Ya se ha cumplido el plazo de transposición de la Directiva Europea y España sigue sin una ley de protección de alertadores.
Con el objetivo de dar un paso importante hacia la promoción de los valores democráticos y del Estado de Derecho, en 2019 entró en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, fijando como plazo de transposición, a más tardar el día 17 de diciembre de 2021.
El plazo se ha vencido y la mayor parte de los Estados Miembros no ha sido capaz de cumplir con su obligación de transponer a su ordenamiento jurídico esta directiva comunitaria, según lo indicado por el EU Whistleblower Monitor.
Entre ellos se encuentra España, que no ha dado un paso adelante desde la consulta pública promovida por el Ministerio de Justicia en enero de 2021, en la cual participamos con nuestras observaciones.
Esta situación constituye un déficit democrático que es inaceptable e intolerable.
Los alertadores desempeñan un papel relevante en la lucha contra la corrupción, que supone uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de cualquier Estado, sobre todo en tiempos de crisis como los que estamos viviendo.
Pero la corrupción no solo desvía recursos y perjudica la prosperidad de nuestras sociedades, sino también corroe el tejido social, debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, socava el Estado de derecho, exacerba la desigualdad y daña la buena gobernanza.
Ante esta amenaza continua, que impregna todas las áreas de la sociedad, aunque a veces su presencia no se advierta a simple vista, actúan como ciudadanos y ciudadanas responsables que, arriesgándose, deciden cumplir con un deber cívico en nombre de la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Por ello, los alertadores deben ser protegidos y reparados en caso de sufrir represalias. Asimismo, los canales para alertar de irregularidades y delitos deben estar protegidos y ser eficientes e independientes.
Resulta evidente que garantizar la protección de quienes alertan significa no solo reforzar el compromiso por la lucha contra una cultura de la impunidad, sino también cumplir con los estándares democráticos y de derechos humanos que nuestras sociedades nos imponen, ya que promover una cultura de alerta y denuncia de irregularidades permite empoderar a la ciudadanía y así construir instituciones efectivas, responsables e incluyentes en todos los niveles.
Desde FIBGAR instamos al gobierno español a llevar a cabo los esfuerzos institucionales y normativos necesarios para que España pueda contar con un marco normativo integral y sistemático de protección de los alertadores, que dé respuesta efectiva a las exigencias que este tema y la propia Directiva exigen.
