Alessia Schiavon, directora ejecutiva de FIBGAR y coordinadora del proyecto europeo Patfox. Foto: Alessia Schiavon
Entrevista | Alessia Schiavon (FIBGAR) explica cómo la Directiva Anti-SLAPP protege la libertad de información frente a posibles demandas
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24/4/2024 00:45
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Actualizado: 24/4/2024 10:29
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El Diario Oficial de la Unión Europea publicaba, este pasado 16 de abril, la Directiva Anti-SLAPP, centrada en la «protección de las personas que participan en la vida pública contra las demandas manifiestamente infundadas y los procedimientos judiciales abusivos.
Una Directiva reciente que busca proteger la libertad de información y de expresión frente a las presiones judiciales. Algo que explica para Confilegal Alessia Schiavon, directora ejecutiva de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), y coordinadora del proyecto europeo Patfox, y una de las grandes conocedoras de este texto legal y lo que va a suponer en los 27 países de la Unión Europea, que deberán asimilarla.
Y es que la Directiva, que tiene dos años para ser traspuesta a la legislación española, aún es desconocida para muchos, busca ser una protección internacionales asuntos civiles o mercantiles con repercusiones transfronterizas. Algo que, sin embargo, no supone un blindaje absoluto del derecho a la información, según la experta.
¿En qué consiste, de forma resumida y para aquellos que no lo conozcan, la Directiva Anti-SLAPP?
A la Directiva anti-SLAPP se la conoce también como ley Daphne, en memoria de Daphne Caruana Galizia, una periodista maltesa que fue asesinada en 2017. Daphne era conocida como periodista de investigación. Expuso muchos casos de corrupción a alto nivel en Malta y en el ámbito internacional.
Su nombre oficial es el de Directiva 2024/1069. Su objetivo es proporcionar a los Estados miembros herramientas básicas para proteger a individuos y entidades involucrados en la participación pública en temas de interés público. Esta Directiva busca defenderlos contra demandas sin fundamento y procedimientos judiciales abusivos, conocidos como SLAPPs.
¿Qué significa SLAPP?
SLAPP es el acrónimo, en inglés, de «Strategic Lawsuit Against Public Participation», que en español se traduce como «Demanda estratégica contra la participación pública».
De ahí el nombre de Directiva Anti-SLAPP, una Directiva contra las demandas legales iniciadas principalmente para intimidar y silenciar a críticos mediante el abrumador costo de una defensa legal, hasta el punto de que abandonen su crítica o oposición, como le he explicado antes.
Las SLAPPs, en plural, son un tipo de acoso judicial que emplean actores poderosos para, abusando de los sistemas legales, hacer callar a periodistas, medios de comunicación, alertadores de corrupción (conocidos como «Whistleblowers»), defensores de derechos humanos, ONGs, sindicatos, artistas e investigadores académicos.
De forma indirecta, también cubre a abogados, familiares, proveedores de internet, editoriales e imprentas.
La Directiva Anti-SLAPP ofrece una lista no exhaustiva de indicadores para identificar procedimientos abusivos. Estos incluyen demandas desproporcionadas, irrazonables o con valor excesivo; múltiples procedimientos relacionados iniciados por el mismo demandante; intimidación, acoso o amenazas por parte del demandante o sus representantes; y el uso de mala fe de tácticas procesales como retrasos, selección abusiva del foro judicial, o el abandono malintencionado de casos avanzados.
¿En qué marco jurídico operará la Directiva Anti-SLAPP? ¿En la jurisdicción civil, penal…?
La Directiva tiene un alcance limitado. Se aplicará a cualquier tipo de acciones o demandas civiles o mercantiles con repercusiones transfronterizas interpuestas en procesos civiles, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional.
Esto incluye los procedimientos de medidas provisionales y cautelares, las reconvenciones u otros tipos particulares de medidas correctivas existentes en virtud de otros instrumentos.
Excluye su aplicación en varios contextos específicos: no se aplica a procesos penales, salvo ciertas demandas civiles regidas por el Derecho procesal civil dentro de estos procesos, ni a asuntos fiscales, aduaneros, administrativos, ni a reclamaciones derivadas de la actuación estatal bajo autoridad soberana (acta iure imperii).
Tampoco se aplicará a demandas contra funcionarios estatales, responsabilidades de autoridades públicas, titulares de cargos públicos, asuntos penales en general, ni al arbitraje.
A este respecto, los procedimientos judiciales en los que un Estado o un organismo público es parte podrían seguir entrando en el ámbito de los «asuntos civiles y mercantiles» cuando los actos u omisiones no se produzcan en el ejercicio de la autoridad estatal, de conformidad con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para usted ¿cuál es el mejor ejemplo de prácticas SLAPP contra los medios de comunicación o la libertad de expresión?
Cada SLAPP es un caso único, y depende de diferentes factores, por lo que no creo se pueda identificar “un mejor ejemplo”.
Las SLAPP se desarrollan de forma diferente en cada país, dependiendo del contexto sociopolítico. Si bien son un problema que afecta a la mayoría de los Estados miembros, algunos sistemas legales parecen ser más propensos al abuso que otros.
En algunos países, suelen ser usadas por empresas o empresarios, mientras que en otros pueden servir de instrumento para atacar opositores políticos.
