Instituciones Penitenciarias cesa a la subdirectora de la cárcel de Villena (Alicante) detenida por falsear amenazas y una supuesta agresión

Instituciones Penitenciarias ha cesado a la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena (Alicante) detenida el pasado martes por supuestos delitos de denuncia falsa y simulación del delito tras asegurar a principios de septiembre que varios encapuchados la habían golpeado a la salida de su casa y que había recibido amenazas para que tuviera la «boca cerrada». 

Fue arrestada en la operación ‘Silencia’, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villena, y reconoció ante la Guardia Civil la falsedad de los mensajes amenazantes que dijo haber recibido en su teléfono móvil, aunque mantuvo que sí fue agredida y amenazada por encapuchados a la salida de su domicilio, en Benidorm. Tras la toma de declaración, el miércoles quedó en libertad, y ayer fue cesada del cargo.

Además, se le incoará el correspondiente expediente disciplinario «una vez conste la comunicación oficial sobre la situación procesal», según ha informado Instituciones Penitenciarias.

La investigación continúa abierta para esclarecer este asunto en su totalidad. 

Según fuentes del caso, los investigadores de la Guardia Civil dudaron desde el primer momento del relato de la subdirectora. Este extremo se confirmó tras la toma de declaración, cuando reconoció la falsedad de unos mensajes que se habían mandado desde otro teléfono ubicado en el domicilio de la denunciante.

La supuesta agresión de encapuchados denunciada por la ya exsubdirectora se relacionó con la supervisión que esta debía realizar sobre una investigación anterior en torno a la reducción que practicaron en agosto tres funcionarios de prisiones del mismo centro, usando las defensas de goma, a un preso.

Los hechos dieron pie a una investigación judicial por las amenazas que supuestamente recibió esta responsable en su teléfono móvil -que aseguró que se lo habían robado- a raíz de la revisión de las cámaras de seguridad por el citado incidente en una reducción a un preso el 16 de agosto, con la implicación de tres funcionarios.

Como subdirectora de seguridad era la persona que tenía la competencia en la custodia de estas imágenes, dentro de una investigación en la que declaró ante la inspección del centro penitenciario. Según su relato, días después de esto, asaltantes encapuchados la golpearon y la amenazaron con que mantuviera «la boca cerrada».

El preso que sufrió la reducción investigada por el supuesto exceso de fuerza aplicado por parte de funcionarios de prisiones protagonizó después otro incidente en el que hirió en el cuello con un objeto cortante al jefe de servicios de la cárcel de Cuenca, según han denunciado los sindicatos. 

Tras la denuncia de la subdirectora, se celebró una concentración en su apoyo a las puertas de la cárcel alicantina, en la que participó el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien afirmó que la denunciante era «una profesional íntegra» y que tenía «muy claro cuál debe ser la actuación de un funcionario público». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también mostró su respaldo a esta trabajadora, a la que definió como «una verdadera funcionaria».

El PP ha pedido la comparecencia de Marlaska ante la Comisión de Interior del Congreso por estas palabras y por la apertura de expedientes a los trabajadores penitenciarios afectados.

LA AFPF: ‘NO SOMOS MAFIOSOS NI MALTRATADORES’

«Como bien dice el refranero español con la expresión «Tapar el Sol con un dedo», esto es lo que se ha pretendido desde hace meses por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) en una campaña irresponsable, interesada y de absoluto desprecio contra la profesionalidad de los 24.000 trabajadores penitenciarios, con la única intención de intentar tapar la incapacidad de gestionar de Ángel Ortiz las Instituciones Penitenciarias», ha denunciado la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). 

«Utilizada e instrumentalizada la supuesta agresión desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se realizó por primera vez en la historia de prisiones un llamamiento unilateral de protesta, sin contar con las organizaciones sindicales, con la única intención de dividir y dejar en mal lugar una vez más a nuestro colectivo», agrega. 

Esta asociación ha mostrado su apoyo «sin fisuras» a la labor de los funcionarios del centro penitenciario de Villena. «No somos mafiosos ni somos maltratadores», subraya el presidente de la APFP, Francisco Llamazares, y exige respeto a su profesión, a la dignidad de los funcionarios de prisiones y relevancia en la toma de decisiones del colectivo.

La APFP ha solicitado por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese y destitución del ministro del Interior, así como el cese y nombramiento de un nuevo equipo directivo al frente de la Secretaría General de Prisiones en un tiempo razonable, que afronte una nueva etapa en condiciones de ofrecer soluciones eficaces y de mayor transparencia, dignificando la excelente labor profesional de la que siempre han sido ejemplo sus trabajadores». 

Además, ha anunciado que se personará en las actuaciones judiciales que se lleven a cabo «como consecuencia de la denuncia y simulación de delito por la exsubdirectora de seguridad de Villena a los efectos de que se depuren todas las responsabilidades».

Esta asociación manifiesta que como consecuencia de «una irresponsable e interesada campaña» contra el colectivo, se ve en la necesidad de recordar que la actuación profesional de los funcionarios de prisiones se enmarca sin ninguna fisura dentro de la «legalidad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos de las personas privadas de libertad y de los derechos humanos».

«Cumplimos nuestra misión de afrontar situaciones de alta conflictividad, y de grave riesgo para nuestra vida, con la profesionalidad que nos ha caracterizado siempre, basada en los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y en defensa del orden y la seguridad en el interior de los recintos penitenciarios», remacha.

La APFP hace hincapié en que «el ruido mediático con titulares como ‘Agresión mafiosa a la subdirectora de la cárcel de Villena la víspera de su declaración contra tres funcionarios que maltrataron a un interno’ no puede poner en duda la encomiable labor de todos» los que
mantienen el sistema penitenciario, pues «la buena praxis, la implicación y el esfuerzo personal y colectivo supera la escasez de personal, y no puede ser puesta en tela de juicio desde el desconocimiento y la parcialidad».

Asimismo, la APFP pide un “pacto de Estado” con todos interlocutores políticos para poner fin a la dramática situación de las agresiones contra los funcionarios de prisiones. Reclama que la administración penitenciaria, el Ministerio del Interior y el Parlamento doten y pongan a disposición de estos trabajadores todos los medios legales y materiales «para garantizar su principio de autoridad, como única solución para que impere la seguridad, la convivencia y el respeto entre los miles de internos a su cargo».

«A pesar del desconocimiento de nuestra labor para una parte de la sociedad, somos servicios esenciales que trabajamos con y para en beneficio de los reclusos. No podemos seguir siendo el disparadero, blanco último de acusaciones, directas o veladas desde una Administración que no nos quiere», concluye.