El pasado lunes planteó otras 30; según ha explicado, con estas 60 medidas se pretende mejorar el servicio público, de acuerdo con la vocación de satisfacer el interés general y los derechos de la ciudadanía como principios que informan la actuación del Ministerio Fiscal. Foto: Confilegal
La FGE propone otras 30 medidas urgentes para agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
LAS HA ENVIADO HOY AL MINISTERIO DE JUSTICIA
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24/4/2020 13:37
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Actualizado: 24/4/2020 13:50
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La Fiscalía General del Estado (FGE) ha propuesto hoy otras 30 medidas urgentes con el fin de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada, entre ellas potenciar la mediación, desarrollar el principio de oportunidad y las conformidades, y medidas organizativas relativas a la habilitación del mes de agosto.
El pasado lunes planteó otras 30.
La FGE señala que con estas 60 medidas «se pretende mejorar el servicio público, de acuerdo con la vocación de satisfacer el interés general y los derechos de la ciudadanía como principios que informan la actuación del Ministerio Fiscal».
Entre estas últimas 30 propone el desarrollo del principio de oportunidad en los delitos leves según las recomendaciones del Consejo de Europa, evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en determinados delitos, y simplificar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
También plantea medidas específicas en materia trata de seres humanos, «cuyas víctimas, especialmente castigadas a causa de la crisis han de ser atendidas de manera prioritaria».
Asimismo, propone el fomento de la justicia restaurativa, mediación intra-procesal, la potenciación de los juzgados de violencia de género exclusivos, la ampliación del ámbito objetivo y de la conformidad del procedimiento para enjuiciamiento rápido de determinados delitos y para el procedimiento abreviado, y la potenciación del sistema de la videoconferencia en todos los órdenes jurisdiccionales.
Sugiere, además, el impulso de la Justicia Digital, un sistema de gestión procesal único para todo el territorio nacional, y una agencia tecnológica para la administración de Justicia; la creación o continuación de los instrumentos de coordinación institucional creados por la crisis; medidas organizativas relativas a la habilitación del mes de agosto; la normalización de los atestados policiales para el impulso y simplificación del procedimiento penal; priorizar la atención sanitaria a otras pruebas de determinación de la edad; y la optimización de los recursos procesales y personales en la jurisdicción de menores.
OTRAS PROPUESTAS EL PASADO LUNES
Entre las medidas que planteó el pasado lunes está la potenciación del protocolo de actuación para las conformidades en juicio; la creación de órganos de enjuiciamiento de guardia; la asunción por la Agencia Tributaria de toda la ejecución dineraria líquida, sea cual sea su naturaleza; la profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad; así como la actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales.
También ha propuesto la adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal; un impulso de la Justicia Digital, unificando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional; un impulso de un Protocolo entre la FGE y el Consejo General del Poder Judicial a fin de garantizar la utilización del sistema de videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales; y la regulación del flujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.
Además, ha sugerido la reducción de los Juzgados que asumen competencias no exclusivas en materia de violencia sobre la mujer (Reagrupación y especialización); la finalización de la formación inicial de la 58ª promoción de fiscales; la elaboración de un plan de contingencia para la carrera fiscal y provisión de equipos y medios de protección individual; la adopción de medidas que garanticen la naturaleza pública de las vistas orales; y potenciación de la celebración de las vistas penales con la comparecencia por videoconferencia de los acusados.
También ha propuesto el establecimiento de un sistema de señalamiento y aviso para que la espera para juicio evite aglomeraciones o concentraciones de ciudadanos; la potenciación del papel de los Registros Civiles como fuente de información en la crisis del coronavirus, y la creación de la Sede Electrónica de la Fiscalía General del Estado.
En estas primeras propuestas se incluyó una mención especial a la derogación del sistema de plazos de instrucción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), pues “solo entorpece la acción de la justica y favorece la impunidad del delito”.
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