A juicio de los miembros de AVITE, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, no ha hecho nada para encontrar una solución y ha echado balones fuera.
Los afectados por la talidomida reprochan a Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales, no haber solucionado su problema
El vicepresidente segundo del Gobierno habló este martes de los afectados por este fármaco en el Pleno del Senado
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25/2/2021 06:48
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Actualizado: 25/2/2021 12:09
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«Más efectista que efectiva», así califica la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) la intervención en el Senado del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
Éste aseguró que en pocos meses este asunto va a quedar resuelto.
En una intervención vaga y sin concretar nada en cuanto a los plazos de pago, Iglesias reconocía que los afectados por la talidomida en los años 50 y 60 aún no han recibido indemnizaciones.
A su juicio, esto «revela las carencias de un sistema democrático que no siempre ha sabido hacer justicia de una tragedia que sucedió durante el franquismo, pero se extiende en los gobiernos durante la democracia».
Ignacio Martínez, asesor jurídico de AVITE y uno de los portavoces de la asociación, manifiesta su total sorpresa ante tanta indefinición en las palabras del ministro.
Y recuerda que la Ley de Presupuestos Generales que se aprobó en junio del 2018 lleva tres años inclumpliéndose sistemáticamente, “eso sí que es una anomalía democrática que los últimos Gobiernos de este país prefieren mirar para otro lado y no resolver este asunto”.
Iglesias, responsable del INSERSO desde hace un año, respondía así a una pregunta de una diputada de ERC sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para resolver la situación de las víctimas de este fármaco de Grunenthal en nuestro país.
En opinión de Martínez, tanta indefinición en las palabras del ministro es sorprendente.
En su intervención ha respondido a la interpelación de una diputada de ERC. Foto: EP.
DEMANDA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA EL GOBIERNO
Fuentes consultadas por Confilegal señalan que la Audiencia Nacional ha reclamado a Sanidad expedientes y gestiones relacionadas con Grunenthal y la talidomida en la demanda que AVITE ha interpuesto recientemente y en la que reclaman 400 millones de euros en materia de ayudas de indemnizaciones a este colectivo de afectados.
Curiosamente, Iglesias no dijo nada en su intervención de la citada demanda interpuesta por AVITE al Ministerio de Sanidad donde se fija una responsabilidad patrimonial.
La demanda se sustenta en que primero la Proposición no de Ley de 26 de noviembre de 2016, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y posteriormente la Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018 en su disposición adicional quincuagésima sexta, establecían la obligación del pago de dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España.
Una con cargo a los presupuestos públicos y otra con cargo a Grünenthal, a la que previamente debía el Gobierno reclamar responsabilidad por la tragedia, según exige el texto de la ley.
Este colectivo de afectados ha mantenido reuniones con técnicos del INSERSO en cuanto a la elaboración del Real Decreto, sin embargo, se perdió el contacto tras una reunión tensa con el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco.
Se perdió el contacto con Sanidad y con el propio INSERSO.
Para el asesor jurídico de AVITE no hay justificación a que no se este pagando a las víctimas de la talidomida. “Curiosamente el Real Decreto pasó de ser de tramitación de extrema urgencia a que el director del INSERSO dijera que no había motivos de esa urgencia. Esa es la realidad”.
PARTIDA INSUFICIENE EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Iglesias omitió referirse al hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021 se dota un crédito de 20 millones de euros para atender a las ayudas sociales distintas a los afectados por la talidomida entre los años 1950 y 1985.
Según los PGE, se atenderá así a las ayudas “reguladas por la Disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018”, una cantidad que para los afectados de AVITE es claramente insuficiente.
De la intervención del vicepresidente del Gobierno, pocas cosas positivas se extraen.
“Con Iglesias no hemos quedado nunca, la reunión telemática del pasado mes de noviembre con Pablo Echenique tampoco sirvió para mucho», advierte.
Sobre sus palabras en el Senado, Martínez dice que falta voluntad política “en los famosos viernes sociales que sacaban un Real Decreto en un día”.
“No tienen excusa que no acometan el tema. No se necesita que se concluya el reconocimiento de afectados para aprobar la ley y las cantidades que se adeudan a este colectivo”, subraya.
