El vicepresidente del Gobierno podría apuntarse un tanto importante si logra solucionar el problema de los afectados por la Talidomida de una vez por todas.
Pablo Iglesias tiene en su manos la solución del problema de los afectados por la Talidomida
Multitudinaria XIII Asamblea General de esta asociación en Madrid donde se analizó la situación actual de este colectivo aún a la espera de alguna solución
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03/2/2020 06:15
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Actualizado: 02/2/2020 19:36
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Más afluencia que en los últimos diez años, sobre los doscientos asociados, con un invitado especial como fue el doctor Javier García Mora, perito médico, que formó parte del Comité Científico Técnico de evaluación de la Talidomida, quien también intervino.
La Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) celebró su XIII Asamblea General este fin de semana en la capital de España y pasó revista a la situación actual del colectivo de afectados.
Para José Riquelme, presidente de la asociación creada hace dieciséis años y que ha servido como entidad para visualizar la problemática de estos ciudadanos y ciudadanas, cuyas madres en la década de los sesenta ingirieron Talidomida como analgésico, “pedimos formalmente al vicepresidente Pablo Iglesias que revierte la actual situación existente de forma urgente”.
Iglesias tiene en sus manos, por lo tanto, la solución del problema de los afectados por la Talidomida, según AVITE.
Mientras tanto, este colectivo sigue luchando con sus secuelas y estado de salud dañado, desde hace algo más de seis décadas.
España es el único país que aún no ha saldado esa deuda con estas personas afectadas. Curiosamente pese a tener una Ley aprobada en el 2018 con partida presupuestaria, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una relación tensa con este colectivo.
“Esperamos mucho de Pablo Iglesias, nuevo vicepresidente de derechos sociales del Gobierno. Es el único que nos contestó a la invitación que hicimos a los miembros del Gobierno. Excusa su asistencia, pero dice que contactará con nosotros. Creemos que nos puede ayudar a revertir la situación actual”, según Riquelme.
Al mismo tiempo, se muestra esperanzado de que Iglesias, socio del gobierno del PSOE, reconduzca políticamente la relación entre el Gobierno y los afectados de la Talidomida, ahora inexistente, y evite la aprobación del mencionado Real Decreto Ley.
Apelan al talante del dirigente de la formación morada y a su capacidad de diálogo para que se busque una solución más adecuada a este asunto.
Unidas Podemos en la oposición había manifestado su deseo de colaborar en solucionar este asunto y voto a favor de la enmienda de los PGE, donde solo votó en contra PSOE y Foro Asturias.
Ahora, en el Gobierno tienen la opción de hacerlo.
Además, ciertos cambios estructurales ayudan a AVITE.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), con Luis Alberto Barriga, como nuevo titular, ha pasado de Sanidad al negociado de Iglesias y depende directamente de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, que gestiona Nacho Alvarez.
Este será el organismo que gestione el Real Decreto de la Talidomida y los pagos que acuerden.
AVITE prefiere sentarse a negociar con Iglesias y su equipo de trabajo que volver a hacerlo con el recientemente confirmado Secretario General del Ministerio de Sanidad al asturiano Faustino Blanco, con el que la relación se ha roto.
Foto de la Asamblea de la Talidomida. En la mesa presidencial José Riquelme y Rafael Basterrechea, presidente y vicepresidente, junto con Ignacio Martínez abogado de la asociación.
SOLO 130 AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA
La presentación en el mes de diciembre de un informe por parte del Ministerio con 103 reconocidos como afectados de un total de más de 584 solicitudes recibidas ha colmado el vaso de la paciencia de las víctimas de la Talidomida. “Quieren que ver como nos vamos muriendo sin pagarnos nada”, apunta un asociado que se acerca a nosotros en un receso de dicha Asamblea.
La sorpresa de esos datos ha sido mayúscula.
En un reportaje que este medio publicaba hace unos días, se dan cifras http://bit.ly/2UjrpR9 de cómo otros países arreglaron la situación de sus afectados.
Casi todas pensiones vitalicias sin recortes impositivos de ningún tipo. Esas cantidades, como en Alemania o Italia acaban de actualizarse.
Desde AVITE ya se ha puesto de nuevo en marcha la maquinaria institucional para contactar con Iglesias y Unidas Podemos.
