La delegación europea de Cs ha enviado una misiva a la comisaria europea de Valores y Transparencia, Věra Jourová, con este llamamiento; en la imagen de izquierda a derecha: Adrián Vázquez Lázara, José Ramón Bauzá, Soraya Rodríguez Ramos, Luis Garicano Gabilondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jordi Cañas Pérez, y Susana Solís Pérez.
Cs pide a la Comisión Europea que investigue la discriminación a quien quiere estudiar en español en Cataluña tras el acoso a la familia de Canet de Mar
Señala que “es gravísimo lo que está sufriendo la familia de Canet de Mar" e "indignante que el Gobierno no esté haciendo nada por evitarlo para no molestar sus socios”
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14/12/2021 09:57
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Actualizado: 14/12/2021 10:10
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La delegación europea de Ciudadanos ha pedido a la comisaria europea de Valores y Transparencia, Věra Jourová, una investigación sobre «la discriminación al español en la Educación en Cataluña» y «la persecución a las familias que la solicitan», tras el acoso que sufre una familia en Canet de Mar (Barcelona).
Los europitutados de Cs le han hecho este llamamiento en una misiva, en la que reclaman una investigación sobre estos hechos «por violación de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea» y que se analice si España cumple el corpus legal en materia de protección a la infancia y a las minorías, «para poner fin de una vez a esta vulneración de derechos de las familias que quieren escolarizar a sus hijos en las dos lenguas cooficiales, en especial, los de aquellas que reciben amenazas».
Además, Cs solicita que esta situación se tenga en cuenta en el próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España.
El jefe de la delegación europea de Cs, Luis Garicano, denuncia que esta campaña muestra que el independentismo está cegado por la ideología y ha perdido la humanidad y la empatía». “Señalar a un niño de cinco años da idea de la bajeza a la que ha llegado este movimiento. Y que la Generalitat en vez de ponerse del lado de las víctimas se ponga del lado de los agresores, muestra que esto ya no es un tema de nacionalismo, sino de supremacismo étnico”, señala.
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, destaca que «en la Europa democrática, de los derechos fundamentales, no puede ser tolerada una violación de derechos civiles constante y permanente por fanáticos identitarios excluyentes». «No hay excusa posible para seguir mirando hacia otro lado», sentencia Pagazaurtundúa, y señala que la Europa en la que vivimos cree en el multilingüismo «y no en las obsesiones identitarias”.
Cs explica a la comisaria Jourová en la misiva que tras una larga batalla judicial de numerosas familias catalanas el Tribunal Supremo español ha confirmado el derecho de los niños a recibir en español al menos el 25% de las clases en los colegios catalanes y que pese a ello, «la Generalitat de Cataluña ha dejado claro que no exigirá el cumplimiento de la sentencia y que continuará así con su historial de desacato a las decisiones de los tribunales».
“Con ese marco judicial y político de fondo, los padres de un niño de cinco años que consiguieron que un juez obligara a la escolarización de su hijo en catalán y español -en aplicación de la sentencia previamente descrita- son ahora sujetos de terribles amenazas de agresión, vejaciones y coacciones«, exponen los eurodiputados de Cs, y advierten que «se expande la petición de alentar el acoso, que se apedree las casas de las familias que defienden el uso del español para que se vayan de Cataluña, haciéndoles el vacío o celebrando manifestaciones cuando salen de clase, indicando, además, que les legitima el ser mayoría, dejando así al español como una lengua minorizada». «Un proceso de minorización político, innecesario y sólo justificable en la hispanofobia«, afirman.
Cs subraya que se trata de «hechos intolerables en un Estado de Derecho y que violan la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, pero que, además, no reciben la condena de la Generalitat de Cataluña». Los eurodiputados transmiten a la comisaria de Valores que «el Gobierno autonómico se niega a condenar este acoso, que está siendo investigado por la Fiscalía por si constituye delito», y sin embargo, «el Gobierno de España mira hacia otro lado y tampoco adoptará medida alguna, con la excusa de que es competencia exclusiva autonómica».
“Esta actitud no ayuda a que esas manifestaciones hispanófobas se impidan”, denuncian los eurodiputados, y recuerdan que la propia Comisión Europea ya en 2015, y en respuesta a una pregunta sobre este mismo asunto, apuntó que los Estados deben utilizar todos los instrumentos jurídicos para garantizar que se protegen los derechos de sus ciudadanos.
“El Gobierno no escucha a la Comisión. Esos instrumentos no se están utilizando, lo que hace que la vulneración del Estado de Derecho sea cada vez más evidente y, lo que es peor, que se produzca con la connivencia y aliento del propio Gobierno de España”, incide Cs.
Recientemente, Pagazaurtundúa ha presentado en Madrid ‘Cartografía del odio’, el resultado de más de dos años de investigación sobre los incidentes y delitos de odio y discriminación registrados de 2015 a 2020 en seis países de Europa, entre ellos España, y que «abre los ojos sobre una realidad que crece imparable y que provoca miles de víctimas, aunque el 90% de ellas no denuncia».
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CIUDADANOS EXIGE AL GOBIERNO QUE CONVOQUE LA COMISIÓN CONTRA LOS DELITOS DE ODIO
En paralelo, Ciudadanos registró ayer una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar de manera inmediata la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, «a raíz de las situaciones de acoso que sufren las familias que reclaman el derecho de sus hijos a recibir el 25% de las clases en castellano».
