Los expertos reivindican suficiencia de la pensión, pero también sostenibilidad del sistema

En España, una de cada cinco personas pasa de los 65 años y en 2030 será una de cada cuatro, según informa el presidente de la Mutualidad de la Abogacía y de la Confederación Española de Mutualidades, Enrique Sanz Fernández-Lomana. Es decir, el 25% de la población española será pensionista dentro de unos 10 años.

El último programa de Foro Confilegal, emitido ayer en Radio Intereconomía, ha tratado sobre oportunidades y cómo planificar un envejecimiento más activo, cómo preparar nuestro futuro. Cuestiones como, por ejemplo, cómo afrontar la tercera edad con una economía personal más robusta, y cómo gestionar sus finanzas de tal manera que cubra sus nuevas necesidades: mayor actividad, menor número de hijos o ausencia de los mismos, mayor calidad de vida, avances tecnológicos y sanitarios, etc.

Para abordar este tema, Carlos Berbell, director y presentador del programa, y director de Confilegal, ha contado con la participación de Fernando Ariza Rodríguez, director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía; Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen); y con Javier Laorden, socio de Cuatrecasas, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), creador del Foro Justicia y Discapacidad, y uno de los grandes expertos fiscales de España.

¿De qué forma se puede contribuir a mejorar la calidad de vida? Fernando Ariza manifiesta que estamos ante una nueva realidad que nos afecta a todos y que tenemos que adaptar la sociedad a ella «cambiando nuestros patrones de comportamiento hacia el ocio, el consumo, el ahorro…». «Darnos cuenta de que el envejecimiento es un proceso natural y, por tanto, hay que verlo de una forma amable, optimista, pero eso sí, con la responsabilidad de que el envejecimiento desde el punto de vista de la población, de las poblaciones envejecidas, es un problema, porque una sociedad envejecida no tiene reposición y es una sociedad enferma y si no se le pone remedio tenderá a morir», indica.

Isabel Casares destaca que la esperanza de vida cada vez va mejorando y vivimos más, y no ve «como un problema que tengamos muchos jubilados». Afirma que «el problema realmente sería que no hubiera gente en activo, cotizando, para poder dar cobertura a todas esas pensiones de la gente que ha cotizado durante muchísimos años». Considera que «con el sistema tal y cómo está planteado podemos vivir esta situación de una esperanza de vida mayor» y dice que lo que tenemos que ver es «qué armas tenemos para que ese equilibrio de ingresos y gastos se cubra y podamos o mantener nuestro sistema de reparto o idear otro sistema complementario que pueda cubrir esas necesidades».

Javier Laorden pone de relieve que «para 2030, en el mundo habrá mil millones de personas mayores de 65 años, gente que tiene que seguir activa y adecuarse a los tiempos que vienen». «Desde un punto de vista positivo para los mayores», manifiesta que «el futuro va a ser en cierta medida gestionado por mayores y jóvenes. Mayores, porque han tenido una capacidad de ahorro, que la tienen acumulada, y jóvenes por esa juventud, ese ímpetu de emprendedores con ánimo de hacer cosas».

A su juicio, «va a ser la propia realidad económica la que va a ayudar a que ese envejecimiento sea mejor». Según explica este socio de Cuatrecasas, «cuando en el mundo de la banca preguntas dónde invertir, te hablan de megatendencias, y en esas megatendencias manejan básicamente tres importantes: la irrupción digital, la tecnológica -inteligencia artificial, la transición energética: cómo descarbonizamos los procesos productivos y todo lo que conlleva de nuevas inversiones-, y la tercera es la demografía, ellos mismos saben que va a haber mucho negocio en torno a las personas mayores».

Laorden señala que cuando hay mucho negocio en torno a las personas mayores, «al final, lo que se conseguirá será un abaratamiento de los productos que estas utilizan». Por ejemplo, está convencido en que un audífono dentro de cinco años costará la mitad o una tercera parte, con lo cual, asegura que «también esa economía del envejecimiento va a ayudar a que las personas mayores vivan mejor».

