El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, deberá comparecer el próximo 18 de enero en la Audiencia Nacional para declarar como investigado por los encargos que la empresa habría hecho al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 Joaquín Gadea ha citado a Sánchez Galán para las 10.30 horas del 18 de enero, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Solo quedaba por fijar fecha después de que el pasado mes de junio el titular de dicho juzgado, Manuel García-Castellón, acordara investigar a Sánchez Galán por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.
Para esas fechas, el juez Gadea también ha llamado en calidad de investigados a tres ex directivos. Así, el ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker está citado para ese mismo 18 de enero, mientras que el ex consejero-director general de Negocios (Business CEO) Francisco Martínez Córcoles y el ex jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo tendrán que comparecer el 17 de enero. Y ya el día 20 ha citado a Iberdrola Renovables.
Al imputar a Sánchez Galán y los tres ex directivos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, García-Castellón explicó que desde sus respectivos puestos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación.
En esta pieza número 17 de ‘Tándem’ –la macrocausa que disecciona los servicios prestados por Villarejo a título privado– se investigan los encargos que la eléctrica habría hecho al comisario entre 2004 y 2017.
Según el relato judicial, el primer proyecto habría sido ‘Arrow’, que habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado ‘Black Board’ o ‘B-B’ para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.
Ya en 2009, a Villarejo se le habrían encomendado ‘Gipsy’ y ‘Posy’. El primero habría consistido en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez, presidente de ACS, para evitar el asalto de la constructora a la eléctrica.
Por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a ‘Wind’ para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Christopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la mercantil española en un procedimiento arbitral.
En el auto de imputación, el juez García-Castellón indicó que, por la contabilidad de Iberdrola, se sabe que fueron recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, entre 2004 y 2012 por un importe total de 1,04 millones.
