El Colegio de la Abogacía de Madrid se personó como parte presentando una querella contra autor desconocido de los hechos. Foto de la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía de Madrid pide al juez rechazar la denuncia del ICAM contra la fiscal jefe por las filtraciones del novio de Ayuso
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11/4/2024 12:40
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Actualizado: 11/4/2024 12:40
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La Fiscalía de Madrid ha solicitado a través de un recurso al Juzgado de Instrucción Nº 28 de Madrid que rechace la denuncia del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por la supuesta revelación de secretos en la difusión de una nota informativa a la prensa relativa al caso de Alberto González, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Concretamente, la supuesta filtración de los correos cruzados entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal en relación a las diligencias abiertas contra Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal.
Según ha adelantado el ‘ElEspañol’, la Fiscalía defiende en su escrito de impugnación la «legitimidad constitucional» del comunicado difundido al respecto con el que, sobre la base de datos ya difundidos, trató de hacer frente a informaciones «inveraces».
El Colegio dela Abogacía de Madrid se personó como parte
Tras abrir el juez diligencias, el Colegio se personó como parte presentando una querella contra autor desconocido de los hechos.
A juicio del ICAM estos hechos “ofrecen indiciariamente caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 del Código Penal, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público -en el caso que nos ocupa, del representante del Ministerio Fiscal-, del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.
Pues, según explicó el pasado 18 de marzo el decano de los abogados madrileños Eugenio Ribón la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe. Y, además, «pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal«.
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