«Las entidades financieras, en el sector del ocio, del consumo, se están dando cuenta de que al final quienes potencialmente son sus principales consumidores no van a ser tanto los jóvenes y están poniendo el foco en los mayores», añade el director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía, y apunta que «la industria del envejecimiento y la del rejuvenecimiento, la de revertir el proceso de envejecimiento, cada vez tiene más impacto». De hecho, comenta que según ha trascendido, «el 30% del Producto Interior Bruto a nivel de la Unión Europea lo mueve la industria del envejecimiento».

Fernando Ariza hace hincapié en que desde el punto de vista económico, «una población envejecida también tiene dificultades para crecer económicamente, porque en la medida en que hay más pensionistas que cotizantes, esos pensionistas tienen menos ingresos y consumen menos. Y si consumen menos, aparecen esos procesos deflacionarios, los tipos de interés se mantienen sostenidamente bajos, y al final lo que sucede es que la economía se estanca». «Las entidades financieras no tienen estímulos para prestar dinero a hogares y familias», agrega.

Por ello, afirma que es «un proceso que tenemos que mirar con miras altas» y que, como comentaba Laorden, «esto va mucho también de ese envejecimiento activo, de que realmente esas familias tengan ingresos suficientes para mover el motor de la economía».

Respecto a las movilizaciones de los pensionistas saliendo a la calle para reclamar una actualización del IPC, el temor a que en un momento dado las pensiones se vayan al garete y si esto tiene una base real, la secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones manifiesta que «ahora mismo, para los pensionistas, no». «Están reclamando unas subidas, unas pensiones más dignas, pero tenemos que diferenciar entre lo que es una expectativa de derecho, que somos nosotros cuando lleguemos a jubilarnos, cuando tengamos una pensión, a lo que es un derecho reconocido. De hecho, con todas las modificaciones que ha habido, hemos visto que las pensiones están salvadas, el crecimiento de las pensiones está incluso a nivel de un IPC, que es una de las modificaciones que ha habido, y los que ya son pensionistas no van a tener ninguna posibilidad de perder esas pensiones», razona.

Y agrega que «al ser un sistema de reparto, la situación estaría cuando los que estamos en activo lleguemos a pensionistas». Isabel Casares también señala que «a medida que la gente mayor que estaba en las empresas, de más de 60 años, cuyo sueldo era muy alto, se podía jubilar anticipadamente y uno podía contratar a uno más joven por muchísimo menos, han cobrado 10, 15, 20 y hasta 30 mensualidades por retirarse antes de la edad de jubilación. También indica que «como estaba penalizada, la pensión que les ha quedado, comparativamente entre unos y otros, es más baja».

Casares subraya que «lo que hay que plantear es una pensión justa«, y «no es igual para todos porque no es la misma situación para todo el mundo».

Casares también ha expuesto que «cada vez más, la gente que puede, cuando llega a los 65 años, pide la jubilación activa, cobra su 50% y continúa trabajando», y que si miramos edades medias de gente que trabaja, «a nivel de más de 60 años vemos muchas actividades en las que la gente continúa siempre que pueda hasta los 67, 70 o incluso 75».

El director de Foro Confilegal también ha puesto sobre la mesa las reducciones que ha habido en los últimos años de las cantidades que se pueden aportar en los planes de pensiones privados, lo que ha generado bastante polémica. Al respecto, Javier Laorden explica que «en los dos últimos años ha bajado la cantidad que se puede aportar a un plan de pensiones, pasando de 8.000 euros a 2.000 el año pasado y a 1.500 este año».