La iniciativa la firman la presidenta del partido, Inés Arrimadas, el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de Justicia del partido, Edmundo Bal, que es abogado del Estado en servicios especiales, y la diputada Sara Giménez Giménez.
«Es gravísimo lo que está sufriendo la familia de Canet de Mar, y es indignante que el Gobierno no esté haciendo nada por evitarlo para no molestar sus socios”, manifestó ayer Bal en una rueda de prensa en el Congreso, en la que anunció esta PNL exigiendo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que convoque la Comisión que estudia y persigue estas «manifestaciones de odio contra la población».
Ciudadanos expone en ella que el pasado 23 de noviembre, el Tribunal Supremo ratificó el derecho de los estudiantes de Cataluña a recibir, al menos, un 25% de enseñanza en español, lengua oficial en todo el Estado y la mayoritaria entre la sociedad catalana, «resolución con la que ratificaba la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) conocida en diciembre de 2020, y desoída por el Gobierno de España, entonces inmerso en las negociaciones con los independentistas catalanes para aprobar su reforma de la Ley de Educación a cambio, entre otros asuntos, de eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación».
Señala que la decisión del Supremo «deja sin parapeto legal al mal llamado sistema de inmersión lingüística y, lo que es más grave, constata la vulneración de derechos sistemática a la que se ha sometido, con la inacción de los sucesivos gobiernos de PSOE y PP, a generaciones enteras de alumnos catalanes, privados de una educación con el castellano también como lengua vehicular junto al catalán».
Cs recuerda que tras conocerse la decisión del Supremo, las autoridades de la Generalitat de Cataluña «no tardaron en afirmar que no acatarían, una vez más, las sentencias judiciales a este respecto». «No sólo eso, sino que se apresuraron, a través del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en hacer llegar a los responsables de los centros educativos una misiva instándoles a desobedecer la sentencia, en un acto de coacción esperable, pero no por ello menos repudiable», relata.
Añade que por si fuera poco, el mismo consejero comunicó que tenía ‘garantías’ del Ministerio de Educación para dejar sin efectos la sentencia del TSJCat, motivo por el que Cs ya solicitó de manera urgente la comparecencia de la Ministra de Educación, Pilar Alegría, y preguntada por ello en sesión de control al Gobierno por Inés Arrimadas, se limitó a señalar el “respeto del Gobierno de España por las sentencias judiciales”, «sin aclarar qué medidas va a llevar a cabo para garantizar el derecho de los estudiantes de Cataluña a recibir su educación también en castellano».
Ciudadanos sostiene que «la inacción del Gobierno de España, unida a la ofensiva de sus socios que gobiernan la Generalitat de Cataluña, no ha hecho sino empeorar el clima de hostigamiento y señalamiento que el nacionalismo lleva décadas imponiendo a quienes, amparados en las sentencias judiciales, solicitan que se respeten sus derechos y libertades en este sentido».
Indica que por desgracia, en los últimos días ha trascendido el caso del menor de Canet de Mar, cuya familia, en ejercicio de sus derechos, ha solicitado al centro la aplicación de lo recogido en la sentencia para que pudiera recibir al menos el 25% de sus horas lectivas en castellano, y que «las reacciones del nacionalismo más radical se han traducido en llamadas en redes sociales a ‘apedrear’ el domicilio del menor, así como a insultos que tildan de ‘colonos’ a la familia del alumno».
Cs denuncia que el gobierno autonómico catalán, «lejos de prestar el apoyo necesario al menor y a sus padres para garantizar su protección y anonimato, sigue amparando el hostigamiento que reciben por parte de las organizaciones independentistas radicales y hace responsable de la situación que se está viviendo en esta ciudad a los tribunales de justicia ‘por romper la convivencia al imponer un 25% de las clases en castellano'».
El partido de Arrimadas expone que «el último episodio de acoso infligido al menor y su familia» se produjo el pasado viernes, en una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes frente a la escuela del menor, en la que también participaron representantes políticos de los partidos independentistas, en la que varios de los asistentes calificaron la sentencia como un «ataque al modelo de escuela» catalana e instaron a las autoridades públicas y docentes del centro educativo a desobedecerla.
Ciudadanos manifiesta que todos estos hechos, como informó ayer la familia a través de una carta pública, están causando sufrimiento a los padres y al propio menor «sencillamente por el hecho de que están reivindicando el ejercicio de sus derechos», y afirma que «no deja de ser sorprendente a este respecto la inhibición del Gobierno de España, teniendo en cuenta que el señalamiento separatista ha llevado el odio a las puertas de un colegio y al negocio familiar, un supuesto de extrema gravedad ante al que hasta la fecha el Ejecutivo no ha considerado llevar ninguna acción para combatir este episodio de odio y hostigamiento».
Esta comisión está vinculada al Ministerio del Interior y la integran expertos en la materia como, por ejemplo, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, quien precisamente presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra «la campaña de odio y hostilidad» contra la familia de Canet de Mar.
Ibarra reivindica que se avance hacia una legislación integral de protección universal de la víctima del delito de odio, y que se impulse la educación en valores cívicos para la convivencia democrática.
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