"La lengua nos une y la intolerancia nos enfrenta. Hay que proteger nuestros Derechos Humanos", sentencia en declaraciones a Confilegal el presidente de esta asociación, Esteban Ibarra. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
Movimiento contra la Intolerancia denuncia ante la Fiscalía General ‘la campaña de odio y hostilidad’ contra la familia de Canet de Mar
Y señala la "discriminación lingüística e hispanofobia que está produciéndose en Cataluña contra la inviolable dignidad humana"
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13/12/2021 10:03
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Actualizado: 13/12/2021 10:30
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La asociación Movimiento contra la Intolerancia ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los «numerosos mensajes que parecen confluir unidos en una campaña de difamación, estigmatización y daños hacia la dignidad» de la familia de Canet de Mar (Barcelona) que solicitó la educación bilingüe en castellano y en catalán.
Una campaña que «alcanza al conjunto de menores y familiares que se sitúen en la misma afectación de reclamar la materialización de sus derechos lingüísticos que los Altos Tribunales Españoles les otorgan», señala el presidente de esta asociación, Esteban Ibarra.
Recuerda que este menor, de cinco años, y su familia han sido objeto de «insultos y mensajes injuriosos en redes sociales, abusos y acoso en decenas de mensajes que se han multiplicado por redes, WhatsAapp e Internet, como evidencian las diferentes denuncias interpuestas, en especial los tuits que aportó la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB)«, la asociación que ha representado a esta familia ante los tribunales.
Añade que también se han realizado «pintadas ofensivas en el centro escolar del menor, en pleno contexto de las decisiones judiciales al respecto»; y que ha habido «llamamientos a apedrear la vivienda de esta familia, matizados posteriormente como ‘escraches’ que no son sino manifestaciones de hostilidad»; «mensajes para hacer el vacio al menor llevándole al ostracismo, hasta lograr que se vaya de la escuela»; y «coacciones amenazantes para que se desistiera del ejercicio de derechos lingüísticos, desvelando nombre y profesión de los padres del menor, de la madre y de un posible comercio, así como su posible adscripción política».
A ello se suma, relata Ibarra, una manifestación realizada a pocos metros de este centro educativo, en horario de salida de los escolares, «que bien podría afectar psíquicamente al menor y la familia contra quienes lo dirigían y al conjunto de los alumnos presentes», en la se manifestaron «personas con capuchas y bengalas de humo, al más puro estilo de los ultras de fútbol»; y que se han anunciado más manifestaciones de esta naturaleza para los próximos días.
Y también se han difundido en redes sociales «numerosas expresiones que denotan una manifiesta hispanofobia y rechazo a la lengua oficial española, a cuyos hablantes se les califica de «ñordos españoles» y otras expresiones de ese tenor», agrega.
Movimiento contra la Intolerancia sostiene que «el extremismo de los que promueven y realizan estas conductas discriminatorias o acciones de intolerancia supone la selección como ‘chivo expiatorio’ de esta familia de Canet de Mar, en la que proyectan el rechazo a la aplicación de decisiones judiciales en la protección de derechos fundamentales, como es el caso de los derechos lingüísticos».
«Sus actos de odio suponen hostilidad y daños a la dignidad de las víctimas, a sus semejantes y, además, provocan un gran deterioro de la convivencia», destaca Esteban Ibarra, y hace hincapié en que «la igualdad y la no discriminación han de ser consideradas como una expresión de la propia dignidad humana».
«Ya sean por su dimensión étnica, nacional o ideológica, estas conductas de intolerancia lingüística pueden llegar a suponer un delito de odio, en este caso, de hispanofobia«, afirma Movimiento contra la Intolerancia.
Ibarra recuerda que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional establecen que «la libertad de expresión no es infinita y afirman que puede considerarse necesario en las sociedades democráticas sancionar e incluso prevenir formas de expresión que propaguen, promuevan, o justifiquen el odio basado en la intolerancia».
También recuerda que tanto la Constitución española, en su artículo número 10, como los tratados internacionale, otorgan protección a la dignidad humana.
En este sentido, apunta que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo primero proclama que “la dignidad humana es inviolable» y «será respetada y protegida».
Además, Movimiento contra la Intolerancia recuerda una sentencia del Tribunal Supremo, la número 259/2011, que exige la concurrencia de «un peligro real para los bienes jurídicos protegidos”, es decir, que “no es preciso un peligro concreto, siendo suficiente el peligro abstracto, si bien puede entenderse que es suficiente el peligro potencial o hipotético a medio camino entre aquellos, según el cual lo que importa es la capacidad de la conducta para crear el peligro relevante”.
Esta asociación pide a la Fiscalía que investigue los hechos denunciados, se depuren responsabilidades y que intervenga en la investigación de posteriores acciones en torno a este caso.
También hace un llamamiento al movimiento a la ciudadanía «para que se solidarice con esta familia y con todas aquellas que sigan con este camino de recuperación de derechos lingüísticos frente a la intolerancia», según señala a Confilegal el presidente de esta entidad.
«La lengua nos une y la intolerancia nos enfrenta. Hay que proteger nuestros Derechos Humanos», sentencia.
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