Este experto entiende que «hay una política clara de disminuir la utilización de planes por planes privados» y cree esto puede deberse por un componente ideológico o porque quieran potenciar más los planes colectivos de pensiones. Señala que «este recorte quizás se ha hecho amparándose en que esas aportaciones eran hechas normalmente con gente con capacidad económica y que eso producía una merma de ingresos tributarios porque era un gasto que las personas podían deducir en su declaración de la renta», pero él piensa que «no es una política cien por cien correcta porque todo lo que sea ahorrar para el futuro, siempre es positivo».

Señala que «quien tiene capacidad de ahorro, lo puede tener en un plan de pensiones o en un fondo de inversión o en otro instrumento de ahorro», y que «cuando mete el dinero en un plan de pensiones, se está comprometiendo a ahorrar de cara al futuro y está creando cultura de ahorro». Para Laorden, tiene que haber esa cultura de ahorro. «La gente tiene que entender que ha de ahorrar», remacha. Es por ello que no comparte las reducciones que ha habido en las dotaciones a planes de pensiones.

Por otra parte, el director de Foro Confilegal ha sacado a colación que en el Parlamento hay actualmente una reforma de la ley de pensiones, en la que, según ha dicho, «tiene fé el presidente de la Mutualidad de la Abogacía respecto a que el Gobierno finalmente ha dado alas al tercer pilar y que permitieran que no fueran 1.500, sino 5.000 u 8.000 o lo que sea y que hubiera desgravación».

Preguntado el director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía sobre «si considera que esto será o no viable con un Gobierno como este», Fernando Ariza ha expresado que «lo que necesitamos sobre todo, como bien decía Javier, es convertir ese dinero destinado en cuentas corrientes para el consumo en algo de ahorro precautorio, que se convertirá, sin duda, en ahorro previsional si le ayudamos, si le damos un empujoncito». Y apunta que, según ha informado el Banco Central Europeo, se han acumulado en Covid 80.000 millones de euros en cuentas corrientes.

Ariza manifiesta que «la fiscalidad es un componente más, pero que ayuda, porque ese esfuerzo de ahorrar tiene una recompensa inmediata» y destaca que «no podemos eliminar la fiscalidad si la sociedad no tiene todavía esa cultura del ahorro y no tenemos adquirida esa economía conductual para afrontar con decisión y con perspectiva este asunto».

De cara a cómo preparar nuestro futuro, la secretaria general de la Ocopen afirma que la educación financiera es fundamental. Según explica, actualmente, de 0 a 10, estamos en un nivel bajo, un 3 ó 4, porque «en España no hay una cultura de ahorro». Recuerda que a consecuencia de la pandemia, «el Gobierno permitió hacer líquidos los planes de pensiones, que no son líquidos hasta la jubilación, para la gente que económicamente no había tenido esa fase preventiva de tener un ahorro en casa para una situación como la que nos venía, y durante esos seis meses, permitieron recuperarlo».

«Recuperas algo de tu jubilación y, por lo tanto, ya lo has minimizado, ya lo has utilizado, pero esto ha permitido que esa cultura financiera fuera tangible. La gente ha visto que por tener de aquí a la jubilación un fondo, aunque hubiera aportado poco, puede coger una parte en el momento en el que uno lo necesita, y eso es justo la cultura que hay dar: ahorrar para que en el caso de que se necesite, poder disponer», afirma Casares.

Apunta que por eso, una de las modificaciones de la ley de fondos de pensiones, que era solo jubilación o jubilación anticipada o la invalidez o fallecimiento fue el paro de largo duración, «un paro de más de un año de duración que te permitía hacer líquido esos fondos que están ahí para cuando los necesites económicamente». «¿De qué sirve tenerlos para la jubilación si por una enfermedad puede que uno no vaya a llegar a ella? Eso hay que darlo a conocer de una forma tangible, que es lo que comentaba Fernado. Si uno sabe que a lo mejor la fiscalidad no es lo que debería de vender, pero sabe que aporta a un plan de pensiones hasta una cantidad y en ese mismo momento la declaración de la renta no le sale negativa, es un incentivo», manifiesta.

