El magistrado Joaquim Bosch hace en su libro una disección sobre la corrupción pasada y presente y plantea propuestas para atajarla. Foto: La Sexta.
El juez Bosch publica «La patria en la cartera», una clarividente tesis doctoral en clave divulgativa sobre la corrupción
«Si se aplicasen las reformas estructurales neceasrias contra la corrupción para elevar nuestra calidad institucional, España incrementaría en un 20 % su Producto Interior Bruto per cápita en un periodo de 15 años. Esta mejora supondría un crecimiento anula de la economía de 1.2 puntos durante dicho periodo lo cual nos aproximaría bastante a los países más avanzados», escribe el magistrado Joaquim Bosch en su libro «La patria en la cartera», que acaba de ver la luz de la mano de la editorial Ariel.
Son datos extraídos del Banco Mundial y de otros indicadores por Francisco Alcalá y Fernando Jiménez Sánchez.
Bosch recuerda que el ejemplo es el principio de la autoridad. Algo que algunos políticos olvidan. Un factor esencial para la lucha contra la corrupción.
«Incluso políticos acusados de corrupción han lleado a justificarla con el pretexto de que en la base de la sociedad hay bastantes prácticas ilegales. El argumento enfatiza que los políticos son como la colectividad. Ese alegato interesado olvida que la imitación social funciona de arriba a abajo. Son los cargos públicos los que se encuentran bajo la luz de los focos. Son ellos quienes con su ejemplo positivo o negativo modelan las conductas del resto de la ciudadanía. En eso consiste la ejemplaridad», escribe.
El autor recuerda que las prácticas corruptas en España están bien definidas: primero, el soborno, a cambio del favor político, legal o ilegal; la recalificación del suelo; las facturas falsas, para encubrir la desviación de los presupuestos institucionales; y las trampas en la financiación de los partidos, que han solido hacer para superar los límites de los gastos electorales.
Lo que confluye en el uso abusivo de lo público en beneficio de lo privado.
«Por encima de los credos políticos, nuestra sociedad debería organizarse para impulsar las reformas estructurales que nos permitan atajar las prácticas corruptas«, afirma en su libro, que es de lo más completo y riguroso de lo publicado sobre el tema hasta la fecha.
EL FRANQUISMO
El magistrado Bosch recuerda que el franquismo fue un régimen de corrupción generalizada del que las élites conómicas del país se aprovecharon.
«La corrupción, el clientelismo, el favoritismo articularon circuitos de aprovechamiento empresarial para beneficiar a los sectores que habían ganado la guerra», relata.
«Los sectores económicos dominantes fueron aliados preferentes del régimen. El principal patriarca de los banqueros, José María Aguirre Gonzalo, procurador de las Cortes franquistas durante 14 años definió con claridad su visión del sistema: ‘El Gobierno gobierna, la banca administra y el español trabaja‘. Esa confluencia de intereses estaba muy asumida por las élites políticas».
El autor refiere que «el Caudillo desdeñaba las quejas que recibía sobre la corrupción de cargos del régimen. No les concedía la más mínima importancia». Se negaba a escuchar acusaciones sobre prácticas corruptas, «lo que provocaba la frustración de sus colaboradores más cercanos», dice, citando a Stanley Payne y Jesús Palacios.
Los políticos transitaban habitualmente del cargo público al empresarial «sin ningún conocimeinto previo del sector en el que desembarcaban, porque lo que en realidad aportaban eran sus realciones privilegiadas.
«Al morir Franco, en 1975, los consejos de administración de 18 de las 20 emprsas más importantes del país, por volumen de ventas, estaban plagados de excargos de la dictadura».
LA DEMOCRACIA
Tras el fallido golpe de Estado del 23-F, según Bosch, se adoptó un discurso idealizado sobre la Transición. Sin embargo, hubo continuidad en los abusos fraudulentos porque «batallar contra la corrupción no formó parte de las prioridades de la Transición». Se ignoró el problema.
No hubo, además, alteraciones en la esfera económica con el tránsito de la dictadura a la democracia.
Bosch cita a Javier Pradera, conocido periodista e editorialista de El País: «La llegada de los socialistas al poder en 1982 produjo en estos nuevos ocupantes del Estado el deslumbramiento de descubrir los privilegios situados a su alcance», como por ejemplo el uso del Azor, el yate ofical de recreo de Franco.
