El secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, aseguró ayer que desde el Ministerio tiene «muy presentes» las reivindicaciones de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (USPJ) para que «no se den las circunstancias» de la huelga convocada para el próximo martes, miércoles y jueves.
Así se pronunció en el marco de la Comisión de Justicia del Senado, donde compareció a petición propia y de varios grupos parlamentarios para informar sobre las líneas de acción del Ministerio.
Desde diciembre, la UPSJ ha convocado varias jornadas de huelga para reclamar una batería de reivindicaciones, incluida la negociación colectiva propia y la adecuación salarial. Ya pararon el pasado 26 de enero, así como el 9 y 10 de marzo.
Y está previsto una nueva jornada los próximos 5, 6 y 7 de abril.
Ante la insistencia de varios grupos parlamentarios, Rodríguez insistió en que tienen «muy presentes las reivindicaciones de esas ‘centrales sindicales’ en el marco de las negociaciones tendentes a incrementar los complementos específicos de los cuerpos generales».
La denominación «centrales sindicales» no es correcta ya que los letrados de la Administración de Justicia se agrupan por asociaciones.
«No va a faltar por este secretario de Estado voluntad de dialogar en aras a llegar acuerdos en los conflictos que mantienen algunas asociaciones en relación con cuestiones retributivas», afirmó.
EN BUSCA DE ACUERDOS
En este sentido, Rodríguez subrayó que desde el Ministerio van a centrar su esfuerzo en «llegar a acuerdos con todas las asociaciones representativas de letrados y letradas de la Administración de Justicia (LAJ) en la condición de la adecuación salarial abordada en el marco del proceso negociador».
Explicó que ayer martes participó en una reunión con los letrados de la Administración de Justicia y remarcó que lleva ya «decenas» de reuniones con todas las asociaciones desde que asumió el cargo de secretario de Estado el pasado diciembre. «Espero que se llegue a un acuerdo para que no se den las circunstancias de la huelga del mes de abril», indicó.
En el marco de su intervención, respondió directamente al senador del PP Fernando de Rosa, quien exigió soluciones al conflicto.
Rodríguez le contestó que «lo que hay que hacer» es intentar llegar a acuerdos, en lugar de «convertirse en un LAJ y ponerse la pancarta en frente del Ministerio de Justicia encabezando las protestas».
«A estas alturas y con esta edad, mi consejo es que no haga eso», respondió al senador.
En su turno de réplica, el dirigente de los ‘populares’ insistió en su petición para evitar la huelga convocada para los días 5, 6 y 7 de abril.
«¿Cree que me insulta o me desmerece porque diga que he estado respaldando las reclamaciones de los sindicatos? Me honra. Allí estaré las veces que considere oportuno», contestó el senador tras asegurar que no le va a pedir autorización al secretario de Estado para defender una pancarta.
En el pasado del senador De Rosa consta que fue, entre 2008 y 2013 vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces hasta que se nombró a Gonzalo Moliner, sucesor de Carlos Dívar.
Durante más de tres horas, los grupos parlamentarios abordaron –entre otras cuestiones– el conflicto de los Letrados de la Administración de Justicia, rescataron el debate sobre la prisión permanente revisable tras la jornada de ayer en el Congreso y reprocharon al Ejecutivo las últimas conclusiones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa sobre España.
LEYES DE EFICIENCIA
El secretario de Estado, por su parte, apostó en la primera media hora de su intervención por destacar el trabajo del Ministerio con las leyes de eficiencia enmarcadas en el Plan de Justicia 2030. Según anunció, el Consejo de Ministros aprobará el próximo 5 de abril el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa; el 12 de abril, será el turno del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.
Además, destacó la labor de Justicia en materia de cogobernanza con las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia, así como con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio Fiscal.
Asimismo, aludió a la actividad legislativa que se lleva a cabo desde el Ministerio. Se refirió a la Ley Concursal, la transposición de la Directiva de informantes, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude digital, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa o el Anteproyecto de Ley reguladora del procedimiento de determinación de la edad de personas migrantes menores de edad.
DELGADO Y EL CGPJ
Durante la Comisión, el PP reprochó de nuevo la actuación de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En esta ocasión, en el marco del denominado ‘caso Stampa’, hizo referencia al reclamo de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que sea causa automática de cese la infracción del deber de abstención.
También reprochó que aplazara ‘sine die’ la convocatoria de la Comisión de Ética Fiscal.
Desde el PSOE se acusó a los ‘populares’ de tener una «obsesión» con Delgado que «llega a rozar el machismo». Recordaron, además, que la fiscal fue «avalada» por el Tribunal Supremo.
«El PP combatió que fuese designada como tal y perdió y no quiere aceptar», indicó.
