformidades en relación con el número de sentencias condenatorias: 67,6% en 2020 frente al 36,9% en 2019.
Este mecanismo, que puede activarse en cualquier momento antes del inicio de las sesiones del juicio oral, comporta importantes beneficios para el servicio de la Administración de la Justicia, ya que supone, entre otros aspectos, un ahorro de tiempo y costes-; también para los ciudadanos (testigos, peritos…) que en el caso de las conformidades anticipadas no tendrán que comparecer al acto del juicio oral, y para las víctimas, puesto que los acuerdos tienen como una de sus premisas el abono anticipado de las correspondientes indemnizaciones.
La Fiscalía madrileña señala que aun cuando la posición de la víctima no es vinculante para alcanzar estos acuerdos, los fiscales toman en cuenta su parecer, especialmente en los delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual o la integridad moral.
Recuerda que por ello, desde 2009 la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo General de la Abogacía (CGAE) impulsan su aplicación, y destaca que también por ello en 2020, año marcado por las restricciones de movilidad que impuso el estado de alarma y la posterior desescalada, «la conformidad ha sido una herramienta esencial para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia».
La Fiscalía madrileña expone que en Madrid, la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez Fernández, mantuvo una reunión de coordinación con los responsables del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), fruto de la cual surgió la Instrucción 1/2020, dictada el pasado mes de mayo, en la que dio pautas prácticas a los fiscales «para el mayor aprovechamiento de esta herramienta» que ha tenido un singular impacto en 2020 y que «tiene voluntad de permanencia».
La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Foto: ICAM.
En dicha instrucción, la fiscal jefe de Madrid instó a los fiscales a “potenciar las conformidades con las demás partes intervinientes» y pidió una «especial actividad proactiva, a fin de evitar la concurrencia a juicio de los ciudadanos durante el periodo de mayor incidencia” de la pandemia.
La Fiscalía apunta que dicha medida era a su vez una respuesta al paquete de ’30 medidas urgentes para agilizar la Justicia en el proceso de desescalada’, presentada el pasado 20 de abril por la Fiscalía General del Estado, la primera de las cuales era la “potenciación del protocolo de actuación para las conformidades en juicio”.
El 24 de abril, la FGE propuso otras 30 medidas.
La Fiscalía madrileña informa que fruto de estas conformidades, solo en delitos fiscales se han recuperado 3.741.337 euros para las arcas públicas.
Además, expone que la utilización de esta figura de forma anticipada, ha supuesto, sólo en la Audiencia Provincial, el ahorro de al menos 125 señalamientos de juicio, «lo que en un año como 2020, equivale a que un número muy significativo de ciudadanos –víctimas, testigos, peritos o abogados- hayan podido evitar el desplazamiento a sede judicial».
El Ministerio Fiscal manifiesta que la política de conformidad supondrá también a corto y medio plazo la posibilidad de adelantar otros procedimientos, ya que de esta forma se reduce la tasa de pendencia judicial de Madrid, pues «las medidas de impulso acordadas tienen vocación de estabilidad y proyectan extenderse en los próximos años».
Según explica, junto con los robos o delitos contra la seguridad vial objeto de conformidad en los Juzgados de lo Penal, también se han resuelto por esta vía otros procedimientos de envergadura en número de acusados, testigos o sesiones de juicio programadas desde la Instrucción de la fiscal Jefe provincial que incidía en que ningún delito quedaba fuera de esta figura.
Incluso se han conformado 12 procedimientos del Tribunal del Jurado por delitos tan variopintos como homicidio, allanamiento de morada, cohecho o tenencia de armas prohibidas.
La Fiscalía madrileña informa que entre los supuestos que mayor impacto han tenido para víctimas y testigos está el caso de un homicidio intentado, en el que el Ministerio Fiscal acusaba a dos familiares de apuñalar, con intención de matarlo, al cliente de un bar, en el que, como parte del acuerdo, se satisfizo íntegramente la responsabilidad civil por las lesiones que le causaron a la víctima, que se cuantificaron en 15.000 euros.
También cita el caso de 9 acusados por un delito de tráfico de drogas, a los que se impuso una pena superior a 4 años de prisión y quedaron privados de libertad tras sentencia, o el de una pelea entre dos grupos de 4 y 5 personas, todos ellos acusados, para cuyo enjuiciamiento la sala había programado 3 días de duración.
Destaca como especialmente relevantes, desde esta perspectiva, los supuestos de estafas masivas, como el de 45 compradores de coches de segunda mano con información falsa sobre su estado general, «pues gracias a los acuerdos de conformidad se consiguió resarcir a los perjudicados».
Informa que así ocurrió también en el caso de 55 personas que firmaron contratos con una organización integrada por siete sujetos que se hicieron pasar por agentes inmobiliarios que ofertaban a ciudadanos de escasa capacidad económica la posibilidad de disfrutar de 14 noches al año en hoteles de lujo durante toda la vida para, posteriormente, con la documentación que les facilitaban las personas estafadas, obtener de diferentes entidades bancarias suculentas cantidades económicas que solicitaban a préstamo. El total del dinero recuperado y devuelto a las víctimas ascendió a 1.265.400 euros.
Recientemente, ha alcanzado un acuerdo con Francisco José Sanz González de Martos, conocido como Paco Sanz y como ‘el hombre de los 2.000 tumores’, quien reconoce que estafó y acepta dos años de cárcel.
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