Según Ignacio Prendes, director de Juntos Sumamos y exdirigente de Ciudadanos, afirma que "hay que tomar decisiones y para eso hay que construir una mayoría estable que ayude a impulsar las reformas que en esta triple vertiente, jurídica, de gobernanza y económica requiere nuestro país". Foto: Amapola.
Ignacio Prendes, director de España Juntos Sumamos, reclama un acuerdo político que impulse las reformas que demanda España
El exdirigente de Ciudadanos encabeza una plataforma cívica que busca luchar contra la polarización existente en la sociedad
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12/10/2021 01:00
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Actualizado: 12/10/2021 01:00
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“Hecho el diagnóstico, hay que tomar decisiones y para eso hay que construir una mayoría estable que ayude a impulsar las reformas que en esta triple vertiente, jurídica, de gobernanza y económica requiere nuestro país”, afirma Ignacio Prendes, director de la plataforma cívica España Juntos Sumamos, que acaba de hacer público el informe ‘España y el impacto de la covid-19: estado democrático de derecho, gobernanza y economía’.
El estudio estudio analiza las debilidades y fortalezas de España a través del impacto de la pandemia de COVID-19, que ha supuesto una prueba de fuego para el funcionamiento del Estado de Derecho, en una triple vertiente de gobernanza, jurídico institucional y económica.
En el plano jurídico institucional, el estudio plantea cinco reformas legislativas a fin de adecuar nuestro Estado de Derecho a la nueva situación derivada del Covid-19.
Entre ellas destacan, la reforma la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, la que regula al Tribunal Constitucional, de 1979, para dotarle de más agilidad en temas de pandemia, e incluso la Ley Electoral para gestionar procesos en tiempos de pandemia, parecen necesarias vista la situación actual.
El informe ha sido realizado por Fernando Jiménez, catedrático de Ciencia Política y codirector de la Cátedra de Buen Gobierno e integridad Pública de la Universidad de Murcia, y German Teruel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia.
Junto a ellos también han participado Elisa de la Juez, abogada del Estado y secretaria General de la Fundación Hay Derecho y Carlos Victoria, consultor de protección social y trabajo en el Banco Mundial y research economist en EsadeEcPol.
Ignacio Prendes, director de esta plataforma cívica y exdirigente de Ciudadanos, ha vuelto a ejercer la abogacía y compagina su actividad jurídica con el liderazgo de esta iniciativa creada el pasado mes de junio para superar la polarización que sufre la sociedad española y promover reformas políticas pendientes.
Presentación del estudio en Barcelona. De izquierda a derecha: Toni Roldán, director de EsadeEcPOl; Elisa de la Nuez, secretaria de Hay Derecho; Ignacio Prendes, director España Juntos Sumanos, y Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia.
“El principal problema es la falta de esa mayoría en estos momentos, en un momento en el que otros países han logrado acuerdos en sus parlamentos, pero aquí ha llegado la polarización y la falta de diálogo», apunta Prendes.
Señala que el informe se ha enviado a todas las fuerzas políticas y que tras la presentación del mismo en Barcelona el pasado 4 de octubre, “habrá otra en Madrid el próximo 18 de octubre porque queremos abrir este debate que necesita nuestro país”.
RESPUESTA JURÍDICA Y ESTADO DE DERECHO
“Han pasado casi dos años desde que la pandemia del Covid-19 llegó a nuestro país y no se han hecho reformas legislativas para adaptar el entorno normativo a la nueva situación”, aclara Prendes.
Así, algunos problemas específicos detectados en relación con las medidas adoptadas tienen que ver con cuestiones como la inseguridad jurídica en relación con el marco regulatorio idóneo para adoptar las medidas sanitarias que se entendían necesarias.
Junto a ello, «otro lastre ha sido la judicialización de la gobernanza de la gestión sanitaria y el precario encaje normativo de las autoridades delegadas del Gobierno”.
También los expertos apuntan a la “deslegalización” durante los estados de alarma del régimen jurídico de excepción, que pasó a quedar desarrollado en una multitud de órdenes ministeriales y de otras disposiciones reglamentarias.
Otra cuestión que denuncian es la inadecuada regulación de las prórrogas de los estados de alarma, que permitió una prórroga del tercer estado de alarma por un periodo de seis meses difícilmente conciliable con el espíritu constitucional y la insuficiencia de los contrapesos institucionales para garantizar un efectivo control parlamentario.
Junto a ello, Prendes subraya “el déficit de transparencia en relación con los comités técnicos y sus informes que sirven de base para el establecimiento de restricciones de derechos y libertades de los ciudadanos”.
También en el informe se habla de la falta de claridad normativa en relación con el sistema de adopción de acuerdos en el marco del Consejo Interterritorial de Salud y con la obligatoriedad de sus decisiones.
Durante la pandemia, agrega, “se ha agravado el uso y abuso de los decretos-leyes (desde el 10 de marzo de 2020 hasta el 27 de julio de 2021 se dictaron 49 reales-decretos leyes, a los que habría que sumar los decreto- leyes autonómicos) cuestión que no ha ayudado en la colaboración institucional en las reformas políticas».
CINCO REFORMAS LEGISLATIVAS NECESARIAS
A este respecto, Prendes recuerda que este documento define cinco reformas legislativas necesarias para reforzar nuestro Estado de Derecho.
La primera sería la mencionada reforma de la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio donde se incorporase un subtipo de estado de excepción previsto para afrontar calamidades públicas en el que fuera necesario adoptar medidas suspensivas de derechos fundamentales.
La idea es la de reforzar las garantías institucionales, normativas y jurisdiccionales de los estados excepcionales.
Otra cuestión que se plantea es que ante la convocatoria de un estado de alarma o excepción se reúna un comité científico, compuesto por personas de reconocido prestigio designadas por el Gobierno y por el Congreso, con salvaguarda de las minorías parlamentarias, que deberá asesorar las medidas que adopte el Gobierno. Sus informes y las actas de sus reuniones deberán ser inmediatamente publicados.
Otra norma que debería modificarse es la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de cara a controlar mejor aquellas medidas que puedan socavar derechos fundamentales, tanto a nivel de confinamiento o vacunación obligatoria.
Cuando sea necesario adoptar un régimen general restrictivo de derechos fundamentales habrá que adoptarlo en el marco del Derecho de excepción.
También se contempla la relación con la normativa sectorial autonómica, de acuerdo con las conclusiones del Consejo de Estado en su dictamen de 22 de marzo de 2021 (Expediente 213/2021), esta legislación marco debería aclarar también las posibilidades de desarrollo normativo por parte de las Comunidades Autónomas.
Una tercera reforma seria la de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para desarrollar con mayor claridad el procedimiento de toma de decisiones del seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la naturaleza de sus acuerdos cuando se trate de poderes de coordinación que corresponden al Estado en la gestión de una crisis de salud pública.
Los expertos también contemplan una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional “resuelve asuntos sobre derechos fundamentales muy tarde”, aclara Prendes.
“La idea sería contar con un procedimiento especial que resolviera estos asuntos de forma más rápida, sobre todo a nivel de decretos y acuerdos parlamentarios en relación con la declaración y prórroga de estados excepcionales”, matiza este experto.
En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, Prendes recuerda que «se han suspendido tres procesos electorales por la pandemia sin existir una cobertura legal porque la LOREG no lo contemplaba. No se ha hecho ninguna modificación”.
«El principal problema es la falta de esa mayoría en estos momentos, en un momento en el que otros países han logrado acuerdos en sus parlamentos, pero aquí ha llegado la polarización y la falta de diálogo», explica Prendes.
