Joaquim Bosch en la inauguración del 31 Congreso de Jueces Para la Democracia.
Joaquim Bosch (JpD) denuncia que en 4 años han habido «cerca de 2.000 políticos imputados por corrupción»
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02/6/2016 17:06
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Actualizado: 12/4/2022 13:30
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Joaquim Bosch ha criticado hoy en el 31 Congreso de Jueces para la Democracia (JpD) inaugurado en Valladolid la «falta de voluntad política» del actual Gobierno en funciones para combatir la corrupción política, y ha denunciado que «en los últimos cuatro años tenemos cerca de 2.000 políticos imputados por corrupción y no se ha creado ni un solo juzgado de instrucción».
Además, el portavoz de JpD, también ha recordado que ya hace dos años todas las asociaciones de jueces y fiscales elaboraron un manifiesto con medidas concretas en la materia al que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho oídos sordos, de ahí la actual situación en la que «los corruptos cuentan con más medios para eludir la acción de la Justicia que los juzgados para investigarlos».
Entre esas medidas propuestos y no atendidas figuran no sólo la apertura de nuevos juzgados de instrucción–España está a la cola de la UE en número de jueces por habitantes, por detrás incluso de Albania y Moldavia–sino la posibilidad de contar con otro tipo de instrumentos de ayuda, como una policía judicial dependiente de los instructores y expertos en materia fiscal o económica y, sobre todo, una reforma de la legislación administrativa para evitar, con carácter preventivo, que «circulen millones de euros sin control en cualquier administración, «y el caso Urdangarín es de libro en esta materia», así como un endurecimiento de las penas para los corruptos.
Y es que respecto de este último capítulo, el colectivo de Jueces para la Democracia, en declaraciones recogidas por Europa Press, critica que la última reforma del Código Penal contempla un endurecimiento generalizado de las penas pero, en cambio, la legislación penal sigue siendo muy benigna para los políticos corruptos.
«Se castiga con prisión al inmigrante del ‘top manta’ y, sin embargo, hay casos de cargos públicos corruptos saldados con meras multas», censura Bosch, quien por ello no duda al afirmar que la decisión del Gobierno de no endurecer la penalidad para este tipo de delitos es «una elección, no una casualidad».
Las críticas de JpD, por boca de su portavoz, se han extendido también a las «interferencias» del poder político sobre el judicial propiciado a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional, «algo muy grave porque el juez que tiene que investigar la corrupción se enfrenta a situaciones en las que un órgano vinculado al poder político es el que puede decidir sobre sanciones o los instrumentos de apoyo con los que va a contar».
CONTRA LA ‘LEY MORDAZA’
Como ejemplo de esas injerencias en el ámbito judicial ha citado la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza‘, con la que el poder político «ha optado por castigar la disconformidad y con sanciones económicas intimidatorias, a la vez que ha intentado huir del control judicial», de forma que conductas que antes resolvían los jueces, en la mayoría de los casos con sentencias absolutorias, son ahora objeto de procedimientos administrativos en los que la autoridad gubernativa «es juez y parte».
Otra de las cuitas de los participantes en el 31 Congreso de JPD bajo el lema ‘Nuevos tiempos, nuevas propuestas, derechos, libertades y garantías’ se focaliza en la denominada ‘Ley de Plazos‘ en la causa penal y las limitaciones de la misma a seis o dieciocho meses de instrucción, en función de que sea «sencilla» o «compleja», reforma que el colectivo teme que pueda derivar en una especie de «impunidad» o «ley de punto final» para muchos casos de corrupción.
De hecho, su portavoz recuerda que el próximo día 6 de junio expira el primer plazo para solicitar o no la prórroga de las investigaciones y «la situación es de un auténtico caos en los juzgados de instrucción porque en muchos casos es imposible cumplir los plazos ya que las fiscalías reconocen que no tienen control sobre decenas de miles de procedimientos».
LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LOS «DEUDORES DE BUENA FE»
No menos preocupación suscita a los afiliados de JpD la «desprotección», en materia de derecho privado, de los denominados «deudores de buena fe» y el desequilibrio de éstos frente a las entidades bancarias, algo que, a instancias del poder judicial español, se ha traducido ya en distintos «varapalos» del Tribunal de Justicia de la UE al Gobierno español.
Así, Bosch y resto de asistentes al congreso celebrado en Valladolid tienen previsto solicitar al nuevo gobierno salido de las elecciones que suprima el procedimiento de ejecución hipotecaria para que las entidades bancarias que quieran reclamar acudan, como el resto de ciudadanos, al procedimiento ordinario y evitar de este modo que «pasen como una apisonadora por encima de personas en situación de precariedad».
Además, el colectivo plantea la necesidad de una ‘Ley de Segunda Oportunidad‘ para que estos deudores de buena fe no pierdan sus viviendas ante la imposibilidad de afrontar los plazos de la hipoteca y evitar que se vean abocados a una «muerte civil».
«En Alemania resulta impensable que una persona sea echada a la calle y obligada a vivir de la caridad ajena. Allí el derecho a la vivienda está garantizado», subraya Bosch, quien por ello demanda una regulación de éste y otros derechos fundamentales que, como así precisa, «son inembargables e inalienables». (EP)
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