El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la fiscal general europea, Laura Codruta Kövesi, han firmado hoy un acuerdo de colaboración que permitirá a la Fiscalía Europea utilizar el Punto Neutro Judicial como herramienta en la investigación de los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, cuya competencia le atribuyen el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo de 12 de octubre de 2017 y la Directiva (UE) 2017/1371.
El Punto Neutro Judicial es una red de comunicaciones que permite a los órganos judiciales acceder a información y estar conectados a otras entidades, como administraciones públicas, colegios profesionales, entidades financieras o registros, con el objeto de mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos.
A través del Punto Neutro Judicial, los jueces pueden acceder, por ejemplo, a las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, del Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Tráfico, bancos y cajas de ahorro.
Con la firma de este acuerdo, se establece un cauce de colaboración entre el CGPJ y la Fiscalía Europea para la obtención por parte de ésta, cuando ejerza las funciones establecidas en la ley, de la información contenida en las bases de datos de las administraciones y organismos que integran el Punto Neutro Judicial.
El acceso a la información requerirá la existencia previa de una resolución procesal que autorice la solicitud de información y sólo podrá realizarse por los usuarios que hayan sido autorizados.
La Fiscalía Europea se compromete a velar por el correcto uso de la red de comunicaciones, a formular las peticiones de información sólo en el ejercicio de sus funciones y previa resolución que lo justifique y a no incluir los datos obtenidos en bases de datos o ficheros que puedan ser consultados por terceras personas físicas o jurídicas. Asimismo, la Fiscalía Europea tendrá la condición de responsable independiente del tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso.
Este acuerdo de colaboración tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable, y su aplicación será revisada por una Comisión Mixta de Seguimiento que se reunirá a tal efecto al menos una vez al año.
EL COLEGIO DE REGISTRADORES Y LA FISCALÍA EUROPEA TRABAJAN CONJUNTAMENTE EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
La fiscal General Europea, Laura Codruța Kövesi, y la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán García, también suscribieron el pasado mes de septiembre un convenio de colaboración que permitirá la Fiscalía Europea acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los Registros Mercantiles de España.
El Registro de Titularidades Reales, que el Colegio de Registradores ha puesto a disposición de la Fiscalía Europea para reforzar y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, contiene la información completa y actualizada al menos una vez al año sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta, así como de las sociedades que están en las cadenas de control de otras sociedades.
Dicha información proviene del Registro Mercantil, ya que las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales, bajo la responsabilidad de su administrador.
Este convenio fue promovido por la fiscal Concepción Sabadell Carnicero, quien representa al Reino de España en la Fiscalía Europea.
La presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y el presidente del CGPJ también firmaron el año pasado un convenio de colaboración que permite a los juzgados y tribunales acceder a datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles a través de dos sistemas alternativos ofrecidos por el Colegio de Registradores.
Los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo. El Colegio de Registradores dispone de un Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año alertas procedentes de los Registros sobre posibles casos y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
