Firmas

Algunas dudas sobre las medidas para la protección, frente a la trata, de las personas desplazadas por la guerra de Ucrania

Mariano Calleja
Algunas dudas sobre las medidas para la protección, frente a la trata, de las personas desplazadas por la guerra de Ucrania
Mariano Calleja, abogado de la firma Winkels Abogados (www.winkelsabogados.com) describe los "agujeros" del Real Decreto-ley destinado a la protección de los desplazados por la guerra de Ucrania frente a los traficantes de trata de seres humanos. Es especialista en extranjería. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
18/4/2022 06:47
|
Actualizado: 18/4/2022 10:03
|

Dentro de la última moda de cajón de sastre a la que por desgracia nos vamos acostumbrando, y en la que los profesionales del derecho tenemos que bucear para ver si encontramos alguna modificación en temas que nos atañen profesionalmente, se ha publicado el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Este Real Decreto-ley que, como no podía ser de otro modo, cuenta con un extensísimo preámbulo de ámbito político que justifica la aprobación de la norma y las que entienden que deben ser las medidas a tomar, incluyendo medidas energéticas, sociales, laborales e incluso de vivienda.

Y también dentro de este preámbulo nos encontramos con “medidas a favor de las víctimas de trata”, recordando que el último informe del Grupo de Expertos sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) –ojo, de 2018– expresaba que Ucrania es un país fundamentalmente de origen de personas explotadas fuera y dentro del país, con las principales finalidades de explotación laboral y sexual.

En el actual marco de la invasión rusa no había que ser un lince para darse cuenta de que los victimarios iban a aprovechar la situación para multiplicar su negocio e intentar captar al mayor número posible de mujeres y niñas con promesas falsas de ayuda en su terrible situación para dedicarlas a la explotación sexual.

Esta exposición se plasma finalmente en el artículo 47 del cuerpo legal mencionado, pero no circunscrito a la situación de los ucranianos en España, sino a cualquier víctima de este tipo de delito, por lo que no se entiende muy bien la razón de la medida, que dicho sea de paso, siempre es bienvenida.

La medida viene a ser en resumen, la posibilidad de que los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas, o las entidades sociales especializadas y debidamente reconocidas por las Administraciones Públicas, puedan realizar un informe para acreditar que las posibles víctimas de trata lo son realmente.

En el primer caso, los servicios públicos, no hay duda al respecto, pero sobre las segundas, las entidades sociales, estas deben cumplir una serie de requisitos como colaborar formalmente con las Administraciones Públicas en la atención a este sector, a través de una subvención pública, un contrato o convenio específicos, o a través de un protocolo oficial u otro instrumento formal en materia de trata o explotación sexual.

Con esta acreditación, se dará el acceso a los derechos de información y derivación a los recursos asistenciales establecidos en la normativa estatal y en el artículo 12 del Convenio de Varsovia, y en caso de reunir el resto de requisitos, al ingreso mínimo vital.

Esto no significa que se haya suprimido el requisito de la identificación formal por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de hacerlo, a quienes deberá darse traslado del informe reseñado en el apartado anterior.

Si bien como he dicho antes, el cambio me parece oportuno, aunque vaya incluido en esta norma sobre Ucrania, crisis energética y otras cosas varias, no parece suficiente y plantea una serie de dudas que la norma no aclara.

Siempre he defendido que la identificación de las víctimas debía hacerse por un equipo multidisciplinar que incluyera tanto a los dos agentes que esta norma incluye como a otra serie de actores, que por su participación en la atención a las víctimas y preparación, podrían aportar sus conocimientos para la correcta identificación.

De este modo, sería aconsejable que también se incluyeran a miembros de la Fiscalía y de la Abogacía, pues ambos campos se encuentran íntimamente ligados a la atención y protección de estas víctimas.

Además, la decisión de este órgano, se traduciría en una resolución administrativa, que sujeta como tal a al derecho administrativo, podría ser revisada en sede judicial para su confirmación o modificación en caso de ser necesario, y que mejoraría las garantías para las víctimas que en todas las normas nacionales e internacionales se fijan.

También se me presentan algunas dudas sobre la necesidad de este cambio y su aplicación práctica, pues no ofrece explicación de que pasaría en caso de que el informe de los servicios sociales o las organizaciones fueran contrarias a la identificación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin otra matización, se entiende que la decisión final de las policías sería la definitiva y revocaría el primer reconocimiento, pero deberemos esperar a un desarrollo posterior, que debería incluir varias cosas.

Lo primero es que las resoluciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben ser notificadas a la interesada en un plazo determinado.

Lo segundo que dichas resoluciones pueden ser recurridas en el ámbito contencioso administrativo y el expediente debe comprender el primer informe.

Lo tercero es el momento en que debe reconocerse la asistencia letrada de oficio que figura en la normativa sobre asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta que sería necesaria esta asistencia para el recurso contencioso administrativo y que la normativa internacional fija en el mismo momento en que nos encontramos ante una posible víctima.

Veremos si con el tiempo, este tipo de medida evoluciona hacia el camino que en el presente artículo he venido exponiendo, o si por el contrario, se diluye entre otra serie de condicionamientos que lo hagan ineficaz o puramente cosmético.

Otras Columnas por Mariano Calleja:
Últimas Firmas