También comenta que uno no es consciente que cuando llegue a cobrar, ese dinero que se ha desgravado lo tiene que pagar y muchos se llevan la sorpresa en ese preciso momento de tener que hacerlo.

Casares afirma que «el hecho de quitarlo no es lo más óptimo, y ello no por el qué han hecho, sino por el cómo: El tener que quitar un tercer pilar o penalizar un tercer pilar para fomentar un segundo pilar que no era el que uno tenía que tratar, porque al final no deja de ser Seguridad Social el primer pilar, porque quiere hacer un superfondo y que entre muchísimo para demostrar que es muy bueno, es la forma más que el fondo o el contenido». «Porque si el superfondo sale bien y fuera bueno tendríamos esa posibilidad, pero no quitemos ese pilar tercero que es para la gente que tiene su pensión, si la tiene en ese momento, su complemento de empresa», apostilla.

EL MODELO DE PENSIONES QUE HAY QUE GENERAR, SEGÚN ESTOS EXPERTOS

Carlos Berbell también ha señalado que «en las últimas decisiones que se han tomado respecto a las pensiones y a la gente que se va a jubilar, el Gobierno está planteando hacer ese superfondo, empujando a los trabajadores y los empresarios a aportar», pero que «los empresarios no están de acuerdo en hacer ese superfondo». A este respecto, Javier Laorden asegura que «el modelo de pensiones que hay que generar, debe ser un modelo que piense para los que están hoy en día y para los que vienen, de cara para el futuro, porque no estando en riesgo el sistema de pensiones actual para las personas que están jubiladas, el 37% de los ‘millennials’ piensan que ellos no van a cobrar pensiones».

Para Laorden, los gobernantes «no se han puesto a debatir algo que es elemental: si necesitamos más años de cómputo para llegar a la base reguladora máxima, si necesitamos aumentar las cotizaciones sociales, si necesitamos jubilarnos más tarde, destopar las pensiones para recibir a corto plazo más dinero, si necesitamos que los autónomos tributen, coticen, conforme a los ingresos reales que tienen…». A este experto le da la sensación de que el Ejecutivo «está actuando con una cierta aceleración», y un día aparece una medida y al día siguiente otra.

Laorden insiste en que «hay que reflexionar, cosa que no se está haciendo». A su juicio, «los acontecimientos, están desbordando al Gobierno y está decidiendo sobre la marcha». Comenta que una de las cosas que ha decidido el Ejecutivo, «que nadie la conocía hasta que se ha aprobado, es el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es al fin y al cabo que paguen hoy en día los que están cotizando». «Y esos jóvenes que no creen que van a percibir la pensión, son los que están pagando, y son los empresarios también los que están diciendo ‘no me aumente los costes, porque en un momento de crisis económica en el que necesito actuar con una cierta tranquilidad, me los está aumentando y esto puede poner en peligro el desarrollo económico o la recuperación económica», agrega.

Además, destaca que el sistema de pensiones puede verse afectado si la economía no funciona, y expone que actualmente, las pensiones en España representan 170.000 millones de euros, «eso es lo que va en los presupuestos de este año». Apunta que el presupuesto de Justicia son 2.200 millones de euros, y el de Defensa, 9.000 millones, ejemplificando así la magnitud de lo que representan las pensiones.

Por otra parte, indica que tenemos una deuda pública de 1,4 millones de euros, el 122% del Producto Interior Bruto español, y que si se diera el caso de que subieran los tipos de interés, un 1% son 14.000 millones; un 2%, 28.000… En suma, afirma que como nos encontrásemos con una economía con unos tipos de interés altos, «no es el que sistema de pensiones sea viable, es que nos encontramos en una situación que económicamente puede ser muy complicada». Él piensa que «en ese sentido, se están tomando medidas cortoplacistas, no consensuadas y entiende que haya un cierto enfado. Sobre todo, porque no han sido consensuadas y los ciudadanos nos vamos enterando de un día para otro, como, por ejemplo, ha ocurrido con lo aprobado recientemente de que «las pensiones mínimas tienen que estar indexadas al Salario Mínimo Profesional, una decisión que se toma en un momento determinado en una reunión que tienen una serie de señores y deciden hacer esto».

