Es un texto elaborado por fiscalistas de los principales despachos de abogados del país, catedráticos de derecho tributario y abogados de empresa especializados en fiscalidad y supone una llamada de atención frente a los planes que está diseñando el Gobierno que preside Pedro Sánchez y que elabora el ministro de Hacienda, que dirige María Jesús Montero. Foto: EP.
La armonización autonómica supondrá una subida de impuestos generalizada
El Libro Blanco de la Reforma Fiscal, impulsado por la CEOE, se presenta como una alternativa a la reforma fiscal de la ministra de Hacienda
|
07/2/2022 01:00
|
Actualizado: 18/2/2022 13:25
|
La armonización fiscal entre todas las Comunidades Autonomías planteada es un subterfugio para una subida generalizada de impuestos y un alejamiento de las mejores prácticas europeas, además de que socava la corresponsabilidad fiscal, palanca clave para la mejora en la gestión y prestación de servicios públicos.
Esta es una de las conclusiones del Libro Blanco de la Reforma Fiscal, obra presentada por el Instituto de Estudios Económicos vinculado a la patronal CEOE, trabajo que lleva el sello de fiscalistas de los principales despachos de abogados del país, catedráticos de derecho tributario y abogados de empresa especializados en fiscalidad.
La propuesta pretende ser una alternativa a la actividad del grupo de trabajo constituido por el Ministerio de Hacienda, que trabaja en presentar una reforma fiscal que se conocerá a finales de este mes de febrero.
El documento, que ocupa 822 páginas, destaca la existencia de más de 200.000 normas tributarias en España, lo que genera inseguridad jurídica en los contribuyentes y mucha litigiosidad en lo relativo a los impuestos. Abogan por una mayor simplificación.
También indica el informe hay cerca de 42.000 millones de euros localizados en deudas y pleitos con Hacienda. Están bloqueados en los juzgados, como ya adelantó la pasada semana el Consejo General de Procuradores de España durante la presentación de su estudio.
En este Libro Blanco se recogen multitud de medidas concretas en los distintos ámbitos y figuras tributarias, que puedan servir de guía para el diseño de un sistema fiscal eficiente y competitivo
Estos costes y distorsiones generan pérdidas de recursos, que no son recuperadas ni por los contribuyentes ni por el sector público, por lo que se trata en una pérdida de bienestar social que debiéramos evitar.
Ante esa complejidad de los impuestos, se propone una revisión en profundidad que incluya la eliminación de gravámenes como Patrimonio y Sucesiones, la retirada de tributos como la Tasa Google, la adecuación de valores catastrales a los precios reales del mercado inmobiliario y la simplificación de IRPF o IVA.
A lo largo de este Libro Blanco se recogen multitud de medidas concretas en los distintos ámbitos y figuras tributarias, que puedan servir de guía para el diseño de un sistema fiscal eficiente y competitivo, y catalizador del crecimiento económico y la creación de empleo.
UN SISTEMA FISCAL COMPENSATORIO Y JUSTO
Clara Jiménez, socia de fiscal de Perez-Llorca, destaca que “la función de cualquier sistema tributario no es solo allegar recursos al erario público. Es necesario que eso ocurra, pero no de cualquier manera”.
Desde su punto de vista, “la finalidad recaudatoria de impuestos no es la protagonista absoluta, el diseño del sistema tributario es una actuación coral. Pensar lo contrario es ignorar, o directamente contravenir, el artículo 31 de nuestra Constitución, ya sabemos, lo de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio y que respetará la capacidad económica».
Jiménez cree que “parece que en ocasiones se presta la atención a los árboles y se pierde la visión de conjunto del bosque. La recaudación, las peleas fiscales entre las distintas autoridades en esta materia (estatal, autonómica, local y comunitaria) o la utilización política de las distintas figuras tributarias para hacer llegar mensajes a los votantes etc., no nos deja ver la frondosidad del sistema tributario».
“Personalmente creo que últimamente a nadie le importa el bosque», subraya.
La abogada aborda en su capítulo la relación entre seguridad jurídica y competitividad fiscal: “No se proponen medidas concretas, sino que se dice que se debe tener en cuenta que no se puede legislar aisladamente y sin tener en cuenta por ejemplo las expectativas de los contribuyentes”.
El debate en torno a los impuestos, sobre carga fiscal versus presión fiscal «viene, en todo caso, contaminado porque la real carga fiscal no es la que se calcula con los textos normativos en la mano, sino la que es consecuencia de que esos cambios de criterio se hagan sin atender a la confianza que los contribuyentes han depositado en aspectos concretos de un sistema fiscal».
Sobre ese sistema fiscal señala que “que, de pronto, cambia sus reglas vía BOE sin muchas veces establecer un régimen transitorio y, aún más, basándose a veces de manera expresa (lo cual nos parece ya una falta de respeto a contribuyentes y a las Constitución) en el objetivo recaudatorio que parece elevado así a la categoría de principio constitucional de igual rango que la capacidad económica, igualdad”.
También revela que “eso se hace olvidando que hay empresarios o inversores internacionales que han organizado su producción o su presencia en el extranjero (o en España) en virtud de una serie de reglas que, de pronto les cambian y pueden dar al traste con todas sus estrategias”.
En su opinión, «el sistema puede equivocarse en la fijación de un tipo impositivo, o en el cálculo del mecanismo de una exención, pero no puede vulnerar la seguridad jurídica de sus contribuyentes”.
Aunque se bajen tipos de impuestos, aunque se establezcan exenciones o deducciones, «nunca podrá ser un sistema competitivo ni será atractivo para los inversores, que son gente que no está dispuesta a jugarse el negocio con sistemas tributarios poco rigurosos, poco armados jurídicamente y, en consecuencia, cambiantes por motivos de toda índole”.
