Impulso Ciudadano denuncia que solo el 13,4% de los ayuntamientos catalanes cumplen la normativa de símbolos
Esta asociación considera imprescindible que los fondos públicos estatales, autonómicos y europeos se condicionen al cumplimiento de la normativa en materia de símbolos.

Impulso Ciudadano denuncia que solo el 13,4% de los ayuntamientos catalanes cumplen la normativa de símbolos

Según un estudio que ha realizado, de los 947 municipios catalanes, sólo 127 son respetuosos con la normativa de símbolos, es decir, sólo el 13,41% exhiben las banderas de España y de Cataluña
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24/11/2021 10:45
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Actualizado: 24/11/2021 10:45
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La asociación Impulso Ciudadano denuncia que solo el 13,4% de los ayuntamientos catalanes cumplen la normativa de símbolos. Así se desprende de un estudio que ha llevado a cabo esta asociación. Acredita esta denuncia con 950 fotografías de las fachadas de 947 consistorios de Cataluña, que ha tomado recientemente.

Las puede ver pinchando aquí. Constan en un detallado informe realizado por Impulso Ciudadano, y que elevará a las instancias competentes y les solicitará que se vincule el acceso a fondos públicos al cumplimiento de la ley.

Según advierte esta asociación, presidida por José Domingo Domingo, de los 947 municipios catalanes sólo 127 son respetuosos con la normativa de símbolos. Es decir, sólo el 13,41% exhiben las banderas de España y de Cataluña.

Informa que la bandera española está colgada en el 16% de los ayuntamientos, mientras que la bandera catalana, en el 58%, y en el resto de consistorios ambas banderas oficiales están ausentes.

José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, es letrado de la administración de la seguridad social y exdiputado en el Parlamento de Cataluña.

Asimismo, revela que en los municipios con una media de 35.500 habitantes la presencia de la bandera española es del 69%, y en los que tienen una media de 11.990 habitantes la presencia de la catalana es del 85%.

Otra de las conclusiones de este estudio, es que el incumplimiento de la ley ocurre en 315 de los 340 ayuntamientos gobernados en solitario por Junts, en 267 de los 281 gobernados por ERC, en 77 de los 84 gobernados por Independientes, en la totalidad de los 14 de la CUP, y en 4 de los 5 en manos de En Comú.

Se da la circunstancia de que esto también ocurre en 33 de los 64 gobernados por el PSC. Gobierna en solitario en 64 municipios y en la mitad de ellos tampoco cumple. Solo hay dos ayuntamientos que respetan los símbolos oficiales y son los gobernados por el PP.

Impulso Ciudadano llevó a cabo este estudio con la finalidad analizar la presencia o ausencia de las banderas oficiales de España y de Cataluña en las fachadas de los ayuntamientos catalanes, así como identificar la existencia de otros elementos que puedan tener connotaciones partidistas. Destaca que «es notorio que determinadas formaciones políticas y cívicas han promovido campañas contrarias a los símbolos españoles y fomentado la exposición de lemas o distintivos separatistas o relacionados con el proceso independentista».

La generalización de estas conductas irregulares por parte de los ayuntamientos llevó a esta asociación a examinar el estado de las fachadas de los ayuntamientos entre los meses de julio y octubre de 2021. Con este motivo, miembros de la entidad han fotografiado los exteriores de los ayuntamientos de Cataluña.

Impulso Ciudadano concluye que los datos que se presentan en este informe son «muy preocupantes», pues ponen de manifiesto «la voluntad de hacer desaparecer los símbolos constitucionales de España en Cataluña, incluida la señera, ausente en muchas fachadas de casas consistoriales». «Y más preocupante es la presencia de la bandera estelada y de otra simbología nacionalista», agrega, para señalar que «es también síntoma de la situación de desafío al Estado constitucional la presencia de la bandera estelada y de otra simbología nacionalista en muchos de los consistorios municipales».

El objetivo de Impulso Ciudadao con este trabajo es denunciar la situación actual y tratar de «evitar el enquistamiento de un conflicto que puede ir a mayores». Por eso, cree imprescindible que los equipos de gobierno de las corporaciones públicas asuman sus obligaciones institucionales. «Que las autoridades deben dar cumplimiento a las normas no puede ser objeto de discusión. Están obligadas a respetar la simbología oficial: la bandera de España y la señera y a evitar también la usurpación de las corporaciones públicas mediante la exhibición de propaganda política en los edificios oficiales y en los espacios públicos», subraya José Domingo.

Informa que el estudio también pone de manifiesto «la indolencia de los distintos gobiernos ante semejante problema», cuando «son ellos los que tienen que velar por el cumplimiento de la norma». Impulso Ciudadano pone el foco en que la Delegación del Gobierno de España en Cataluña «no haya presentado ningún requerimiento a las Administraciones locales desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y que la Generalitat de Cataluña no lo haya hecho nunca».

Recuerda que corresponde a la Generalitat el control de la adecuación al ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos adoptados por los municipios y, si procede, su impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de las acciones que el Estado pueda emprender en defensa de sus competencias. 

