La Audiencia Provincial de Madrid juzgará mañana, 24 de mayo, a un ludópata que trabajaba como administrativo en el departamento financiero de una empresa y que está acusado de estafar a la mercantil casi un millón de euros durante cuatro años.
El fiscal le imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil, tipificado en el artículo 392.1 del Código Penal, y un delito continuado de estafa, tipificado en el artículo 250.1.5º, en los que concurre la eximente incompleta de alteración psíquica, y pide 18 meses de prisión, una multa de 2.880 euros, que se le prohíba durante cinco años el acceso a locales donde existan actividades de juego, loterías o apuestas y la obligación de participar en programas formativos para ludópatas y de seguir tratamiento médico adecuado a su padecimiento.
Además, reclama que indemnice a la empresa con 994.319,42 euros.
Según relata el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, si bien el acusado, B. S. O., padecía un trastorno por juego patológico “que mermaba su capacidad volitiva de forma moderada-grave” dada la dificultad que tenía para controlar sus conductas de juego, dicho trastorno no afectaba a su capacidad cognoscitiva, por lo que pudo obtener dinero “con el que desarrollar sus conductas de juego”.
De hecho, se aprovechó de su acceso a la contabilidad de la empresa para disponer de cantidades de dinero para “obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial”, explica.
La Fiscalía señala que el acusado imitaba la firma del director general de la empresa y de la directora de Administración y Finanzas, ambas firmas necesarias para poder expedir válidamente y después cobrar los cheques y pagarés, y extendió numerosos cheques y pagarés a su nombre y al de un amigo, “quien ignoraba el verdadero origen del dinero».
Éste creía que realmente procedía de las ganancias del juego, según le contaba el acusado cuando lo ingresaba en la cuenta de dicho amigo, de cuyo saldo disponía B. S. O. al poseer la tarjeta de la misma y su PIN para hacer disposiciones de efectivo.
Para evitar que la empresa detectara las disposiciones de dinero, en unas ocasiones el acusado introducía los asientos contables en el sistema de la sociedad correspondientes a facturas que no existían y contra las que posteriormente emitía el cheque o pagaré, agrupando en algunos casos las facturas a pagar, expone el fiscal.
Indica que de esta forma, una vez cobrado el dinero, la contabilidad no mostraba diferencia con el saldo bancario. En otras ocasiones, añade, «buscaba facturas antiguas de proveedores que, por alguna razón no cobraron el cheque o pagaré que se les entregó en su día, y emitía un nuevo cheque o pagaré a su propio nombre cancelando contablemente el importe pendiente de pago al proveedor».
Los 73 cobros que se hicieron contra la cuenta que la empresa tenía abierta en el Banco de Sabadell ascendieron a 742.245,12 euros, mientras que los cobros realizados en otra cuenta del Banco de Santander hacen un total de 252.074,32 euros.