«Esto es mucho más serio», asevera Laorden, y hace hincapié en que «estamos hablando sobre un modelo de pensiones que sea sostenible, un modelo de pensiones que el ciudadano entienda, porque el ciudadano se asusta cada vez que hay un cambio de criterio y donde piensa que no hay una dirección clara en la protección de sus pensiones». También pone el foco en que «esa cifra tan importante de 170.000 millones de euros que gastamos en pensiones representa el 12% y pico del Producto Interior Bruto, mientras que en Europa las pensiones representan un 14%, con lo cual tenemos un pequeño margen para poder resolver la situación actual».

«Sintetizando, tenemos tres sistemas: El primer pilar, el normal; el segundo, el que quiere introducir el Gobierno, con el que no están de acuerdo la CEOE, la patronal y demás; y el tercero, en el cual no hace caso el Gobierno y que prácticamente lo está matando, porque aportar 1.400 euros al año es mínimo y entonces estamos en un callejón sin salida», ha resumido Berbell, a lo que ha añadido que «la Mutualidad es una institución muy potente, muy poderosa, que puede ser perfectamente una de las favorecedoras del tercer pilar», y ha preguntado a estos expertos «qué es lo que hay que hacer para cambiar este estado de cosas, ¿hacer lobby también en el Parlamento?».

El director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía ha manifestado que «el lobby siempre es importante, pero con argumentos» y afirma que en este caso «los hay más que de sobra y demostrados». Así, ha recordado que «la CEOE señala que la pensión ideal sería que la primera pensión fuera el 100% del último salario, y que ese 100% estuviera compuesto el 50% por pensión pública, el 30% por planes de empleo, y el 20% por previsión complementaria individual, el tercer pilar». «Y esto lo dice la CEOE con datos demostrables de sistemas que funcionan en el mundo, tenemos que ir a eso. Nosotros, ahora mismo tenemos un 80% de salario de reposición y tenemos, además, el cien por cien que es público, por lo que hay cosas que no son iguales, que no concuerdan», argumenta Ariza, y reclama abordar esto «con decisión».

Ariza dice que «ahora mismo, por parte del Estado se está abordando uno de los cuatro grandes principios que tiene el sistema de pensiones en España: el sistema de reparto». Este experto no está en contra «de que la pensión se revalorice conforme el IPC o lo que haga falta, es decir, la pensión tiene que ser digna, lo cual queremos todos». «No estoy en contra de esa medida, estoy a favor, pero eso se tiene que argumentar con otras cosas, porque otro de los principios es que sea sostenible el sistema, y si no hay medidas que lo hagan sostenible, entonces es cuando tenemos un problema», declara.

Por tanto, hace hincapié en que «tenemos que estar hablando de las dos cosas: suficiencia de la pensión, pero también sostenibilidad del sistema». Indica que «la sostenibilidad del sistema se está garantizando ahora con deuda, pero deuda es la herencia que dejamos a nuestros hijos también». Añade que también ahora «con impuestos, porque esos gastos impropios se han llevado a impuestos y hay que seguirlos pagando, y eso se lo están quitando a Sanidad, a Educación y a otras partidas», y pone de relieve que hay otras variables sobre las que también se ha de reflexionar.

Además, alude al principio de equidad, entre lo que aportas y lo que recibes de prestación, e informa que «en España, esa relación es del 1,5. Es decir, recibes 1,5 de prestación por cada euro que aportas».

