En su segunda visita al ICAM como ministra, Irene Montero ha afirmado que es fundamental un cambio estructural en nuestro país para lograr la conciliación y un reparto justo de tiempo y cuidados. Foto: ICAM.
Montero defiende la creación de centros de crisis en cada provincia para atender a las víctimas de violencia de género
Con la ayuda de los fondos europeos se pretende crear un centro de este tipo en cada provincia, ya que actualmente solo hay dos en todo el país
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20/1/2022 13:06
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Actualizado: 20/1/2022 13:06
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Contar con un marco legal que proteja a las mujeres contra cualquier tipo de violencia machista es uno de los objetivos para este año del Ministerio de Igualdad, según ha manifestado hoy su titular Irene Montero en el Foro Justicia ICAM.
En este contexto, la titular de Igualdad ha confirmado que este año habrá una reforma parcial de la Ley 1/2004 de la Ley integral contra la violencia de género.
En su opinión, “todas las instituciones deben ser puertas seguras para todas las mujeres. Así el Estado se involucra en el apoyo sociolaboral o psicológico de las víctimas”.
Así, ha anunciado la puesta en marcha de centros integrales de crisis para dar atención especializada a las víctimas de la violencia de género y «darles acompañamiento a la hora de denunciar una agresión sexual».
Esta iniciativa forma parte del plan ‘España te protege de la violencia machista’ que el Ministerio de Igualdad presentó a la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación para lograr los Fondos Europeos.
Con esta financiación se pretende que de los dos centros de crisis que hay en nuestro país, se pasara a uno por provincia en los próximos años.
Montero, en su segunda comparecencia en el ICAM, tras su visita a la entidad colegial en la última Cumbre de Mujeres Juristas, señaló que es fundamental un cambio estructural en nuestro país, para lograr la conciliación y un reparto justo de tiempo y cuidados, para que las mujeres abandonen las tareas domésticas y la precariedad laboral.
Su intervención ha congregado a personalidades del mundo de la justicia y la política como la magistrada del Tribunal Constitucional Inmaculada Montalbán; María Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género; Marga Cerro, decana del Colegio de Talavera y presidenta de la Comisión de Igualdad del CGAE; y Nielson Sanchez, consejero del CGAE.
Junto a ellos, también se encontraban Ángela Cerrillos presidenta de la Comisión de Igualdad del CGAE y los diputados y diputadas de la citada comisión de la entidad colegial que asistieron en pleno a esta conferencia.
Hacia una justicia feminista
En su intervención, la ministra de Igualdad ha reconocido los retos que asume la justicia española para que ayude a garantizar los derechos de todas las mujeres.
Ha mostrado admiración hacia el trabajo de los abogados que atienden a las víctimas de violencia de género, “son las primeras que las creen, son protectoras y sus salvavidas, Su trabajo es importante en la defensa de esos derechos humanos”.
A su juicio, el derecho es una de las herramientas con las que cuenta los ciudadanos y ciudadanos para reequilibrar las relaciones de poder y sobre todo restituir situaciones de injusticia y vulneraciones de derecho.
Por ese motivo, “las feministas queremos construir sociedades justas e igualitarias que no subordinen a la mitad de la población debemos hablar de justicia y buscar fórmulas para acabar con el machismo y la discriminación”.
En su opinión, siguiendo los análisis de movimientos feministas internacionales y el CEDAW de la ONU, la justicia patriarcal es un obstáculo para el acceso de las mujeres a la garantía de todos sus derechos.
Sostiene que los sistemas judiciales siguen siendo ciegos a la desigualdad estructural que hay entre hombre y mujer. Eso hace que se subordine a la mitad de la población en estos momentos.
Desde esta perspectiva ha indicado que el feminismo es un pilar de la democracia y debe ayudar a conquistar más niveles de igualdad y acabar con la violencia machista y repartir de forma justa riqueza, pero también los tiempos y cuidados. «Se trata de construir un país feminista».
Desde el Ministerio de Igualdad, ha explicado, se quieren consolidar una nueva serie de derechos feministas en nuestro país que den pasos decisivos para erradicar la violencia y desigualdades estructurales a las que las mujeres se enfrentan por ser mujeres.
Plan normativo en marcha
A este respecto ha recordado que se están impulsando un conjunto de normas que ayuden a proteger los derechos de las mujeres víctimas.
