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Opinión | 46 años de Constitución
El autor de la columna, Fernando de Rosa, es diputado por el PP y magistrado en servicios especiales. Foto: Confilegal.
06/12/2024 05:37
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Actualizado: 06/12/2024 00:35
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Este día 6 de diciembre estamos celebrando los 46 años de nuestro texto constitucional. Así en un día como hoy los ciudadanos no podemos olvidar que los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho son: La Constitución de 1978 y la Monarquía parlamentaria, ambas instituciones fruto del consenso y respetadas por los ciudadanos durante décadas, que han posibilitado la alternancia política pacífica entre los dos bloques ideológicos mayoritarios en España, el centro-derecha y el centro-izquierda.
La denominada “Crisis Constituyente”, acuñada desde la factoría de “bulos” de la Moncloa, no es más que la excusa que se quiere utilizar para quebrar los equilibrios políticos de España y lograr la ruptura tan ansiada por los movimientos radicales que desde la década de los años treinta del siglo XX han intentado poner en práctica en nuestro país.
Para ello poco a poco la idea de anormalidad democrática se va posicionando para derribar los cortafuegos que se crearon en la transición para evitar precisamente la carcoma radical: La Corona y la Constitución.
Como decía Peter Drucker, considerado como el padre de la moderna sociedad del conocimiento, “Los motores del populismo son la envidia y el odio”.
Por eso, no debemos aceptar que en España se imponga la idea de que estamos en una “Crisis Constituyente”, porque lo que encierra esa frase es una propuesta de fractura social.
Un Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una Constitución, la cual es el fundamento jurídico máximo de las autoridades, funcionarios y ciudadanos, que se someten a las normas de ésta.
En un Estado de Derecho las leyes organizan y fijan límites de derechos y toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público.
Con carácter general el artículo 1 de la Constitución de 1978 viene a configurar que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
De este artículo se deriva lo establecido en el 9.1, al disponer que nadie está al margen de la ley y que todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Igualmente el artículo 103.1 subraya claramente que la Administración pública está sometida a legalidad, de manera que, si no cumple con esa necesidad de actuar dentro de la ley, los órganos jurisdiccionales deben controlar la legalidad de su actuación.
ATAQUE CONTRA EL PODER JUDICIAL
Por eso es necesario denunciar que el Gobierno está contraviniendo la Constitución con el ataque más vergonzoso que se ha producido contra el Poder Judicial en periodo democrático.
De nuevo el Partido Socialista, en esta ocasión aliado con sus socios radicales y de extrema izquierda quiere aplastar a la Justicia para someterla a sus dictados. Estamos a un paso de volver a la época franquista en la que no existía un órgano que garantizara la independencia de Jueces y Magistrados, realizando los nombramientos de los cargos judiciales directamente el Gobierno.
A este ataque a la independencia judicial se une la política penitenciaria de este gobierno, dirigida por Marlaska que se ha convertido en una pieza más para cimentar los pactos que permiten a Sánchez seguir en el poder, sin tener en cuenta el dolor de las víctimas que solo exigen dignidad y Justicia.
También hay que denunciar el desprecio a nuestro texto constitucional cuando desde el gobierno se consiente el ataque frontal contra nuestros sentimientos nacionales amparándose en un mal entendido derecho a la libertad de expresión, porque nunca la expresión puede ser libre para incitar el odio y provocar el enfrentamiento , ese es el límite que el Tribunal Constitucional ha marcado para el ejercicio de los derechos.
Es necesario denunciar la propuesta efectuada por los socios de Pedro Sánchez de despenalizar los delitos de injurias a la Corona y los ultrajes a España , es doloroso ver como el Gobierno socialista ha apoyado de forma entusiasta dicha propuesta, mientras amordaza las propuestas efectuadas por la oposición impidiendo que se tramiten proposiciones de ley, peticiones de información , preguntas y mociones.
En un Estado Social y Democrático de Derecho los ciudadanos y los poderes públicos deben colaborar y trabajar por una convivencia en paz basada en el respeto a la ley y a las decisiones judiciales.
En este contexto es clave el papel que están llamados a desempeñar los representantes públicos y los partidos políticos. Con sus actuaciones deben ser leales a la Constitución y a toda la ciudadanía, sin que por acción u omisión se amparen legitimen o se protejan conductas tendentes a romper el orden constitucional.
Por eso está más vigente que nunca la frase de Martin Luther King que ponía de manifiesto que lo peor de las crisis no eran las acciones malas o las decisiones mal tomadas sino “el silencio de los buenos”.
Esta frase la tenemos que recordar sobre todo en estos momentos de grave desconcierto, para evitar que nuestro silencio sea interpretado como aceptación de algunas propuestas que los radicales negacionistas de nuestra Constitución quieren imponer por la puerta de atrás. Por eso hoy más que nunca: “Viva la Constitución”.
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