Además, la tradición jurídica y de los sistemas legales y jurídicos locales influencian el fenómeno. En algunos países, el derecho penal representa la primera, pero no la exclusiva, opción, para quien decide interponer demandas abusivas para silenciar a las voces críticas, en particular los delitos de calumnias e injurias, y de revelación de secretos.
En otros países, las SLAPP se configuran como demandas civiles. Igualmente, las SLAPPs aprovechan de las debilidades de los sistemas que varían conforme el contexto.
Por último, no debe olvidarse que las SLAPPs son un fenómeno en continua evolución. Por lo general, las leyes tanto civiles como penales en materia de protección del honor representan la herramienta más utilizada para materializar estos tipos de acciones. Además, a menudo, una querella por difamación se combina con una demanda civil por difamación.
Sin embargo, en los últimos años, se ha observado el potencial de las leyes de protección de datos, y, en particular, las de trasposición del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como herramienta para silenciar a las voces críticas. Un caso emblemático es el de Hell Energy contra Forbes Hungría.
¿Podría llegar a vulnerar esta Directiva otros derechos fundamentales de empresas o personas físicas, como el derecho al honor o a la imagen?
No. Es importante recordar que las SLAPPs se desarollan en una relación jurídica multipolar en que las posiciones enfrentadas, en particular el derecho a la libertad de expresión, que comprende tanto la libertad de expresión en sentido estricto y a libertad información, por un lado, y el derecho a la vida privada y familiar, que deben equilibrarse de forma justa y equitativa.
La legislación anti-SLAPP está diseñada para garantizar este equilibrio entre el derecho de una persona, física o jurídica, a proteger su reputación y la protección de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público, dejando al órgano jurisdiccional la facultad de apreciación en casos concretos para examinar adecuadamente el asunto en cuestión, permitiendo así la desestimación temprana de las pretensiones manifiestamente infundadas sin restringir el acceso efectivo a la justicia.
¿Hay riesgo de que esta Directiva se convierta en un “todo vale” dentro del periodismo, enmarcando las informaciones en la libertad de expresión?
No, la Directiva no garantiza un derecho absoluto a la libertad de expresión.
Por el contrario, deberá interpretarse y aplicarse de conformidad con los derechos fundamentales y sus limitaciones, incluidos el derecho a la libertad de expresión y de información, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y el derecho de acceso a la justicia.
Es decir que, al aplicar las medidas indicadas en la directiva, las autoridades públicas deberán alcanzar un equilibrio justo entre los derechos afectados, de conformidad con el principio de proporcionalidad.
¿Cómo deben actuar los países en este tiempo de implantación de la directiva?
Los Estados miembros deberán adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a más tardar el 7 de mayo de 2026.
En el proceso de transposición, lo previsto en la Directiva Anti-SLAPP debe considerarse como un requisito mínimo y de ninguna manera la aplicación de la Directiva podrá constituir motivo para la reducción del nivel de garantías ya ofrecidas a nivel nacional.
Como establece el art. 4 de la Directiva, los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de protección más allá de lo estrictamente exigido por el instrumento de la UE o mantener disposiciones más favorables.
A este propósito, se espera que los Estados miembros adopten legislaciones que incluyan un ámbito de aplicación amplio que abarque también los casos SLAPP nacionales (no transfronterizo) y las demandas regidas por el Derecho procesal penal o en procedimientos administrativos. También garantías sólidas en cuanto al mecanismo de desestimación anticipada para filtrar las SLAPP.
Del mismo modo, también se espera contar con salvaguardias basadas en criterios específicos para la indemnización por daños y perjuicios con la adopción de iniciativas extra-jurídicas, como mecanismos de apoyo, campañas de sensibilización y formación de profesionales de la justicia, recopilación de datos y seguimiento de las SLAPP, etc.
Estas son medidas previstas por la Recomendación (UE) 2022/758 adoptado en arreglo al artículo 292 TFEU en 2022, en reconocimiento del alcance limitado de la Directiva propuesta.
¿Por qué cree que es relevante la implantación de directivas que defiendan la libertad de expresión e información?
Hoy en día, vivimos en un clima político caracterizado por la progresiva erosión del Estado de derecho y un creciente incumplimiento de las normas más básicas de derechos humanos.
Las SLAPP representan una de las graves amenazas destinadas a acallar la voz de quienes se manifiestan y restringir el debate público. Cada vez se registran más casos en Europa. Y este fenómeno se está produciendo no sólo en países dirigidos por gobiernos represivos o autocráticos, sino también en varias consideradas generalmente democracias «desarrolladas» o «consolidadas». Por lo tanto, es necesario que estas acciones se traten con decisión y rapidez.
Ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea cuenta con garantías específicas contra las demandas estratégicas contra la participación pública. Ante la falta de legislación específica para abordar este fenómeno, en la mayoría de los Estados miembros las SLAPP se tratan como demandas ordinarias y se aplican las normas procesales habituales.
La situación actual en Europa subraya la urgencia de implementar mecanismos que aseguren una protección efectiva de la libertad de expresión para todos los participantes en el debate público. Esto incluye no solo a periodistas profesionales, sino también a activistas medioambientales y sociales, defensores de derechos humanos, ONGs, alertadores en sentido amplio, ciudadanos comprometidos, sindicatos y otras personas y organizaciones que hablen públicamente sobre temas de relevancia social.
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