El Estado se ahorra casi un millón de euros cada vez que fallece un afectado por la talidomida
Los médicos que trataron a las madres de todos los afectados cuando estaban embarazadas de ellos les recetaron talidomida para combatir las náuseas y mareos que estaban sintiendo. Como consecuencia, nacieron con malformaciones graves por las que ni el Estado ni la farmacéutica alemana Chemie Grünenthal GmbH les han compensado. Foto: Luis Javier Sánchez.

El Estado se ahorra casi un millón de euros cada vez que fallece un afectado por la talidomida

Afectados de talidomida celebran una multitudinaria Asamblea General donde confirman que recurrirán al Supremo
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01/5/2022 06:50
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Actualizado: 01/5/2022 08:33
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“Estamos cansados. Tenemos una media de 60 años. Y muchas dolencias. Pero vamos a seguir adelante», afirma José Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), minutos después de terminar la Asamblea General que este colectivo de afectados celebró ayer en Madrid.

Riquelme señala que desde que se aprobó el Real Decreto con las ayudas de la talidomida en 2018 “se han guardado en el cajón y provisionado sólo 20 millones de euros en cada Ley de Presupuestos del Estado. En estos últimos cinco años han fallecido varios afectados. Por cada uno de ellos el Estado se ahorra casi un millón de euros. Esta es la realidad cruda y simple: Gana el Estado. El paso del tiempo corre en su favor».

Esa cantidad es el resultado de multiplicar los 12.000 euros por cada punto del grado de discapacidad señalado en dicho Real Decreto.

“Suele estar entre el 75 y el 80 %. En el caso de Eleuterio, fallecido hace días era del 90 %. 1.080.000 euros», revela Riquelme. «1.080.000 euros que se ha ahorrado el Estado».

En España hay un total de 600 afectados por la talidomida aunque reconocidos hay 120.

«En el caso de Eleuterio, fallecido hace días era del 90 %. 1.080.000 euros», revela Riquelme. «1.080.000 euros que se ha ahorrado el Estado»

La Asamblea General sirvió para conocer que estos hombres y mujeres afectados de por vida por esas malformaciones están dispuestas a seguir hasta el final. A pesar de que tanto los políticos como la vía judicial parecen estar frente a ellos.

¿CULPA «IN VIGILANDO»?

La realidad es que no se les quiere hacer justicia. Porque sus madres tomaron, durante finales de los años 50 y 60, por recomendación de sus médicos, medicamentos con talidomida. Para combatir las náuseas y mareos que sentían durante el embarazo.

El resultado fue un aumento del número de nacimientos de niños con malformaciones gravísimas, a los que les faltaban los brazos y/o las piernas. Consecuencia directa y probada de la ingestión de ese medicamento.

Avite considera que tanto el Estado –culpa in vigilando– como la farmacéutica alemana Chemie Grünenthal GmbH fueron responsables de unos hechos que alteraron el curso de sus vidas de una forma inimaginable.

Y ni el Estado ni la farmacéutica han respondido por ello.

«Ninguna de sus madres supo que esos medicamentos que les recetaron sus médicos en los años 50 y 60 iban a producir malformaciones en sus bebés. El Estado tuvo una responsabilidad clara. Y la farmacéutica también», según el abogado de Avite

«La realidad», explica Ignacio Martínez, abogado de Avite, es que «el Estado no quiere pagar. Ni ahora ni en el futuro. Y los asociados, que van cumpliendo años, van muriendo sin que se les haga justicia. Sin que se les compense. Abandonados. Habiendo vivido una vida que no les correspondía por culpa de los que tenían que haberlo impedido. Se puede decir más alto, pero no más claro».

«Ninguna de sus madres supo que esos medicamentos que les recetaron sus médicos en los años 50 y 60 iban a producir malformaciones en sus bebés. El Estado tuvo una responsabilidad clara. Y la farmacéutica también. Si a alguna de esas madres les hubieran explicado las consecuencias de esas pastillas que les recetaron jamás los hubieran ingerido», añade Martínez. «Porque antes estaba la salud de sus hijos».

Rafael Basterrechea  y José Riquelme condujeron esta Asamblea, una vez más, respondiendo a todas las preguntas de asistentes presenciales u «online». Foto: Luis Javier Sánchez/Confilegal.

A LA ESPERA DE LA ACLARACIÓN DEL JUEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL

De momento esperan la aclaración del ponente de la sentencia, Santiago Pablo Soldevila, magistrado de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que este colectivo de afectados a través de su abogado solicitó hace algo más de un mes.

“No sabemos nada de cuándo van a responder. El problema es que no tienen un plazo fijo para hacerlo”, aclara este jurista.

Según Riquelme, «llevamos desde 2018 sin tener noticias del Gobierno en este tema. Por eso interpusimos la reclamación patrimonial en la Audiencia Nacional un año después. No tenemos ningún interlocutor con este Ejecutivo de coalición, salvo un intento con Pablo Echenique que se ofreció a mediar.  No valió para nada. No hubo resultados».

En la Asamblea, a la que estuvo invitado Confilegal, se hizo pública la respuesta a la pregunta que el diputado del grupo mixto, Pablo Cambronero hizo al Gobierno sobre la situación de los afectados de talidomida.