«La legislación española recoge lo peor de los principales sistemas electorales y no incorpora sus virtudes. Provoca efectos de sobrerrepresentación pero no permite castigar a los corruptos. Ni tampoco existe rendición individual de cuentas como sí ocurre en los sistemas mayoritarios», explica en su libro
«El caso Roldán fue el más impactante de los primeros años de democracia», refiere el autor. Luis Roldán, recientemente fallecido, se embolsó más de 6 millones de euros en comisiones por las obras de los edificios de la Guardia Civil, de los que era director general.
«Pero hubo muchos otros que provocaron un goteo de dimisones de los gobiernos de Felipe González«.
La descentralización del Estado, con la llegada de las Autonomías, se convirtió en campo abonado para las prácticas corruptas. «La falta de controles internos en las instituciones les permitió desviar dinero público para sus gastos».
UN LIBRO CON SOLUCIONES
Antes las avanzaba. Reformas estructurales inaplazables. En la legislación electoral, en el funcionamiento de las instituciones y en la propia Constitución.
«La legislación española recoge lo peor de los principales sistemas electorales y no incorpora sus virtudes. Provoca efectos de sobrerrepresentación pero no permite castigar a los corruptos. Ni tampoco existe rendición individual de cuentas como sí ocurre en los sistemas mayoritarios», explica en su libro.
Por lo que se refiere a la financiación de los partidos políticos, Bosch recuerda que durante esta etapa democrática se han condonado las deudas a los principales partidos y que fue en 2015 –hace solo siete años– cuando se reguló el delito de financiación ilegal de partidos políticos, finalmente.
Una regulación que no es perfecta porque deja fuera algunas de las fuentes de financiación más controvertidas. Porque no se castigan los créditos por debajo del interés del mercado, las condonaciones totales o parciales de la deuda o las cancelaciones de las hiopecas.
Bosch también se refiere a las «puertas giratorias», que presentan enormes dificultades para que se pueda demostrar el beneficio pactado y obtenido.
Para el autor es más que evidente que a la política no le interesa que la justicia funcione de forma rápida y eficaz. Como tampoco que se suprima la figura del aforamiento, «que es entendida erróneamente como una exencion de responsabilidad a favor de los políticos»
«Se necesita una actuación institucional de carácter preventivo para dificultar lo que no se puede impedir con otros medios», cuenta.
«Resultaría conveniente aplicar un periodo de enfriamiento de al menos 5 años para los miembros del gobierno, los integrantes de los consejos reguladores y otros cargos especialmente relevantes relacionados con el sector emprearial de la actuación pública realizada. El periodo podría ser superior en caso de empresas estratégicas o con una fuerte reugalción estatal», subraya.
Y sobre las puertas giratorias de jueces hacia la política opina que «deberían adoptarse medidas más efectivas para que los magistrados que regresen a la carrera judicial no puedan intervenir en asuntos políticos que puedan suscitar apariencia de parcialidad».
CGPJ
Bosch no evita tampoco el contencioso actual sobre el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tenía que haber sido renovado hace tres años y tres meses. Refiere la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que dio el visto bueno a que Congreso y Senado eligieran a los 12 vocales de procedencia judicial en vez que esa elección la hiciera la carrera judicial. Una sentencia que advirtió contra el riesgo de la politización del CGPJ y del reparto de cromos.
«El riesgo se convirtió rápidamente en realidad«, destaca. Con los consiguientes bloqueos políticos en la renovación, más propios del «filibusterismo parlamentario».
Bosch reflexiona sobre el problema y plantea otras formas alternativas de renovar el CGPJ. Como que sus componentes fueran escogidos por la ciudadanía, o que la elección judicial se hiciera por sorteo.
Para el autor es más que evidente que a la política no le interesa que la justicia funcione de forma rápida y eficaz. Como tampoco que se suprima la figura del aforamiento, «que es entendida erróneamente como una exencion de responsabilidad a favor de los políticos».
Otra reforma que habría que hacer, apunta es la del Tribunal de Cuentas. Para dotarlo de un mejor encaje institucional, reforzando su independencia, acentuando su carácter técnico y redefiniendo sus funciones para poder utilizar instrumentos para la inspección real de la corrupción y el fraude.
El magistrado termina su «tesis doctoral» –porque lo es y habría obtenido un magna cum laude de haberla articulado así– apelando a la necesidad de unas reglas de integridad pública que beneficien al conjunto de la sociedad.
«La integridad institucional no debería ser de izquierdas o de derechas sino un rasgo distintitivo de nuestros organismos públicos», destaca.
«Parece un círculo vicioso: esas reformas estructurales no son fáciles porque dependen precisamente de quienes presientes que pueden salir perjudicados».
En suma, como cuadrar el círculo.
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