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Opinión | Un fiscal general del Estado no idóneo
El columnista, Fernando de Rosa, diputado por el PP, explica las razones por las que cree que el fiscal general del Estado propuesto por el Gobierno no es idóneo para seguir ocupando ese puesto. Foto: Confilegal.
24/12/2023 06:34
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Actualizado: 25/12/2023 00:57
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Sinceramente, pensaba que el señor García Ortiz, Fiscal General del Estado en funciones, no aceptaría su designación tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo que afirman que incurrió en desviación de poder y tras el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le declara como no idóneo, por primera vez en la historia judicial.
De los mismos, se deduce que no es la persona que reúne las condiciones para cumplir con las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado, ya que difícilmente podrá promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, proteger los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales procurando ante estos la satisfacción del interés social, como establece el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El informe del CGPJ es demoledor al basar su falta de idoneidad en: razones de deficiente legalidad en la gestión administrativa de la Fiscalía; razones de deficiente transparencia en los nombramientos discrecionales; razones de deficiente dirección para el correcto funcionamiento procesal de la Fiscalía y razones de falta de amparo de la carrera fiscal en garantía del principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones.
Ya en el informe del Consejo General del Poder Judicial, en relación con su primera designación de fecha 21 de julio de 2022, contó con el voto en contra de 7 vocales que apreciaban riesgo en la falta de independencia en sus decisiones.
No comprendo cómo al señor García Ortiz no le preocupa que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala del Tribunal Supremo que realizó el Gobierno en octubre de 2022.
UN FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUE COMETIÓ DESVIACIÓN DE PODER
En dicho nombramiento el alto Tribunal ha considerado que hubo “desviación de poder” y que la única finalidad de esta designación era ascender tras dejar el cargo de Fiscal General.
En vista a la declaración de su falta de idoneidad y su actuación en desviación de poder, puesto de manifiesto por el órgano del Poder Judicial y el máximo órgano de la justicia en España, no se entiende cómo no le ha hecho recapacitar.
El Consejo de Europa destaca que es fundamental que la labor de la Fiscalía sea y parezca imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia de naturaleza política.
Pues bien, tras el informe y la sentencia referidos, queda de manifiesto que su nombramiento no se ajusta a estos parámetros europeos, ya que sus actuaciones no son imparciales, objetivas y no están libres de influencia política, e incluso podrían ser consideradas como fruto de nepotismo.
El señor García Ortiz no ha explicado porqué tras la nulidad del nombramiento de su antecesora como fiscal de Sala y habiendo sido designada como fiscal jefe de derechos humanos y memoria democrática histórica y siendo aquella categoría condición para esa designación, no la ha cesado aún.
Sobre todo, ha de explicar ¿por qué mantiene en el desempeño de un puesto de tan relevante trascendencia a quien no reúne las condiciones necesarias para ello? Actuaciones de este tipo solo sirven para dar razones a aquellos que ven con inquietud su nombramiento, como se ha puesto de manifiesto por distintas asociaciones de fiscales, e incluso la asociación mayoritaria ha pedido su dimisión.
NO SE HA EXPLICADO SOBRE LA PERSECUCIÓN DE LOS 430 DE ETA PENDIENTES DE ESCLARECER
No solamente estos motivos, en sí mismos transcendentales, hacen que el señor García Ortíz no pueda ser considerado idóneo para ser Fiscal General del Estado, sino también porque no ha explicado la postura que va a adoptar en la persecución de los 430 asesinatos de ETA pendientes de esclarecer, ahora que se está blanqueando desde el Gobierno a aquellos que colaboraron con esta banda asesina.
No se ha pronunciado sobre la solicitud de creación de una fiscalía especial para la investigación de actos que supongan enaltecimiento del terrorismo, la violación de los derechos de las víctimas y la convocatoria de actos que inciten a su desprecio o humillación.
Son muchos los crímenes de terrorismo que todavía están siendo investigados o pendientes de investigación, y es preciso que, en todo momento, la legislación procesal penal tenga presente la necesaria protección de los derechos e intereses de las víctimas.
