El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha anunciado este lunes que presentarán dos denuncias (una penal y otra administrativa) contra la Fiscalía por las filtraciones a la prensa en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El objetivo es que se investigue quiénes fueron los responsables.
Ello en base al artículo 417 del Código Penal, que hace referencia a a la infidelidad de custodia de documentos y revelación de secretos.
Una decisión unánime que han tomado hoy los 14 miembros de la Junta de Gobierno del Colegio tras una reunión que ha durado tres horas. Y es que, hay que recordar, que en la nota de prensa que se remitió a todos los medios de comunicación se detallaban datos, fechas y contenido de reuniones.
Lo que produjo, según Ribón, «una ruptura del principio de confidencialidad, que es pilar básico para un adecuado ejercicio del derecho de defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución».
Una denuncia formal
Ribón ha detallado que es una denuncia formal que inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que han infringido gravemente lo estipulado en el artículo 63 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Normativa que sanciona la divulgación indebida de la información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal.
Pues, en palabras del decano, «se ha constatado una violación flagrante por parte de la Fiscalía de la Audiencia de Madrid» y del 4.5 del EOMF, que exige un estricto cumplimiento de los deberes de confidencialidad y discreción».
«Por lo tanto, la publicación por parte de la Fiscalía de una información confidencial recogida y exigida por el mismo protocolo del que este órgano forma parte es de una gravedad sin precedentes», ha comentado.
Por otro lado, ha explicado que otra de las medidas que van a tomar es que el Colegio, hasta que no se establezcan mecanismo reforzados de confidencialidad, se desvinculará del Protocolo de Conformidades.
Y por ello «ha instado a una revisión actual del protocolo de conformidades dada su inadecuación y a que, vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado».
También se ofrecen a dar instrucciones a los Servicios Jurídicos del ICAM para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del Comunicado Oficial de la Fiscalía AP de Madrid, y en su caso, la personación de este colegio en la causa como parte interesada.
A juicio del ICAM, la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe. Y, además, pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal.
Asimismo, el decano ha recordado el artículo 24 de la Constitución Española, el cual establece que «todas las personas tienen derecho a recibir tutela judicial efectiva sin indefensión, a ser informado de la acusación formulado contra ella».
Y es que, tal y como ha señalado, «el derecho de defensa al que nos debemos los abogados es absolutamente sagrado e inviolable. Es una garantía para el ejercicio de la abogacía y el ejercicio de la sociedad. Un principio fundamental sobre el que se asienta nuestro sistema judicial y Constitución». Es un principio básico, matiza.
