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Carta de una interina a la ministra de Hacienda y Función Pública: No nos mande a la calle

Ruth Gras
Carta de una interina a la ministra de Hacienda y Función Pública: No nos mande a la calle
Ruth Gras, autora de esta columna, es trabajadora social y presidenta de la Plataforma de Interinos de Cataluña.
07/10/2021 06:46
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Actualizado: 07/10/2021 06:46
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Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, me dirijo a usted por mis compañeros, y sobre todo compañeras, y sus familias que sufren precariedad en sus trabajos para la Administración y en estos momentos una gran incerteza de poder perder sus puestos de trabajo después de años, incluso décadas, al frente de los Servicios públicos.  

Dándolo todo, movidos en muchos casos por vocación y más si cabe durante la pandemia, pues gracias a la experiencia y los recursos acumulados durante estos años de servicio y formación continua, se habían forjado equipos con tablas suficientes para afrontar y dar salida a aquello sobrevenido para lo que no estábamos preparados nadie. 

Sabrá que lo logramos y con nota, y que al final quien salió más beneficiado fue el ciudadano, que somos todos en algún momento y que es para quien tiene sentido todo nuestro trabajo. 

A muchos nos han aplaudido por conseguirlo y mientras la Administración firmaba acuerdos para llevar a cabo la obligada reducción de la temporalidad a instancias de Europa. Acuerdos que, sin embargo, eran contrarios a sus trabajadores y a la normativa y jurisprudencia europea, mediante concursos-oposición libres que han supuesto ya el cese de muchas personas. 

Y lo acordaban no con cualquiera, sino con aquellos sindicatos que están llamados a las mesas de negociación y que debían representar y defender nuestros intereses como colectivo víctima del abuso de temporalidad, pero que todas las partes en conflicto saben que no solo no nos representan sino que nos traicionan sin ningún pudor. Convendrá conmigo que se torna bastante perverso.

Mi lucha por una solución justa y sobre todo legal, empieza hace más de 5 años por una convocatoria de trabajadoras sociales de la Generalitat de Catalunya cuyo resultado podía ser nuestro cese sin derecho a nada después de 20 años sin oportunidad, a pesar de que el colectivo había incluso recogido firmas y solicitado oposiciones por escrito.

 Creíamos que nos encontrábamos solo nosotras en la situación de tener que afrontar una oposición que considerábamos fuera de lugar, con antigüedades de entre 15 y 35 años y un tanto por ciento elevado de mujeres de mas de 50 años. Poco a poco, se nos fueron acercando de otros colectivos y vimos que éramos muchos y en todas las administraciones públicas.

 Nos informamos, nos unimos, nos organizamos y creamos la asociación de Plataformes d’Interins/es de Catalunya (PIC) de la que hoy soy presidenta. Una cruzada de reuniones (habré asistido a más de 100) con responsables de las propias administraciones, políticos… nos llevó a descubrir que en muchos casos desconocían totalmente no solo la realidad de sus RRHH sino la normativa vigente y el incumplimiento reiterado cometido. 

Allí donde hemos podido explicar lo que estaba pasando adjuntando los textos jurídicos que lo avalan, se iban quedando sin argumentos en contra y hoy son muchos los responsables que nos apoyan. Simplemente como era la forma habitual de hacer se daba por hecho que debía ser legal, pero ministra, no lo era y ahora ya lo sabemos todos, ustedes también. 

Hace un tiempo que reconocen públicamente que nos encontramos en esta situación por causa única y exclusiva de la mala gestión por parte de la Administración Pública y de su incumplimiento de la ley. 

Una ley que dice como hacer para no cometer el abuso de temporalidad al que ahora nos enfrentamos, pero que el legislador olvidó incluir que pasaría si no se cumplía, aunque ese olvido fue solo para el sector público, pues si estableció la sanción en el sector privado que además inspecciona y respecto al cual actúa de oficio declarando fijo al trabajador si el empresario supera el plazo de temporalidad permitida, mientras la propia Administración continua perpetrando el fraude.

Hasta que no llega la amenaza de sanciones y la abertura de un proceso sancionador por parte de Europa, ni se planteaban resolverlo. 

Solo depende de la voluntad política

 Ahora que se ven obligados a hacerlo, nuestros legisladores parecen ser incapaces de rectificar y argumentan estar delante de una situación complicada de resolver con seguridad jurídica, pero ¿sabe ministra lo que nos parece a los trabajadores en precario?, que no existe esta dificultad, varios ejemplos a lo largo de la historia nos indican que solo depende de la voluntad política de resolverlo de una manera u otra.

 Lo que lo hace complicado es intentar hacer ver que cumples sin hacerlo y que no te pillen. De momento, ni el intento con el PESCO ni con el Real Decreto-Ley 14/2021 han conseguido engañar a la Comisión Europea, que ya ha dicho que estará muy atenta a la modificación de este último.

Y llegado a este punto, ya te hundes porqué piensas: ¿y para esta Administración en la que he creído tanto tiempo y donde me he hecho mayor, trabajo? 

Tan poco me valora que aprovechando la obligación de reducir la temporalidad, pretende manipular la ley para cesarme a coste cero, si puede ser, y si no a coste de los impuestos de todos los españoles y rejuvenecer la plantilla al mismo tiempo sin importar el capital humano que perderá y que es tan necesario para que se produzca el natural relevo generacional mediante el cual el personal antiguo con experiencia acompaña y forma a los que acceden de nuevo.

Señora ministra, que además lo es de Hacienda y Función Pública, mujer de izquierdas como yo, va a permitir que pudiendo escoger como vía de sanción entre la estabilización de los trabajadores, real, efectiva, directa y sin coste, se opte por la vía de la indemnización ridícula, para el trabajador que la reciba, pero con un coste elevado para el país con una fuerte crisis económica a nuestra espalda.

¿Qué nos pasa ministra, por qué somos el país de la Comunidad Europea que paga más multas por incumplimiento de las Directivas europeas, siendo estas de millones de euros. Sera quizás que la mala gestión de nuestros representantes no lleva parejo responsabilidades personales incluso económicas para quien incumpliendo su obligación nos aboca a ser sancionados como estado miembro incumplidor reiterado?

¿Va a hacer algo para evitar sumar otra sanción más?  Por el país, por las familias y por las mujeres a las que pueden empujar a la exclusión social y a vivir sus últimos años de las ayudas sociales?

Con el PP empezó este infierno. Esperemos que con el PSOE no se acabe el trabajo sucio.

Tienen una proposición de ley en trámite. Una oportunidad para ser valientes y rectificar antes de que nos salga muy caro y nos aboquen a la judicialización masiva en defensa de nuestros derechos morales, personales y laborales.

Confiemos en que impere la cordura y se cumpla con Europa. Miles de familias están pendientes de este proyecto de ley. No nos mande a la calle.

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