CORRUPCIÓN
Tampoco se ha pronunciado, de forma suficiente, sobre el retroceso en la lucha contra la corrupción en España tras la rebaja de las penas al delito de malversación efectuado por el Gobierno, el mismo que ahora le propone para ocupar el cargo, y que ha motivado que Bruselas estudie si la nueva figura de la malversación viola las reglas antifraude, así como la denuncia que efectuó el fiscal Anticorrupción afirmando que las últimas reformas del Gobierno son regresivas y favorecen a los corruptos. Ahora es el momento que se pronuncie, sobre todo, cuando la proposición de ley orgánica de amnistía del Gobierno anula delitos de corrupción y de terrorismo.
Otro fracaso de su actuación en la etapa anterior fue el decreto de Fiscalía de 21 de noviembre de 2022 para la interpretación de la llamada ley del “sí es sí”, que, sin duda, fue un intento de blanquear los efectos perniciosos de la misma y que no se tuvo en cuenta el artículo 24 y 9 de la Constitución y el artículo 2.2 del código penal.
Su posición fue rechazada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por ir contra el principio constitucional de la tutela judicial efectiva y la retroactividad de las leyes penales que favorezcan a los reos.
Además, dicha ley fue reformada por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril y no precisamente en el sentido que se ordenaba en dicha circular.
Esta posición progubernamental causó indignación en las víctimas de estos delitos que veían como salían a la calle violadores y pederastas y el Fiscal General del Estado no tenía en cuenta la posibilidad de que la ley produjera los efectos que fueron puestos de manifiesto por el CGPJ y el Consejo de Estado.
NO ES IDÓNEO POR SU TIBIEZA EN RESPONDER A LOS ATAQUES SUFRIDOS POR JUECES Y FISCALES
Igualmente, el señor García Ortiz no es idóneo por su tibia respuesta ante los ataques que está recibiendo el Estado de Derecho desde el gobierno de coalición y sus socios parlamentarios.
En los últimos meses, la Fiscalía y el Poder Judicial han sido sometidos al ataque más furibundo que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial democrática.
Estos ataques son contra miembros de la carrera fiscal, magistrados y jueces que han intervenido en los procedimientos que investigaban, juzgaban y condenaban a delincuentes por graves delitos relacionados con el golpe contra la Constitución del 1 de octubre de 2017, tanto por hechos anteriores, coetáneos como posteriores al mismo.
«El señor García Ortiz no es idóneo, ha sido declarado que actúa con desviación de poder, no defiende la independencia del poder judicial y se ha convertido en el abogado defensor de las leyes arbitrarias del Gobierno»
Su tibieza ha motivado el rechazo de la casi totalidad de los fiscales de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en fecha 21 noviembre 2023 le dirigieron un escrito mostrando su decepción y preocupación por esa falta de amparo, escrito al que se adhirieron varias juntas de fiscales de toda España.
Es muy grave que se esté acusando a fiscales y jueces de actuar dentro de una guerra sucia judicial, se les acusa de “lawfare”, y el defensor del principio de legalidad no sea rotundo en denunciar estos ataques, haciendo un seguidismo vergonzante de la política gubernamental de no molestar a sus socios parlamentarios.
Lo sorprendente es que en defensa del poder judicial el señor García Ortiz va arrastrando los pies, pero en reclamar las causas que pudieran verse afectadas por la futura ley de amnistía, sí que se ha dado prisa, creando cierto caos en la Fiscalía de Cataluña, lo cual supone de una forma indirecta posicionarse a favor de la ley.
Sin duda, esa es la forma de actuar del señor García Ortiz ya que actuó con la misma prisa en la ley del “sí es sí”, con el resultado por todos conocido. Un candidato a Fiscal General del Estado debe tener presente que es el defensor del principio de legalidad y que le corresponde proteger el Estado de Derecho y no al gobierno.
Es necesario que la Fiscalía lleve ante la justicia a los instigadores de esta campaña por delitos de odio, ya que no es libertad de expresión, son actos contra la independencia judicial y actos de amenazas.
Debe cumplir con el mandato del artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En resumen, el señor García Ortiz no es idóneo, ha sido declarado que actúa con desviación de poder, no defiende la independencia del poder judicial y se ha convertido en el abogado defensor de las leyes arbitrarias del Gobierno.
Por lo que no debe de aceptar el cargo propuesto por el Gobierno, por el bien de la Fiscalía y de su prestigio.
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