Un sistema tributario contrario a la seguridad jurídica e inspirado en principios distintos a los recogidos en la Constitución “genera un daño que causa un grave y silencioso impacto en nuestra competitividad”.
FISCALIDAD, DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA
José María Cobos y Abigail Blanco, socios del Departamento Tributario de Garrigues, señalan que en este Libro Blanco “las cuestiones que se nos plantean en el día a día de los asesoramientos, lo que nos permiten detectar qué elementos de la fiscalidad actual podrían merecer una revisión, a fin de garantizar el respeto a los principios constitucionales de capacidad económica o seguridad jurídica, entre otros. Pero, fundamentalmente, a la creación de empleo en particular y la atracción de inversores al mercado en general”.
Todo ello, «en el entendimiento de que la fiscalidad del Estado y el resto de las instituciones territoriales no debe ir solo encaminada a la recaudación de impuestos, sino que puede ser utilizada como un elemento dinamizador de la economía”.
Desde Garrigues se ha colaborado en la redacción de dos capítulos relacionados con la sostenibilidad ambiental desde una reorientación del IRPF, escrito por Cobos, y otro sobre aspectos fiscales de la gobernanza corporativa que ha realizado Abigail Blanco.
En el escrito por Blanco prestan prestan especial atención a la fiscalidad de la retribución de los consejeros y administradores de empresas.
«Tanto en el Impuesto sobre Sociedades del pagador (al ser un gasto cuya deducibilidad se viene cuestionando), como, con una menor incidencia, en el IRPF de los perceptores (en el que la Administración está negando la aplicación de ciertos incentivos establecidos en la norma como la exención por trabajos en el extranjero)», destaca la abogada.
Para ambos letrados, “la preocupación está suscitada, no tanto por la letra de la norma tributaria, como por la forma en que esta está siendo interpretada por los tribunales y por la inspección tributaria. Incluso tras una reforma legislativa de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y de la Ley de Sociedades de Capital que (en opinión de los expertos) iba encaminada precisamente a dar punto y final a la controversia sobre estas retribuciones en el Impuesto sobre Sociedades”.
“Este tipo de interpretación administrativa y judicial resta seguridad jurídica a los operadores del mercado y dificulta la toma de decisiones”, coinciden.
En este capítulo “se revisan revisar las cuestiones que son objeto de controversia en este ámbito y la falta de consonancia entre la interpretación administrativa (y, a veces, judicial) sobre las normas afectadas y la redacción de esas normas y el que (entendemos) es el espíritu del legislador al redactarlas; para, a continuación, proponer modificaciones en la norma que permitan garantizar que empresas y consejeros o administradores puedan tomar decisiones informadas”.
En cuanto al otro artículo, que versa sobre la reorientación d el IRPF hacia la sostenibilidad ambiental, indica que “los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios para la inversión responsable y los criterios ESG pueden inspirar reformas en los tributos “ordinarios” para incorporar en su estructura elementos que orienten a los contribuyentes hacia decisiones o comportamientos más sostenible desde el punto de vista ambiental”.
“Por ello, abogamos por una evaluación previa de la posibilidad de ‘ambientalizar’ o ‘reverdecer’ estos tributos frente a la alternativa de la introducción indiscriminada de nuevas figuras tributarias ambientales o pretendidamente ambientales, todo ello en aras de una adecuada articulación de una reforma fiscal verde”, indican.
En esta info “adoptando un esquema didáctico, analizamos, para cada una de las categorías de renta y elementos del esquema de liquidación del IRPF, los incentivos ambientales actualmente existentes y proponemos medidas de mejora que permitan acentuar la contribución del IRPF a la consecución de los objetivos de sostenibilidad”.
MANTENER ESTABLE EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Por su parte, Salvador Ruiz, socio director de Equipo Económico y exdirector de la Agencia Tributaria, ha centrado su trabajo en analizar la problemática del Impuesto de Sociedades.
“Este es un elemento que tienen en cuenta los inversores para entrar en un país u otro. En España hay un tipo del 25 % de impuestos que no es alto dentro de la UE, pero que se puede reducir», cuenta.
Desde su punto de vista, “no debería subirse, es una variable importante de decisión de inversión en cualquier país. Tampoco es el momento de bajarlo porque el déficit público está como esta. Y hay que ser realista en estos momentos. Se debe optar por su estabilidad como tipo para garantizar inversiones en nuestro país”.
También analiza el nuevo tipo interno mínimo de impuestos del 15 % para compañías que venden más de 100 millones de euros. “No tiene que ver con el mínimo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del 15 %. Este dato pretende evitar que haya paraísos fiscales o jurisdicciones que se aprovechen de tipos bajos para llevarse de actividad económica a dicho país”.
Sobre este 15 % que se ha incluido en los Presupuestos Generales del 2022 “en la práctica, si técnicamente se restringe en algunas compañías la deducción por I +D y por la creación de empleo y por las deducciones de actividades de mecenazgo y acontecimientos de interés público, así como la deducción por producciones cinematográficas. Al final lo que restringen son estas deducciones de impuestos».
Ruiz concluye afirmando “hay que meter en el Impuesto de Sociedades de una manera prudente deducciones digitales o medioambientales relacionadas con los Fondos Europeos. Hay que recordar que se suprimió una deducción por instalaciones en medioambiente hace años que igual se podría estudiar recuperarse, igual también hay que incentivar la creación de empleo a nivel fiscal”.
Noticias Relacionadas: