De izquierda a derecha, Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE, Ignacio Martínez, asesor jurídico y Jose Riquelme, presidente de la asociacion.
Visto para sentencia el pleito de las víctimas de la talidomida
AVITE reclama en la Audiencia Nacional 400 millones de euros
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14/2/2022 06:46
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Actualizado: 14/2/2022 00:29
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“El Gobierno no ha cumplido la ley. Han pasado cuatro años desde que se aprobó la Ley de Presupuestos Generales del Estado Ley 6/2018 (LGP 6/2018) y no han hecho nada”. Este es el sentir del colectivo de afectados por talidomida representados por la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE).
Con fecha 9 de febrero de 2022, la Audiencia Nacional ha resuelto que el pleito de AVITE contra el Gobierno (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social) ha quedado visto para sentencia.
Después de tres años ha finalizado este procedimiento sobre la pasividad del Estado que AVITE solicitó que se produjera en vista oral para que declarasen testigos y peritos relacionados.
Sin embargo, la Audiencia Nacional lo convirtió en procedimiento escrito en el que ambas partes, la Abogacía del Estado y la propia AVITE, a través de su abogado Ignacio Martínez, presentaron sus alegaciones.
El citado procedimiento lo originóuna demanda de 2019 en la que AVITE reclamaba que sus socios, víctimas de la talidomida, fueran indemnizados con 400 millones de euros por la pasividad del Estado al no haber cumplido la LGPE 6/2018 (ni la PNL 2016), que le obligaba a resolver este tema.
En esa Ley de Presupuestos Generales, que ya va para cuatro años, se hablaba del pago de ayudas directas a los afectados, así como exigir una parte adicional a la farmacéutica responsable Grünenthal.
Hay que recordar que España es el único país donde ha habido afectados por talidomida que aun no ha resuelto las indemnizaciones.
La demanda se origina tras la reunión de la dirección de AVITE con la Secretaria de Estado de Hacienda para gestionar que las indemnizaciones estuvieran exentes de cotizar IRPF.
En esa reunión advirtieron de la escasa actividad del Gobierno para resolver este asunto específico.
Pasividad del Gobierno para resolver este asunto
En la demanda se denunciaba la siguiente pasividad palmaria del Ministerio/Gobierno: no haber concluido el registro de afectados; no haber regulado la exención fiscal de las ayudas; no haber promulgado el Real Decreto que ordene la petición y pago de las ayudas; y, en definitiva, no haber pagado nada de las ayudas que exigía la LGPE 6/2018.
Como muestra del grado de incumplimiento del Gobierno, AVITE recuerda que la LGPE 6/2018 decía: El Gobierno de España recabará de la compañía propietaria de la patente (Grünenthal) y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado.
Esta colaboración se destinará a incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas.
La Audiencia Nacional reclamó al Gobierno que acreditase lo qué había hecho al respecto de este mandato legal, siendo que, por oficio del Ministerio, de marzo de 2021, se informaba que: “no constan en el Ministerio documentos que justifiquen la acción del Gobierno recabando, a la compañía propietaria de la patente, la colaboración necesaria para la reparación de las víctimas y el reconocimiento del daño causado”.
Es decir. “no se ha hecho nada ni hay voluntad para arreglar este tema”, aclara Ignacio Martínez a Confilegal
No hay voluntad para encontrar una solución
Y es que a través de la prueba practicada se ha demostrado que el Ejecutivo efectivamente ni ha cumplido la ley, ni tiene voluntad de hacerlo en el futuro
También explica que –y es la “prueba del algodón”- la última ley de presupuestos (LGPE 22/2021), aprobada hace poco más de un mes, vuelve a contemplar para el pago de las ayudas una cantidad claramente insuficiente teniendo en cuenta los reconocidos oficialmente.
“Se sigue sin dotarse con presupuesto mínimo el pago de unas ayudas que le ley ordenó que fueran satisfechas a los afectados hace ya cuatro años, infradotación presupuestaria que a su vez impide técnicamente la aprobación del real decreto que ordene el pago de esas ayudas”, aclara este jurista.
AVITE recuerda que las ayudas se aprobaron por las Cortes Generales en 2018 para atender la situación de histórico desamparo en la que se encuentran españoles afectados por un fármaco que circuló en nuestro país oficialmente hasta 1985, cuando había sido retirado del resto del mundo en 1961 por saberse que causaba estragos en los fetos.
Muchos de los afectados carecen por este motivo de brazos ni piernas, y las ayudas tiene por objeto procurarles subsistencia y ayuda de terceros.
Pero el hecho es que el incumplimiento del Gobierno procura que España siga siendo, 60 años después, la excepción internacional en la tragedia de la talidomida al dejar desasistidos a sus nacionales.
Desde esta asociación se informa a Confilegal de la gravedad añadida que comporta el paso del tiempo en unas personas que científicamente está demostrado que padecen envejecimiento prematuro.
De hecho, son varios -y tristemente serán cada vez más- los miembros de AVITE que han muerto durante la tramitación del pleito y que ya nunca recibirán justicia.
Da la impresión de que se espera resolver el “problema presupuestario” con esperar que muera todo el colectivo.
Martínez aclara que se hizo una gestión ante el Consejo General del Poder Judicial para que se pudiera agilizar este procedimiento. A este respecto mantuvieron una reunión telemática con el vocal Juan Manuel Fernández para explicarles la situación.
Los cálculos hechos desde esta asociación es que es previsible que se tenga sentencia en un par de meses aproximadamente.
Cabe la posibilidad que en función del fallo el asunto pueda acabar en la sala Tercera del Tribunal Supremo, se da por hecho que la Abogacía del Estado recurría si el fallo es negativo, al igual que la propia AVITE.
De forma paralela, Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE, ha sido convocado por la Comisión de Sanidad del Congreso de los diputados este lunes, donde explicará la situación del colectivo.
“Allí estaremos. No entendemos dicha convocatoria. Hay una Ley aprobada que se tiene que cumplir sobre nuestras indemnizaciones, pero no se cumple”, concluye.
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