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Opinión | Historia de un fiscal general del Estado nocivo
El columnista, Fernando de Rosa, ha sido vicepresidente del CGPJ y presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. En la pasada legislatura fue senador por el PP y presidente de la Comisión de Justicia y en esta es diputado. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
24/3/2024 06:32
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Actualizado: 23/3/2024 22:47
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Álvaro García Ortíz, Fiscal General del Estado, es un fiscal nocivo para la democracia española ya que ha hecho prevalecer su activismo político al cumplimiento de sus obligaciones plasmadas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Este texto en su artículo primero viene a establecer que la fiscalía tiene “por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley” así como “Velar por la independencia de los Tribunales”.
Volviendo la mirada atrás hay múltiples evidencias que ponen de manifiesto la vulneración constante de Álvaro García de sus obligaciones de defensa de la legalidad, sustituyendo el interés público por el personal del gobierno. Así es clamorosa su defensa del prófugo Puigdemont para que no sea investigado por terrorismo en la Audiencia Nacional, consintiendo sin mover un dedo la campaña de desprestigio gubernamental del magistrado García Castellón, lo cual supone colaborar en los ataques a la independencia de los Tribunales y contribuir con su negativa a seguir el juego a los independentistas que acusan a los jueces españoles de prevaricación.
Ha ninguneado a la mayoría de los fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se negaron a seguir sus directrices tras el cambio de opinión del fiscal Álvaro Redondo después de reunirse con él en la sede de la fiscalía.
«Nunca un fiscal puede vulnerar el derecho de defensa porque está obligado a mantener en secreto las conversaciones con la abogacía porque se pone en entredicho la presunción de inocencia»
Pero hay que remontarse a la legislatura pasada cuando el nocivo Fiscal General tuvo su intervención más indigna en la vulneración de los derechos de los ciudadanos, cuando intentó por todos los medios posibles blanquear la ley del sí res sí permitiendo la salida de violadores y pederastas causando un gran escándalo al dictar instrucciones a los fiscales para la protección de las tesis del gobierno, a pesar de que era consciente de los efectos perversos de la ley y el dolor que causaba a las víctimas.
Esa sumisión indigna al gobierno en vez de a la ley, le valió que fuera declarado inidóneo para el cargo de Fiscal General en un informe demoledor del CGPJ. Pero en vez de reconocer su militancia, atacó al órgano de gobierno del Poder Judicial desautorizándolo, empleando la argumentación del gobierno de que no había sido renovado por lo que no debía ser escuchado.
El pasado enero se enfrentó al Consejo Fiscal para evitar que se pronunciara sobre la ley de amnistía, de nuevo vulnerando su obligación de defender el principio de legalidad y la constitución que le obliga el artículo anteriormente citado del estatuto orgánico, también ha desoído la petición del Senado, órgano constitucional, que por dos veces le solicitó informe sobre la ley de amnistía del gobierno.
DESVIACIÓN DE PODER
Por otra parte ha sido condenado por el Tribunal Supremo por “desviación de poder” cuando promocionó a su amiga Dolores Delgado a sabiendas de su no idoneidad, también ha sido condenado hace escasos días por vulnerar los derechos del Fiscal Stampa al negarle acceder a la documentación que le afectaba en un expediente disciplinario.
En la carrera fiscal la indignación es total y existen múltiples denuncias por el sectarismo en los nombramientos así como por la persecución contra los fiscales que tienen criterios diferentes a los suyos, no hay que olvidar el lamentable enfrentamiento con el fiscal Vicente González que se negó a declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco en una clara muestra de persecución.
En los últimos días Álvaro García ha protagonizado el penúltimo servicio al gobierno socialista desvelando las conversaciones de la fiscalía con abogados en base al protocolo de conformidades que siempre son confidenciales, porque durante las conversaciones se puede reconocer hechos sensibles que su revelación pueden contaminar el proceso penal.
Todas las miradas se dirigen a Álvaro García sobre todo por la sospecha de si esta revelación de secretos confidenciales se han hecho con la finalidad de tapar la presunta corrupción derivada por el saqueo de dinero público por parte de dirigentes socialistas en la compra de material sanitario durante la pandemia, desvelando secretos de un particular en este caso la pareja sentimental de la presidenta Ayuso.
Estoy convencido que a estas alturas Álvaro García estará arrepentido de este servicio a Sánchez sobre todo leyendo el artículo 199 del Código Penal, y la denuncia interpuesta por la Abogacía madrileña.
Independientemente del caso que afecta a dicho particular, nunca un fiscal puede vulnerar el derecho de defensa porque está obligado a mantener en secreto las conversaciones con la abogacía porque se pone en entredicho la presunción de inocencia, fundamental en un estado de derecho, postura que de forma inteligente ha mantenido la Fiscal superior madrileña Almudena Lastra al mandar un correo en que se desvinculaba de esta maniobra dirigiendo el dedo a Álvaro García .
La vulneración de este derecho, sagrado en democracia, ya provocó la condena de Baltasar Garzón y su expulsión de la carrera judicial, sombra que va a perseguir a Álvaro García durante estos meses.
Así pues la condición de inidóneo como Fiscal General del Estado de Álvaro García está acreditándose día a día, e irá aumentando hasta que dimita o sea cesado, puesto que se cimenta en sus nombramientos declarados por el Tribunal Supremo como “desviación de poder”, la vulneración del derecho sagrado de defensa por el que le acusa la abogacía, la condena por negar la posibilidad de conocer documentos relevantes a fiscales sometidos a expedientes disciplinarios, el desprecio al consejo fiscal y a la junta de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo, su insensibilidad con el dolor de las víctimas en la ley del sí es sí, la no defensa del Poder Judicial frente a los ataques del independentismo y sobre todo por su sumisión constante al gobierno.
Su historia es muy poco edificante en democracia.
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