El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ha abierto una pieza separada del denominado ‘caso Topillo’ para la investigación de los vertidos cometidos por 43 empresas, la mayoría relacionadas con la agricultura.
Lo ha acordado tras recibir un atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Murcia, que analiza la documentación facilitada por la empresa Hidrotec, “concluyendo que hay indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente”.
Además, el informe señala a la citada empresa “por suministrar desaladoras y consumibles para su utilización, a sabiendas de su ilegalidad”.
El magistrado instructor, Ángel Garrote Pérez, tomará declaración a las 43 personas y entidades jurídicas relacionadas en el atestado (agrícolas, de suministro de maquinaria agrícola o de riego y un campo de golf) y, como en la pieza principal, ha pedido un informe pericial de un ingeniero agrónomo para que determine las necesidades hídricas de cada uno de los agricultores investigados y realice los cálculos que permitan cuantificar la posible utilización de desaladoras ilegales.
DENUNCIA DE LA FISCALÍA
Estas diligencias se abrieron en 2017 por una denuncia de la Fiscalía por la presunta comisión de delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.
En ellas se investiga, entre otros comportamientos, la posible realización de vertidos contaminantes procedentes del uso de desalobradoras ilegales, que captarían aguas de los acuíferos del campo de Cartagena contaminada por nitratos con altos niveles de conductividad que la harían inhábil para ser utilizada en el riego.
Estas características del agua obligaría a los agricultores a aplicar procedimientos de desalobración que originarían un rechazo que terminaba en una red de salmueroductos que a su vez vertía en la Rambla del Albujón, a escasos metros del Mar Menor o lo retornarían al acuífero. En ambos supuestos se podría poner en peligro el medio ambiente.
El pasado mes de abril, tras el análisis del informe pericial emitido por un eco toxicólogo forense, el magistrado señalaba a 36 empresas agrícolas y empresarios individuales cuyos vertidos eran “susceptible de generar un riesgo sustancial, grave o catastrófico para el medio ambiente”.
Paralelamente, procedió al sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto de los 13 de los 49 investigados “por no resultar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal”.
La causa principal también se sigue contra los que fueran responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre 2013 y 2017.
El magistrado explica en el último auto, notificado el pasado lunes, que aunque “las nuevas conductas que se van a enjuiciar guardan idéntica conexión con los posibles delitos de prevaricación que se imputa a exaltos cargos de la CHS y de la Comunidad Autónoma”, el gran número de investigados que permanecen en la causa principal, unido a lo avanzado en su tramitación, “motiva la necesidad y oportunidad de incoar un pieza separa para poder investigar este nuevo conjunto de vertidos”.
Según señala, la finalidad de esta pieza es doble: Evitar que la causa sea excesivamente compleja, facilitándose un enjuiciamiento eficaz de la causa, e impedir que los primeros investigados se vean sometidos a dilaciones indebidas.
Para poder realizar las numerosas diligencias de toma de declaración a estos nuevos 43 investigados y poder concluir la instrucción de la primera fase, el juez ha solicitado un refuerzo a la Unidad de Causas Complejas y de Corrupción (UACC) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su solicitud ya cuenta con el informe favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
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