Para Martínez hay un punto importante en las palabras de Iglesias, “parece que de las alegaciones que planteamos al proyecto de Real Decreto para gestionar estas ayudas se ha tenido en consideración la de los puntos por discapacidad. La Ley va a impedir que se discrimine el origen del punto de discapacidad«.
Desde AVITE hay cierta intranquilidad con los comentarios de Iglesias “no ha hablado nada de la exención fiscal que la PNL del 2016 contemplaba y que en ningún país del mundo donde los afectados han sido reconocidos han tenido que pagar impuestos por el cobro de dichas ayudas. Este es un tema importante que debe resolverse”.
Iglesias señalaba en su intervención en el Senado de unos cambios introducidos en el Real Decreto que va a gestionar esas ayudas, “vimos un borrador con muchas lagunas que no tenía ni pies ni cabeza. Su idea era la de ofrecer un montante de 20 millones anuales para satisfacer esas indemnizaciones, nada que ver con lo que reclamamos».
En cuanto a los 12.000 euros por punto, AVITE recuerda que esa iniciativa proviene del Gobierno Mariano Rajoy recogida en la Ley de Presupuestos Generales, “curiosamente esta ley fue votada en contra por el PSOE y Podemos, no se ha cumplido en los últimos tres años”.
UN PARÓN INJUSTIFICADO
La situación, por tanto, dista mucho de lo que comenta Pablo Iglesias. Salvo la demanda interpuesta en la Audiencia Nacional por AVITE ante el Ministerio de Sanidad, el parón es notable en este asunto del que la información y transparencia brilla por su ausencia. “Tampoco aclara que la propia Ley señala que debe pedirse a Grunenthal la parte suya en estas indemnizaciones”.
De hecho, en otro momento de la intervención del vicepresidente Iglesias en el Senado se le escucha decir Iglesias como tarea pendiente “establecer mecanismos de control para que los intereses económicos de las grandes empresas farmacéuticas no se puedan colocar por delante del interés general”.
Para el vicepresidente “tenemos que trabajar juntos para que este derecho prospere y que las tareas que tenemos pendientes con estas víctimas se conviertan en una realidad”.
Ignacio Martínez recuerda a Confilegal que en la demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional se ha pedido conocer las relaciones existentes entre el Ministerio de Sanidad con la citada farmacéutica. «Esperamos que nos aclaren algo al respecto”.
OTRA PNL REGISTRADA EN EL CONGRESO
En estos últimos días se ha producido alguna novedad en el Parlamento sobre este tema. Al parecer tiene previsto que se debata el 9 de marzo en el Congreso de los Diputados.
De hecho, el pasado 1 de febrero el Grupo Parlamentario Republicano registró una Proposición No de Ley para el reconocimiento y la reparación a las personas afectadas por la talidomida en España para su debate en instancia en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Dicha propuesta está firmada por el diputado Xavier Eritja Ciuró y por el diputado portavoz Gabriel Rufián Romero del mencionado Grupo parlamentario Republicano.
Desde AVITE se recuerda que «hay ya una PNL aprobada en el 2016 y una Ley de Presupuestos del 2018 que cumplir. No tiene sentido esta iniciativa. Ellos han preparado su propuesta sin consultarnos en la preparación de la mencionada propuesta”, aclara su responsable jurídico.
“Esta PNL no va a ningún lado, ignora la Ley del 2018, tampoco contempla la Ley General de Presupuestos Generales del 2021 donde hay también una partida para este colectivo y que tampoco la tiene consideración”.
En dicha propuesta recién registrada se quiere establecer en un plazo inferior a tres meses, un nuevo mecanismo de reparto de ayudas que mediante los criterios de reparto establecidos en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, asegure la plena integración del colectivo y el acceso a las prestaciones sin exclusiones de ningún tipo.
“Lo único que es salvable de dicha PNL es que hablan de activar los mecanismos de negociación y mediación con la compañía Grünenthal, a fin de que esta contribuya económicamente a la reparación del daño causado, uno de los caballos de batalla de este asunto”, indican desde AVITE.
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