CSIF: La falta de liderazgo de Hacienda genera que algunas Administraciones locales incumplan la ley de interinos
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19/3/2022 01:00
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Actualizado: 19/3/2022 00:46
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Lo volvió a señalar ayer, negro sobre blanco, Francisco Lama, secretario de acción sindical de CSIF en una comparecencia publica: «el problema es la falta de liderazgo del Ministerio de Hacienda y Función Pública. La norma no obliga a las Comunidades Autónomas a realizar dichos procedimientos y les da bastante libertad.
“Esto lo que está generando es un caos importante. Tanto en algunas Comunidades Autónomas como en ayuntamientos”, añadió.
Para el secretario de acción sindical de CSIF, que ya mostró a Confilegal sus dudas sobre la efectividad de esta ley 20/2021 que reduce la temporalidad, “cuando lleguemos al 31 de diciembre del 2024 veremos si la norma ha sido efectiva y ha reducido la temporalidad y estabilizado a los interinos”.
Lama hizo estas declaraciones junto a Miguel Borra, presidente del sindicato de funcionarios, que declaró con rotundidad: «no ha lugar a ampliar el plazo previsto por la ley 20/2021 en cuanto a la convocatoria de este proceso de estabilización. Hay tiempo suficiente para que se pueda hacer conforme la ley”.
La nueva ley 20/2021 obliga a que las Administraciones Públicas oferten, antes del 1 de junio de 2022, las plazas de trabajadores temporales que están actualmente ocupadas. Al mismo tiempo, los procesos selectivos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
Un proceso de concurso-oposición será el que dará acceso a estas plazas.
Ana Dueñas, por su parte, cree que la situación es caótica en estos momentos. Dueñas es miembro de la Coordinadora Estatal de Personal Publico Temporal y portavoz de la Plataforma de Trabajadores Temporales de Castilla-León, que engloba a siete plataformas distintas en una Comunidad Autónoma donde los interinos y trabajadores temporales superan los 35.000 profesionales.
A su juicio, “los propios sindicatos tampoco han colaborado mucho en la implementación de la propia norma. En Castilla-León, CSIF ha promovido que se sacaran muchas plazas ofertadas antes de la aprobación de la norma. Pero realmente en muchas Comunidades Autónomas han acelerado las ofertas de empleo para evitar tener que cumplir la ley”.
En un reciente reportaje, un jurista como Javier Araúz, abogado del Estado en excedencia y defensor de este colectivo en distintos pleitos nacionales como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), también aseguraba esa falta de diligencia de las Administraciones autónomas respecto de la nueva ley: “fraudulenta e incluso constitutiva de infracción, porque vulneran los principios básicos del ordenamiento jurídico”.
Desde esta perspectiva, este colectivo de interinos ha ido impugnando la mayor parte de esas convocatorias de procesos selectivos al margen de la ley, de momento los juzgados de lo Contencioso aún no se han pronunciado al respecto, pero es evidente que el problema está ahí abierto con una solución difícil de lograr.
Empleados públicos y crisis económica
Las declaraciones de Francisco Lama y de Miguel Borra se enmarcan en una comparecencia en al que analizaron el momento actual provocado por la crisis económica donde la inflación galopante y los recortes podrían de nuevo afectar al colectivo de funcionarios públicos.
Desde CSIF, opinan que la situación es de máxima gravedad. Por lo que acaban de solicitar una reunión urgente a la ministra de Hacienda y Función Publica, María Jesús Montero. Para abordar con ella las diferentes consecuencias sobre las Administraciones públicas derivadas de la guerra de Ucrania.
CSIF cree que, de nuevo, los empleados públicos volverán a perder poder adquisitivo. “Llevamos acumulado una pérdida del 12 % en los últimos años, sin que se haya recuperado. Creemos que es el momento de ir recuperándolo de forma razonable en los próximos años”.
Desde esta organización sindical se reclama que las Administraciones se blinden ante esos recortes; también que se mantengan las ofertas de empleo público que se van a poner en marcha. Y se defina un Plan de Recursos Humanos.
“Y lo que es más importante: apuntalar los pilares de nuestro Estado de bienestar representados por refuerzos de profesionales en sanidad, educación, servicios sociales y justicia.
Acaban de solicitar una reunión urgente a la ministra de Hacienda y Función Publica, María Jesús Montero. Para abordar con ella las diferentes consecuencias sobre las Administraciones públicas derivadas de la guerra de Ucrania
En cuanto al Pacto de Rentas que plantea el Gobierno, el presidente de CSIF señaló que “no vamos a permitir que los empleados públicos sean de nuevo los paganos de la crisis. Si fuera así, saldremos a las calles con movilizaciones para defender nuestras condiciones laborales”.
Insisten «en la necesidad de un acuerdo para recuperar a medio plazo el poder adquisitivo. Este acuerdo debería actualizar las cuantías sobre la indemnización por razón del servicio”.
Desde esta organización sindical se muestran convencidos que las Administraciones públicas también son un motor de crecimiento, de creación de empleo de calidad y cualificado, así como una palanca para la modernización y prosperidad del país.
“Hay que darse cuenta que las Administraciones públicas son garantes de equidad y en los momentos de crisis son más necesarias que nunca”, subrayó Borra.
Precedente huelga inspección de trabajo
Ante esta situación, el presidente del sindicato mayoritario en la función publica ,subrayó que “si se consuman los recortes económicos en las dministraciones publicas, CSIF saldrá a la calle y habrá movilizaciones”.
Borra citó como ejemplo la huelga de la inspección de trabajo del próximo 30 de marzo: “No les ha quedado más remedio que llegar a ese paro, apoyado por CSIF. Sin embargo, nosotros por el momento no contemplamos dicho escenario”.
Borra señaló que las medidas del Gobierno ya llegan tarde. “La bajada fiscal es muy urgente para que los ciudadanos eviten perder más poder adquisitivo del que están perdiendo. “Es el momento de planificar una respuesta a la crisis que proteja a nuestras Administraciones publicas y que los ciudadanos y empleados públicos no salgan perjudicados de esta situación y se producen recortes en los próximos meses”.
A este respecto la idea de CSIF es la de negociar un Pacto de Estado que blinde las administraciones y servicios públicos.
“Estamos ya iniciando una ronda de contactos con distintas formaciones políticas para promover un acuerdo que proteja a nuestro sector publico ante las medidas económicas que se van a adoptar”.
El presidente de CSIF fue critico con la gestión de los fondos europeos, que deberían ayudar a la reconstrucción de nuestro país en los próximos años. Recordó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había señalado muchas deficiencias en la gestión de los mismos.
“Su ejecución esta siendo más lenta de lo previsto y no podemos perder la oportunidad de utilizarlos para apuntalar los cimientos de nuestras administraciones y garantizar la calidad de sus servicios mejorando las necesidades estructurales de dichas administraciones”, concluyó.
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