Fernando de Rosa, senador por el PP, magistrado en servicios especiales –equivalente a una excedencia pero sin perder la antigüedad– y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considera que es muy urgente que se modifique la Ley de Justicia Gratuita para que los abogados del turno de oficio puedan representar a empresas –personas jurídicas– ante los tribunales.
La Ley de Justicia Gratuita fue aprobada en 1996, 14 años antes de que el Parlamento reformara el Código Penal –en 2010–, introduciendo la novedad de que las personas jurídicas pudieran ser igualemente imputadas (artículo 31 bis), como las personas físicas.
Esta «innovación» creó un vacío.
Los abogados y procuradores del turno de oficio están obligados a defender a las empresas investigadas, cuando son designados por los jueces de instrucción, pero no pueden cobrar porque la compensación por dicho trabajo no está contemplada en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
«Nosotros presentamos en el Senado, el año pasado, una proposición de Ley para modificar la Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita para que a las personas jurídicas se les reconociera el derecho a disponer de abogado y procurador de oficio», explica De Rosa.
«Sin embargo, el Gobierno la tumbó alegando que incidía directamente en los presupuestos generales del estado en vigor», añade. «Esta situación no puede soportarse. Dentro de un tiempo habrá macrojuicios con un buen número de empresas imputadas, insolventes, como en el caso de José Luis Moreno. ¿Es lógico que los abogados y procuradores del turno de oficio asuman dichas defensas sin cobrar nada? Nosotros creemos que no. Por lo que vamos a presentar próximamente una moción en este sentido».
De Rosa se reunió el miércoles pasado con representantes de ALTODO, la asociacion de los abogados del turno de oficio, y con el decano del Colegio de Abogados, José María Alonso.
Durante ese encuentro, Alonso le explicó al senador que ya había hecho pública su decisión de no designar a ningún abogado del turno de oficio para ese cometido, de defensa de personas jurídicas, en los órganos centrales –Audiencia Nacional y Tribunal Supremo–, en tanto en cuanto no se encontrara una solución a ese vacío legal.
