El magistrado instructor del ‘caso Topillo’, Ángel Garrote Pérez, ha acordado dividir la pieza separada en 39 causas para el enjuiciamiento independiente de cada uno de los ilícitos penales investigados, individualizando los vertidos de salmuera al Mar Menor procedentes de las de las diferentes desalobradoras con las que presuntamente se abastecían las explotaciones agrícolas.
El pasado mes de diciembre, la Audiencia Provincial de Murcia le ordenó la división de la causa en tantos procedimientos como ilícitos, al entender que se trata de múltiples delitos individuales que “carecen de conexidad entre sí”.
El instructor detalla en su auto, dictado hoy, los hechos imputados a cada uno de los investigados y hace una relación de los documentos y actuaciones que deben incorporarse y remitirse en cada uno de los 39 procedimientos.
Se inhibe de la instrucción de 36 de ellos: 22 procedimientos se remitirán al decanato de los juzgados de San Javier para su reparto, y los otros 14 se enviarán a los órganos que resulten competentes en Cartagena.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, del que es titular Garrote, continuará con la instrucción de tres causas con explotaciones investigadas en Avileses, Sucina y Murcia.
El caso Topillo se abrió a raíz de una denuncia presentanda por la Fiscalía en diciembre de 2017, en la que hacía constar la posible comisión de delitos de prevaricación y contra el medio ambiente por parte de altos cargos de la Consejería de Agricultura, de la Confederación Hidrográfica del Segura y por empresas agrícolas y empresarios individuales.
También dirigía la denuncia contra la empresa que supuestamente facilitaba a los agricultores maquinas desaladoras y consumibles para estos mecanismos utilizados sin la preceptiva autorización.
El juez concluyó el pasado mes noviembre la instrucción de la pieza principal: aprecia indicios de delito medioambiental contra empresarios, administradores o encargados de 38 empresas agrícolas por vertidos al Mar Menor. Señala un perjuicio de 19,5 millones de euros.
Esta pieza separada la abrió en julio de 2021 para la investigación de los vertidos cometidos por 43 empresas, la mayoría relacionadas con la agricultura. Recientemente, ha acordado la prórroga del plazo de instrucción de esta causa por seis meses más, que se extenderá hasta el próximo 27 de julio.
El juez explica que aún hay diligencias esenciales que han de practicarse, por ejemplo «un informe pericial por ecotoxicólogo que determine si el presunto vertido que se pueda imputar a cada uno de los investigados puede ser potencialmente peligroso con carácter general, para el medio ambiente, y específicamente para el entorno y ecosistema del Mar Menor».