“Necesitamos el apoyo de otras instituciones, y en este terreno la acción de la justicia resulta fundamental para asegurar que se concretan en la práctica los derechos derivados de avances normativos”,
En este contexto, ha considerado clave trabajar con todos los operadores jurídicos para el acceso de las víctimas a sus derechos y a su plena protección.
A su juicio, acabar con la justicia patriarcal supone proteger de forma eficaz los derechos de mujeres y niños mientras están vivos y no lamentar sus asesinatos. Es fundamental proteger eficazmente a las mujeres y sus hijas frente a la violencia machista.
Ha asegurado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha opuesto a todas las leyes que han supuesto avances significativos en cuanto a los derechos de las mujeres, como la ley 1/2004 o la Ley Orgánica Integral de la Libertad Sexual, entre otras.
En su opinión, España es un país pionero en respuestas normativa y políticas públicas frente a la violencia de mujeres.
Montero ha apuntado que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia y la Ley de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, han incluido medidas como la prohibición del síndrome de alineación parental o el régimen de visitas ante indicios de maltrato.
“Estas normas consolidan la máxima prevista que señala el Convenio de Estambul, que la patria potestad o custodia no son derechos absolutos sino que deben ejercerse en beneficio pleno de los hijos e hijas”, ha indicado.
Montero destacado que en estos años de legislatura el Ministerio de Igualdad busca consolidar una nueva generación de derechos feministas, así como políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y el respeto a la diversidad de las personas.
También que el blindaje del Pacto de Estado contra violencia de género, respaldado el 25 de noviembre, o el impulso de la Ley integral de libertad sexual, ahora en tramitación parlamentaria, junto con la futura Ley de Trata, «son grandes marcos de políticas públicas que impulsamos como Gobierno y que guardan estrecha relación con vuestra labor como juristas».
Abogacía y conciliación
Antes de la intervención de la ministra, José María Alonso, decano de la abogacía madrileña, ha recordado que se han cumplido tres años desde que el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, inaugurase estas jornadas, desde entonces ha sido un foro de encuentro de profesionales de primer nivel.
“Los abogados y abogadas, no solo defendemos el derecho a la defensa sino que como operadores de la sociedad civil tenemos mucho que aportar y que aprender”, ha afirmado.
Ha reconocido públicamente que la presencia de Irene Montero había generado polémica, “pero pese a ello, estamos encantados de que estés aquí, ministra”, ha comentado.
Al mismo tiempo ha señalado que “representas para la sociedad civil, las competencias del Ministerio en el Plano de Igualdad este Colegio tiene una Comisión de Igualdad para propiciar las buenas prácticas y evitar la discriminación dentro de la abogacía”.
Anualmente, el ICAM celebra la Cumbre de Mujeres juristas en relación a los temas que afectan a la mujer en su ejercicio profesional.
“No hemos alcanzado la igualdad. Todos tenemos que luchar dia a dia para que se produzca”, ha subrayado.
Alonso ha apuntado que en el ICAM el número de abogadas que se incorporan es mayor que hombres, sobre todo en menos de 40 años, representa el 48% del censo en estos momentos.
También que “la igualdad es objetivo clave de esta institución y quien tiene competencias es la Ministra de Igualdad”.
Alonso ha destacado que los abogados tienen problemas en materia de conciliación, sobre todo las mujeres abogadas en temas de maternidad. «Hemos presentado ante el TSJ un Código de Buenas Prácticas para suspender vistas y que la conciliación se convierta en un derecho fundamental».
También el apoyo del Ministerio de Igualdad será importante en esta materia porque “si no hay conciliación no hay igualdad».
“Esta institución no va a tener ninguna fisura en la defensa de la mujer frente a las agresiones, respetando el derecho a la defensa que tienen todos los ciudadanos, tanto víctimas, como presuntos autores”.
El decano del ICAM ha destacado que el Ministerio de Igualdad tiene entre sus competencias la defensa de derechos fundamentales, como es la igualdad, la libertad y la lucha contra quien sufre la violencia de género.“En eso la abogacía está comprometida”, ha afirmado.
Para José María Alonso, “la abogacía debe ser un elemento que impulse estos temas y que evitan las discriminaciones y todo el daño que se cause a víctimas inocentes”.
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