La pasada presunta agresión a una funcionaria de prisiones por parte de un grupo de personas encapuchadas y las presuntas amenazas recibidas por un grupo de funcionarios del mismo centro penitenciario como consecuencia de una investigación interna, hizo que mucha gente, como no cabía esperar de otra manera, reaccionara apoyando a esta funcionaria ante el escándalo que produjo tales acontecimientos, así como el apoyo también a los funcionarios investigados por presuntos malos tratos a un interno, dado que no reciben la suficiente formación en uso de medios coercitivos y defensa personal.
Posteriormente, tras previa investigación de la Guardia Civil, se abrió causa judicial contra dicha funcionaria y posibles personas involucradas, por
presuntos delitos de denuncia falsa y simulación de delito. Conllevando esta trama que no solo se siga perjudicando públicamente la imagen de las personas funcionarias de Instituciones Penitenciarias, cuya labor debería ser más valorada por toda la sociedad, sino que pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de incorporar pruebas psicológicas para el acceso a los cuerpos penitenciarios, además de pruebas físicas, y el mantenimiento de una formación mucho más continua y efectiva en materia de uso de medios coercitivos, defensa personal y habilidades sociales, y si fuera necesario, apoyo psicológico, dado el medio muchas veces hostil en el que se desarrollan las funciones penitenciarias.
Es comprensible que cuando un funcionario o funcionaria, sea del cuerpo o grupo que sea, es agredido/a o amenazado/a, los demás compañeros reaccionen en su defensa, como siempre se ha hecho, cuando parece que hay pruebas que lo corroboran y encima se hacen públicas por los medios de comunicación, sin pensar que finalmente sean hechos inventados.
Pues en ese caso, y a la espera de que el juzgado se pronuncie con sentencia o auto firme aclarando todo el asunto, se ha perjudicado más aún a todo el colectivo penitenciario, no solo a las personas señaladas, sino también a quienes mostraron apoyo a la presunta víctima inicial.
El Capítulo V del Código Penal regula los delitos de acusación y denuncia falsas y de simulación de delitos.
Así, el artículo 456 describe la acción de imputar a otra persona, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, hechos que si fueran ciertos constituirían delito penal, ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de su averiguación.
Ahora bien, no podrá procederse contra la persona denunciante hasta que haya sentencia o auto firme.
El poder judicial mandaría proceder de oficio contra la persona acusadora si resultan indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que también podrá perseguirse previa denuncia de la persona ofendida.
Y por otra parte, el artículo 457 tipifica la acción de simular ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una inexistente, ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de su averiguación, provocando actuaciones procesales.
Las personas y equipos directivos de Instituciones Penitenciarias son a veces atacados y perseguidos de manera injusta por otros compañeros de la misma Institución, y a su vez, el resto de cuerpos penitenciarios también son a veces injustamente mal valorados o atacados por el resto.
Quien niegue estas dos realidades es que no conoce bien el contexto penitenciario.
Habrá veces en que se tenga razón, y otras que no.
Si hay personas conflictivas, tengan el puesto que tengan, siempre hay que identificarlas, sancionarlas en su caso, y corregir el problema de fondo para que la mierda no siga contagiándose y perjudicando al resto de personal que sólo quiere trabajar en paz.
Y es que llegar al punto de simular un delito, si así se prueba finalmente, es síntoma de que hay mucho más detrás que ha de investigarse y mucho que mejorar en la profesión penitenciaria.