Creen que puede ser una de las pocas soluciones para evitar que se apruebe un RD que el PSOE tiene en la nevera para resolver este asunto con indemnizaciones escasas.
“Hay 20 millones de euros para todos y a esto hay que reducir la parte impositiva, porque nos cargan el IRPF, al igual que el Impuesto de Patrimonio, en función de cada Comunidad Autónoma y otro porcentaje en relación a nuestra minusvalía, porque ahora alegan que una parte podría no ser de la Talidomida”, apunta su presidente
Esto significaría que solo se beneficiarían los 103 afectados reconocidos oficialmente por el Comité Científico del Ministerio de Sanidad de un total de más de 580 solicitudes.
“España sería el único país del mundo que no concedería pensiones vitalicias”, aclara Riquelme.
En este contexto, esta asociación, asesorada a nivel legal por Ignacio Martínez, abogado murciano con gran experiencia en el tema de negligencias médicas, ha vuelto a contratacar a Sanidad con una demanda por responsabilidad patrimonial en la sala contenciosa de la Audiencia Nacional ante la falta de actividad del Gobierno en estos temas.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018 y TALIDOMIDA
Martínez recuerda que “han pasado dos años y el Gobierno aún no ha cumplido la ley que le obliga a pagar las ayudas que se acordaron por unanimidad en el Congreso de los Diputados, Ante esta falta de actividad no tuvimos otra solución que presentar dicha demanda”.
Reconoce que es la Asamblea más numerosa de los últimos años.
En junio del 2018, el Pleno del Congreso aprobada por mayoría una enmienda presentada por el PP en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Dicha enmienda elevaba las cantidades de las ayudas contenidas hasta ahora en los Presupuestos Generales del Estado 2018.
Pasarían de los 36.000, 72.000, 96.000 y 180.000 euros según tramos de discapacidad -36%, 45%, 65% y 75%-, a los 12.000 euros por punto porcentual de discapacidad.
“De esa forma, se pasaría de una compensación de 20 millones de euros a nivel global, a otra de 350 millones de euros, haciendo esos cálculos”, aclara Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE.
Cree que el PSOE redujo realmente esa partida con un reconocimiento médico más duro de lo de habitual en estos temas con el fin de reducir ese coste.
A día de hoy nadie sabe en que se han invertido los 20 millones del PGE del 2018, asignados a las victimas de la Talidomida si realmente se ha gastado. Esa es una de las peticiones de AVITE hace a la Audiencia Nacional en la demanda interpuesta. Que aclara donde está ese dinero.
Sin embargo, el PSOE, ahora en el Gobierno no ha impulsado dicha reforma presupuestaria. Su contraoferta ha sido el mencionado Real Decreto Ley con aquella partida inicial de 20 millones de euros para todos los afectados.
Una oferta que ha roto las relaciones entre el Gobierno y AVITE. Tampoco la partida se ha aprobado, lo que ha generado que esta asociación activase la vía judicial.
Los afectados reclaman algo más de 400 millones de euros.
Este jurista explica que “la demanda ha sido admitida y el juez ha dado traslado a ambas partes. Desde AVITE se ha pedido a la Audiencia Nacional que se aclare el proceso de reconocimiento de afectados y la concesión de ayudas que iban a dar”.
También reconoce como, a día de hoy, aún no hay un solo papel oficial que señale que hay afectados por Talidomida, solo las cifras que el Ministerio dio en diciembre.
“Todavía ninguno de los solicitantes ha recibido notificación alguna. Cuando vayan recibiéndose las resoluciones veremos las medidas que hay para recurrirlas”, indica.
Y revela que la gran mayoría de estas personas “solo se han podido acoger a una jubilación anticipada por ser mayor de 56 años y tener un grado elevado de discapacidad en los últimos quince años. Lo que el resto de españoles llega ahora con 66 años, ellos lo pueden adelantar con el 100 por 100 de la pensión a los 56 años, desde el 2009 ya lo pueden hacer”.
La celebración de esta Asamblea General ha servido para unir más a este colectivo de afectados por la Talidomida.
El momento es complicado porque ya se sabe la actitud del PSOE es retrasar los pagos de forma considerable.
Ahora se confía que Unidas Podemos, que en la oposición habló de apoyar las reivindicaciones de este colectivo si llegasen al poder, cumpla su palabra y resuelva este asunto.
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