Además, subraya que «de ninguna manera puede sustentarse la colocación de este tipo de símbolos en la libertad de expresión de los cargos públicos». A esos efectos también recuerda que el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, en sentencia del 28 de abril de 2016 (recurso 827/2015 FJ 4a) ha declarado que es «reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que sostiene que las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión» que proclama el artículo 20 de la Constitución Española. «La prohibición, por lo tanto, afecta a todos aquellos símbolos que no tienen carácter de oficial», remacha esta asociación.

Impulso Ciudadano va elevar este informe y su base documental al presidente del Gobierno y al autonómico catalán, Pere Aragonès (ERC); al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; a todos los grupos parlamentarios y a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera i Mestres.

Afirma que «el grado de incumplimiento de la normativa vigente es tan exagerado (87 de cada 100 municipios en Cataluña no acatan las normativas sobre símbolos oficiales y la neutralidad de las instituciones)» que es «imprescindible» condicionar el acceso a los fondos públicos, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, como los europeos, al cumplimiento de la ley. De ahí que proponga la reforma de la financiación local, de manera que se retenga la misma hasta que no se acredite el cumplimiento de la normativa constitucional sobre símbolos.

Asimismo, reclama que se debe hacer corresponsables a las autoridades locales de las consecuencias que para las arcas públicas puede tener el incumplimiento de la normativa vigente.

El informe de este estudio sobre símbolos en los 947 ayuntamientos de Cataluña tiene cinco capítulos que abarcan el papel de los ayuntamientos en la organización territorial del Estado, la regulación jurídica de las banderas oficiales, el control del cumplimiento de la normativa de símbolos, la presencia de símbolos nacionalistas en las fachadas de los ayuntamientos, y el incumplimiento de la normativa sobre símbolos por parte de los ayuntamientos catalanes.

Consta de 100 páginas, con anexos de cuadros y gráficos explicativos, más una hoja de cálculo con el trabajo de campo en los 947 municipios, un resumen de resultados en PowerPoint y un fondo de imágenes. Incorpora como datos de interés los relativos a los equipos de gobierno de cada uno de los ayuntamientos y si han sido requeridos por las Administraciones públicas para cumplir la legalidad en caso de actuaciones irregulares. También añade la población de los municipios catalanes, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña.

Pinchando aquí puede descargarse el informe. Anexo 1, anexo 2anexo 3anexo 4 y anexo 5 con datos presentados gráficamente. Y pinchando aquí tiene el informe de la investigación por municipios: Qué, cuándo y dónde.

Impulso Ciudadano fue fundada en septiembre de 2009.

Sus fines son promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España; defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito nacional, de la Unión Europea e internacional; defender los valores contenidos en la Constitución Española de 1978; fomentar los vínculos de cohesión y relación entre los españoles, con independencia de su lugar de residencia; impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento, racionalización y neutralidad de las instituciones y Administraciones Públicas, así como luchar contra todo tipo de corrupción; y luchar, asimismo, contra los fenómenos de odio y promover políticas de tolerancia, igualdad y solidaridad entre los ciudadanos.

En los últimos años, Impulso Ciudadano ha presentado numerosos requerimientos contra la presencia de estos símbolos en las fachadas de las dependencias oficiales, sobre todo en períodos electorales, que han dado lugar a cientos de resoluciones de las Juntas Electorales Provinciales ordenando su retirada en períodos electorales. Estos requerimientos han desencadenado frecuentes actuaciones judiciales. También ha presentado recursos contencioso-administrativos contra el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, Barcelona y Gerona.

A la vista de esta situación, afirma que «existe un componente estructural en el incumplimiento de la normativa por parte de muchos ayuntamientos catalanes y carece de toda lógica que sean los ciudadanos y las entidades privadas las que estén supliendo la falta de celo de las Administraciones Públicas al respecto».

«En un Estado de Derecho, el principio de legalidad ha de ser observado por las Administraciones y no puede dejarse al albur de los cargos públicos el cumplimiento de la norma. De ahí que sea necesario arbitrar mecanismos que eviten la creciente litigiosidad que se generará contra los ayuntamientos incumplidores a la vista de los datos que reflejan este informe», concluye.

Esta entidad también ha creado junto a la asociación Movimiento contra la Intolerancia el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, que presenta un informe anual que recopila los incidentes relacionados con la violencia política y el odio ideológico cometidos en esta comunidad. En 2020 se registraron 380 incidentes de violencia política y odio ideológico en Cataluña, 122 de ellos de hispanofobia, según se desprende de su último informe anual. El 92% de estos actos son de autoría independentista.

 En la imagen, un suceso que tuvo lugar el pasado mes de marzo, en Barcelona, que se saldó con 8 detenidos que presuntamente actuaron de forma conjunta para prender fuego a un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro. Foto: EP

El Observatorio alertó en su último informe, presentado en septiembre, sobre el incremento de expresiones de odio ideológico en vísperas de la Diada y el 1-O. Advirtió de «la extrema peligrosidad de la dinámica de incidentes de odio ideológico».

Subraya que «una sociedad democrática y un Estado de Derecho no pueden normalizar la violencia política y el odio ideológico en cualquiera de sus manifestaciones como una vía legítima y recurrente para la expresión de ideología o la consecución de objetivos políticos».

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