TRIBUTACIÓN DE LA LONGEVIDAD, DE LA DEPENDENCIA Y DE LA DESINVERSIÓN

Berbell ha indicado también durante la entrevista que «antiguamente se pensaba que uno se iba a morir 12 años después de jubilarse, y resulta que se está muriendo de media en 20 años, con lo cual eso alarga las pensiones». «España figura como el segundo país del mundo con la mayor esperanza de vida, después de Japón», resalta.

«Y se espera que en dos décadas sean 31 años, por lo que vamos a estar más tiempo percibiendo la pensión, como no se arreglen estas grandes variables de las que hablamos, que cotizando», ha agregado Ariza.

Sobre «cómo afrontan nuestros mayores ser pensionados y tener una casa y cómo pueden monetizar los recursos», Laorden responde que «hoy en día se están produciendo una serie de situaciones en las cuales uno puede o vender la casa o no venderla». «Está la hipoteca inversa, que es hacer al revés de lo que hiciste cuando estabas creciendo, que te hipotecabas para comprar una casa. Ahora que llega un momento que tienes que desinvertir, lo que tienes es que pedir una hipoteca para recibir un dinero que pagarán tus hijos en el futuro. Se puede también vender la casa e ir a una más pequeña, vender la nuda propiedad, alquilar la casa…», expone Laorden, y reivindica que «hay que empezar a hablar ya de la tributación de la longevidad, de la tributación de la dependencia y de la tributación de la desinversión».

Señala que «en un momento determinado de la vida, cuando hemos sido jóvenes y hemos empezado a acumular riqueza, cuando llega el momento de desinvertir, te puedes encontrar que la tributación sea excesiva». «Por ejemplo, alguien que vende su casa, el impuesto sobre la renta de las personas físicas que es su vivienda habitual, no tributa si tienes más de 65 años, pero ¿qué pasa con los impuestos municipales y con los de la comunidad autónoma? Cada vez que transmites una vivienda intercobra el Ayuntamiento, cobra el Estado y cobra la comunidad autónoma, y esa tributación de la desinversión, que es lo que hace el impuesto sobre la renta en ese caso concreto, debe extenderse a los impuestos municipales», explica.

«Pongo otro ejemplo demoledor. Vas a ver que mucha gente para poder vivir, complementar su forma de vida, a lo mejor alquila la casa porque quiere dejársela a sus hijos y con el dinero de esa casa que ha alquilado se va a una residencia y tiene un gasto. El ingreso que recibe por el alquiler de la casa es ingreso en su renta, y el gasto que tiene la residencia no es un gasto deducible. Esta persona no tiene ninguna capacidad económica adicional, está compensando el alquiler de su casa con el gasto que tiene que utilizar para vivir en una residencia porque puede haber llegado a un supuesto de dependencia», comenta.

Es por esto que dice que hay que empezar a hablar de la desinversión y de la tributación de la longevidad «porque hablamos de la economía de la longevidad, pero mucha gente se va a ver obligada a desinvertir si el sistema de pensiones no cubre sus necesidades». «Y si en esa desinversión, el Ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado cobra, no parece razonable. Si en esa desinversión, el ingreso que recibes por el alquiler de la casa tiene que tributar y el gasto que tienes que pagar por irte a una residencia no es deducible, es algo injusto», sentencia Laorden.

También comenta que el mercado ya empieza a articular procedimientos, «porque ya hay empresas especializadas que en aquellos supuestos de dependencia, vulnerabilidad, ellos te alquilan la casa y te pagan la residencia, cuyo precio normalmente suele ser superior al del alquiler, y te financian eso y el día que los herederos de esta persona heredan la casa, les dan la oportunidad de seguir con alquileres futuros pagando la deuda o de pagar la deuda y recuperar el inmueble». «El mercado está creando muchas alternativas en este sentido, pero cada vez que el mercado es ágil y está creando estas alternativas, vuelvo a insistir en que tenemos que empezar a hablar de la tributación de la desinversión», concluye Laorden. Algo con lo que está totalmente de acuerdo la secretaria general de Ocopen.