MEJORAR LA GOBERNANZA DESDE EL DIÁLOGO
Por lo que se refiere a la gobernanza, explica que “en el informe se indica que a diferencia de la gran mayoría de nuestros socios europeos en los que la crisis estimuló amplios consensos políticos para hacerle frente España se distinguió por incentivar la polarización y el desacuerdo entre las fuerzas políticas. Junto a ello se ha observado el excesivo asumido por el ejecutivo en lugar del parlamento”.
Otra debilidad institucional que destaca este estudio es la dificultad de coordinar a las distintas administraciones territoriales y sectoriales con competencias en el esfuerzo de combatir la pandemia.
“Pasamos de una primera fase donde se concentró todo el poder en el Ejecutivo central, la fase siguiente es diferente, el poder central se inhibe y pasa todas sus competencias a las Comunidades Autónomas, creando problemas de coordinación importantes”, destaca Prendes.
Prendes señala que “la crisis ha permitido ver las costuras de nuestros procesos administrativos, lentos, rígidos y burocráticos. Hay organismos que se han solapado y otros han demostrado su ineficiencia”.
A este respecto los ejemplos de la gestión de los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), son un claro reflejo de falta de eficacia como las líneas de crédito a las pyme.
El problema de la gestión, según este estudio, queda claro en el descontrol de la enfermedad en las residencias de ancianos y el elevado índice de mortalidad en las mismas con un 40 % de fallecidos del total que vivían en las mismas. “Hay que cambiar el modelo porque realmente no ha funcionado visto los resultados”.
Junto con esta cuestión, Prendes habla de las fortaleza de nuestro país en este escenario del Covid-19 , “la red sanitaria pública ha permitido tener unos ratios de vacunación mejores de la UE y a nivel mundial. Esto hay que mantenerlo, se necesitan fondos, reformas y profesionalización”.
LA IMPORTANCIA DE LOS FONDOS EUROPEOS
Otra cuestión que Prendes destaca del informe es que el impulso de la Unión para la recuperación será clave. Los Fondos Europeos deben ayudar a esa recuperación, “pero se comprueba con los años el problema histórico de la absorción de los fondos europeos en el periodo 2014-20 solo se ejecutó el 43% del total recibido”.
Para este experto, “en este análisis se señala que es un dato enormemente preocupante que debe empujar a hacer las reformas estructurales oportunas para revertir una situación tan penosa. Es un reto para toda la Administración y la normativa antifraude es necesaria», señala Prendes.
Desde esta perspectiva de gobernanza se plantean distintas reformas sobre varios ejes de actuación
“La primera y una de las claves es buscar un elevado consenso político y la capacidad de inclusión del sistema político para poder actuar colectivamente ante problemas compartidos».
Otra cuestión que considera clave es reforzar la coordinación intergubernamental e intersectorial en el Estado autonómico, donde prime la cooperación entre administraciones locales sin fronteras entre ellas.
Prendes aclara que como tercer elemento es fundamental una revolución en nuestras administraciones públicas que implique, “una mayor profesionalización, la reducción de los niveles de politización de los altos cargos, el desarrollo de la dirección pública profesional (pendiente desde el Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007)».
En el informe también se insiste en la apuesta por desarrollar una estrategia proactiva de integridad que controle la corrupción como elemento clave en la fortaleza de la gobernanza de un país. “No existe dicha estrategia nacional y eso mina la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones públicas. Es una pieza clave”, apunta.
Los expertos de este informe apuestan por el Desarrollo de capacidades para la planificación y la anticipación. “Se trata de desarrollar unidades de análisis de prospectiva en nuestras instituciones públicas con la capacidad suficiente de prever escenarios de futuro y de preparar estrategias de intervención sobre los mismos”.
Otra problemática que se señala en este informe es la necesidad de combatir la desinformación generada por la propia pandemia. “En ese sentido, a diferencia de otros países de nuestro entorno, el Ministerio de Sanidad careció de protocolos para responder a la desinformación”.
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