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La ministra de Justicia sigue sin acertar

Fernando de Rosa Torner
La ministra de Justicia sigue sin acertar
El senador por el PP, Fernando de Rosa, critica la gestión de la Administración de Justicia de la titular del ramo, Pilar Llop.
28/12/2022 06:46
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Actualizado: 29/12/2022 10:12
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Tras el terremoto que ha supuesto la aprobación en el Senado, un negro jueves 22 de diciembre, de la derogación del delito de sedición y la rebaja de la pena a la corrupción, han pasado desapercibidos los presupuestos del Ministerio de Justicia que dirige Pilar LLop y sus consecuencias negativas para este servicio público esencial en un Estado de Derecho.

El presupuesto del Ministerio de Justicia para 2023 puede ser definido como decepcionante dentro de la poca ambición que ya fue la característica en el presupuesto del año 2022.

Las cuentas presentadas no suponen avance alguno en la puesta en marcha de nuevas iniciativas modernizadoras de una Administración tan necesitada de una apuesta de mejora.

Una pregunta que hicimos al Ministerio y que no supieron contestar es ¿dónde está la inversión prevista para la aplicación de las leyes de eficiencia? Lo cual acredita que la propuesta estrella de la ministra Llop son en una realidad unas leyes “fake”, sin recorrido claro.

Es necesario repasar la situación de los distintos colectivos:

Las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia acusan al Ministerio de no cumplir lo que se comprometió por escrito. ¿Cómo quieren que sus presupuestos sean creíbles sin resolver el conflicto con los letrados de la Administración de Justicia?

La ministra ha de ser consciente que va a ser responsable de que se pare de nuevo la actividad judicial por su incapacidad de cumplir la palabra dada.

También existe  la amenaza de huelga de  los funcionarios de la Administración de Justicia, manifestándose tanto a las puertas del Ministerio como en los centros de trabajo. ¿Cómo van a impulsar una nueva organización judicial  sin negociar con los funcionarios de la Administración de Justicia?

La realidad es que el Defensor del Pueblo ha admitido la queja del CSIF contra la imposición del nuevo modelo organizativo de la Justicia sin negociación con los empleados públicos.

No puede entenderse el empeño del Ministerio en colapsar esta administración, ya que la ministra Llop parece cómoda en el conflicto al negarse a negociar con aquellos que van a tener que poner en funcionamiento las leyes de eficiencia, tanto organizativa, procesal, como la futura digital.

También los jueces y fiscales han manifestado su preocupación ante la mínima creación de plazas fiscales y judiciales, así pues, tanto las asociaciones de fiscales como de jueces están dando la alarma sobre el agujero que se avecina en las plantillas debido a que un tercio de jueces y fiscales se  jubilarán en los próximos años.

Es muy preocupante que solamente se presupuesten 70 unidades judiciales y 70 unidades fiscales, en un año en que la preocupante situación económica hace prever un aumento de la litigiosidad.  Así pues, por ejemplo, son necesarios más juzgados mercantiles, ya que  el total de concursos ha aumentado un 30 % en el último trimestre del presente año.

También es decepcionante que solo se prevea la creación de 200 plazas  judiciales y fiscales. Hay que recordar que en los últimos Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular en 2018  se ofertaron 300 plazas.

Además es sorprendente la política de la ministra Pilar Llop en materia de violencia de género. Así, en la Comunidad Valenciana, mediante el Real Decreto 954/2022, publicado en el BOE el pasado 15 de noviembre, han suprimido la competencia en esta materia en 8 partidos judiciales de la Comunidad Valenciana.

RECORTES

Así, en la provincia de Valencia los partidos judiciales de Carlet, Xativa, Quart de Poblet, Moncada, Picassent y Catarroja dejarán de tener competencia en violencia de género siendo atribuidas a otros partidos judiciales, dándose el caso que habrá mujeres que tendrán que desplazarse hasta 62 kilómetros para recibir un servicio que hasta ahora lo recibían de forma próxima.

No es comprensible que la ministra esté haciendo recortes en una materia tan sensible como es la lucha contra la violencia de género. Es indignante que tras la ley del «solo sí es sí» que está dejando en la calle a violadores y pederastas se unan recortes en la lucha por la dignidad de la mujer.

En cuanto a la dotación prevista para la asistencia jurídica gratuita sigue siendo insuficiente. ¿Cómo el Ministerio puede proponer un proceso eficaz sin resolver el conflicto con los abogados del turno de  oficio  o reformando del sistema de asistencia jurídica gratuita que permita el acceso al mismo de las personas jurídicas?

También es necesario que se cambie el índice al que está referenciado el acceso a la justicia gratuita desde el IPREM al salario mínimo interprofesional. Enmienda que ha presentado el grupo popular y  que ha sido rechazada sin dar más explicaciones.

Es verdad que ha sido muy importante para abogados, procuradores y graduados sociales que se aprobara la inhabilidad de los días 24 de diciembre hasta el 6 de enero del año siguiente, pero ni siquiera estaba consignada esta medida en los presupuestos sino que la ministra utilizó una disposición adicional que se añadió al texto de la proposición de ley de reforma de la malversación y la derogación de la sedición, muy mala compañía para una medida de conciliación.

¿Por qué la ministra no utilizó otra ley? Aparte de lo inadecuado del procedimiento también debió aprobarse con anterioridad para que los profesionales no tuvieran que esperar hasta el día 22 de diciembre para saber si podían descansar durante dicho periodo navideño.

Además, no recoge otra reivindicación histórica consistente en la suspensión de los señalamientos por razones de salud hasta recibir el alta, reforma que habrá que esperar hasta que se apruebe la ley de agilización procesal, si se aprueba, añadiendo una nueva incertidumbre a los profesionales.

No  solo presentan un presupuesto insuficiente, siendo incapaces de ejecutarlo. En el extracto de las estadísticas de ejecución del presupuesto de 2022, queda patente que existe una clara ineficacia a la hora de ejecutar el presupuesto por parte del  Ministerio de Justicia

Además, en 2023 hay proyectos importantes en las cinco comunidades autónomas del territorio Ministerio que apenas prevén una inversión de 100.000 euros, postergando a futuros ejercicios las inversiones más importantes. Por ejemplo, dos inversiones fundamentales: la Ciudad de la Justicia de Valladolid y la de Cartagena

Con estos presupuestos la ministra está dejando a la Justicia sin los medios e instrumentos necesarios para proteger adecuadamente los derechos de los ciudadanos y garantizar un correcto funcionamiento de este servicio público.

Pero consigue su verdadero objetivo que es continuar en la Moncloa un año más aunque sea a costa del Estado de Derecho

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