El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha afirmado que su corporación no va a designar abogados del turno de oficio a requerimiento de los jueces de los órganos centrales –principalmente la Audiencia Nacional– para asistir a personas jurídicas si no se garantiza que el letrado cobre por su trabajo.
Y ello, porque las empresas, según la normativa actual, no tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita.
«No vamos a designar abogados a los que no se les pague. Y si este decano tiene que asumir algún tipo de consecuencia la asumiré, pero no puedo permitir eso».
Así se ha manifestado durante una entrevista en el programa radiofónico ‘Legales en las ondas’, que dirige y presenta Armando Pérez.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en el Código Penal, artículo 31 bis, con la reforma de 2010 y fue, posteriormente, actualizado en la reforma de 2015.
Desde entonces, los tribunales pueden sentar en el banquillo a las empresas por los delitos que hayan cometido, pero ¿qué sucede si la empresa no puede designar un abogado porque es insolvente y no tiene capacidad para ello?
Los Colegios de Abogados tienen la obligación de designar uno de oficio, porque así lo ordenan los jueces.
Pero se da la circunstancia de que las personas jurídicas, las empresas, no tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, por lo que los abogados, si hacen este servicio, no tienen cobertura legal para cobrar.
La situación se hace más dramática cuando se trata de casos que van a convertirse en macrojuicios que van a durar semanas o meses.
Y es que, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, promulgada en 1996 –14 años antes de la reforma del Código Penal de 2010– contempla, en su artículo 2, dos excepciones para las personas jurídicas: las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente.
Esto ha sido solventado en algunas Comunidades Autónomas con competencias transferidas, como País Vasco, Navarra y Madrid, mediante unos convenios que facilitan el pago, pero no sucede lo mismo en el territorio ministerio de Justicia, que es el caso de los órganos centrales: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Juzgados Centrales.
De ahí, el posicionamiento del decano del ICAM, que ha hecho de la defensa de los abogados del turno de oficio una de sus principales banderas de defensa.
LO HA ADVERTIDO A LOS JUECES
«Ya se lo he manifestado a la Sala de lo Penal del Supremo, de la Audiencia Nacional, al Juzgado Central de Instrucción…, que no vamos a designar abogados a los que no se pague», afirmó Alonso.
En estos momentos «estamos recibiendo requerimientos de los órganos centrales y la contestación es que el Colegio no va a designar porque no se puede obligar a nadie a trabajar gratis, sobre todo cuando además los temas que entran en los juzgados centrales son macrojuicios. Es que se carga su despacho y encima no le pagan».
El decano del ICAM aseguró que este asunto ya lo ha tratado con la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que le entregó el Convenio sobre esta materia suscrito con la Comunidad de Madrid.
En el mismo contempla una partida presupuestaria para la asistencia a personas jurídicas en los juzgados de instrucción y de lo penal.
Mientras la situación siga igual, el posicionamiento del ICAM es el que ha avanzado su decano, aunque reconoce que está convencido de que «se va a acabar solucionando».
Precisamente, esta es una de las reivindicaciones de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), su presidente Juan Manuel Mayllo Martínez, también presente en la entrevista al decano del ICAM, ha comentado que el Colegio tiene todo el apoyo de su asociación.
«Tendrás todo nuestro apoyo porque es algo que ALTODO siempre ha solicitado. Estamos hablando de macrojuicios, causas que pueden durar meses y dejan el despacho del letrado al que se le asigne paralizado, porque no puede dedicarse prácticamente a otra cosa y si los baremos son bajos, pues esto es aun más bajo, porque no va a cobrar absolutamente nada», ha afirmado Mayllo.