La respuesta es de finales de marzo “solo dice lo que ya sabemos que hay un Real Decreto aprobado, pero no señala cuando se va a aprobar”, aclara Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite.

Basterrechea recuerda, a pregunta de este periodista, en el turno de sugerencias de esta Asamblea, que “hay más de 600 solicitudes de afectados de talidomida de las que el Comité de Talidomida del Instituto Carlos III solo validó 127. Sorprendentemente muchos que fueron reconocidos en el 2010 ahora no aparecen como afectados”.

RECURSO ANTE EL SUPREMO POR INTERÉS CASACIONAL

Esta Asamblea General sirvió para aprobar las cuentas de la Asociación y analizar el estado de la cuestión centrada en la reclamación interpuesta en la Audiencia Nacional y tumbada por el tribunal.

A este respecto, fue Martínez, quien, en una intervención por videoconferencia –por hallarse algo indispuesto– explicó cuál iba a ser la estrategia procesal de Avite en este asunto.

“Estoy en estado de ‘shock’ jurídico tras leer el fallo de la Audiencia Nacional”, reconoció a los asistentes.

«Estamos a la espera que su señoría nos mande la aclaración pertinente porque lo que no puede ser que en el texto del fallo se diga que el Gobierno no tiene plazo para cumplir con su obligación de aprobar el Real Decreto Ley que es del 2018”.

“La justicia en un Estado de Derecho obliga a todos y el primero al Gobierno que debería dar ejemplo y sacar adelante dicha norma con la dotación económica adecuada”, añadió.

«Pese a los criterios restrictivos marcados por la Sala de lo Contencioso, tras la reforma del recurso de casación, vemos claro que hay un interés casacional evidente. Es la primera vez que se enjuicia en España un asunto donde los beneficiarios de una ayuda del Estado, éste no les paga, según hemos podido contrastar”, afirma el abogado de Avite

De hecho, contó a los asistentes que hasta que no se produzca dicha aclaración, los plazos del recurso están paralizados.

En ese momento se computará el plazo de los 30 días que tienen este colectivo de afectados para reclamar en apelación.

«Pese a los criterios restrictivos marcados por la Sala de lo Contencioso, tras la reforma del recurso de casación, vemos claro que hay un interés casacional evidente. Es la primera vez que se enjuicia en España un asunto donde los beneficiarios de una ayuda del Estado, éste no les paga, según hemos podido contrastar”.

En el mejor de los casos, “si lográsemos una sentencia favorable, es previsible que el asunto tardará aún dos años hasta que los jueces del Tribunal Supremo fallen sobre nuestro caso. No podemos olvidar que esta es una Sala colapsada por las ciento de sentencias sobre responsabilidad patrimonial del Estado. La falta de jueces ha sido denunciada, entre otros medios, por Confilegal», comentó Martínez.

Otra cuestión que comentó y que ha sido polémica en estos años es sobre la carga fiscal de las indemnizaciones. “Según la ley del IRPF si lográsemos la indemnización vía sentencia no tendría IRPF, en el caso de que se aprobara al final el Real Decreto-ley habría que tributar, en algunos casos hasta cerca del 50 % del total de la compensación”, reveló Martínez.

UNA SENTENCIA «AUTISTA»

Y es que desde Avite se tiene claro que “hasta ahora no se ha hecho nada y en el futuro tampoco se va a hacer. Porque la Ley de Presupuestos de diciembre pasado vuelve a dar 20 millones para indemnizaciones, cuando las cuentas del Gobierno hablan de 120 millones de euros si aceptamos los 127 reconocidos por el Carlos III como afectados por talidomida”.

Martínez explica que “si el Real Decreto-ley no tiene una fundamentación económica nunca podrá aprobarse en dichas condiciones. Por este motivo creemos que no se va a hacer nada hasta que se apruebe una nueva ley donde esté recogida la cantidad adecuada”.

Para este letrado “es incompresible como puede avalar desde la Audiencia Nacional que no se pague una ayuda “que el legislador avaló en la ley General de Presupuestos de 2018, y que cuatro años después ni está ni se le espera”.

«Lo único que pedimos es justicia. ¿Tan difícil es de entender?», se pregunta el presidente de Avite, José Riquelme

Este jurista recordó, a pregunta de un asistente a la Asamblea, que ya en 2018 el legislador dijo que estas ayudas tenían que abonarse de manera “urgentísima porque estos señores se estaban muriendo. Cuatro años después nos encontramos con esta sentencia”.

Martínez califica la sentencia “como algo autista. Viene a decir que el cumplimiento de la ley para el Ejecutivo queda a su criterio. Ahí va en línea opuesta al concepto del imperio de la ley, que es un pilar fundamental de la democracia”.

En dicho fallo la Abogacía del Estado deja claro que el Gobierno español no ha hecho ninguna gestión en estos últimos cuatro años para que Grunenthal, la farmacéutica alemana que desarrollo la talidomida, como dice el Real Decreto-ley de 2018 que se deriva de la Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018. asuma su parte y compense económicamente a los afectados.

“En cuatro años no les han pedido nada”, comenta Martínez.

Ahora se espera la aclaración tribunal de la Audiencia Nacional para iniciar una nueva batalla judicial. Esta será la definitiva. Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

«Lo único que pedimos es justicia. ¿Tan difícil es de entender?», se pregunta finalmente el presidente de Avite, José Riquelme.

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