Los abogados plantean la suspensión de todos los procesos de interinos hasta que el TJUE resuelva la cuestión prejudicial
|
30/5/2022 01:00
|
Actualizado: 30/5/2022 02:13
|
A punto de cumplirse el plazo del 1 de junio para que las distintas Administraciones públicas presenten las ofertas del proceso de estabilización el panorama no puede ser más desalentador, especialmente en las Comunidades Autónomas, por lo que se refiere a concurso de méritos y concurso oposición, siguiendo la ley 20/2021 de reducción de la temporalidad.
Pese a la que la ley 20/2021 señalaba en sus disposiciones sexta y octava que había que sacar todas las plazas de profesionales en fraude con anterioridad al 2016, la mayor parte de las Comunidades Autónomas han hecho procesos selectivos paralelos y vaciado de contenido el concurso de méritos o concurso oposición que fijaba esta ley.
En este contexto, expertos como Javier Araúz de Robles y Pau Albert Martí subrayaron la necesidad de pedir la suspensión de los procesos de estabilización hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclare las cuestiones prejudiciales planteadas por el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 17 de Barcelona, Federico Vidal Grases.
Algo que hicieron el pasado viernes en el marco de un encuentro informativo con la Plataforma de Interinos de Cataluña.
“De hecho, es previsible que la sentencia del TJUE por esta cuestión prejudicial llegue dentro de un año, antes de la propuesta del Gobierno de que todas las convocatorias extraordinarias se hayan realizado, previstas para diciembre del 2024”, comenta Araúz.
Es previsible, también, que se abra otro frente judicial porque las administraciones no parecen vayan a estar dispuestas a paralizar estos procesos de estabilización.
“No tiene sentido mantener esos procesos selectivos porque el TJUE se puede cargar todo y genera la fijeza. Puede haber dos funcionaros por la misma plaza en el futuro”, añade.
En esa cuestión prejudicial Araúz recuerda que el magistrado Vidal “le dice al TJUE que no ha sido claro hasta ahora. El juez se queja, lo que exige al tribunal es que de una vez le diga si tiene obligación de hacer fijo a los interinos”.
Este experto señala que “deberían paralizarse estos procesos de estabilización y reflexionar sobre el futuro de la ley 20/2021. La actual Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 22 señala la necesidad de atender el pronunciamiento del TJUE antes de resolver cualquier asunto. Y este es el caso”.
Con esta cuestión prejudicial se pueden suspender los procesos selectivos, reclamar fijeza y suspender la reclamación de fijeza, con lo cual hay que evitar la obligación de ir a un proceso judicial que es más caro. «Y al mismo tiempo suspender los procesos judiciales que estén en marcha hasta que se resuelva la cuestión prejudicial. Los jueces de Barcelona ya lo están haciendo”.
También señala que “no podemos olvidar que la Ley 20/2021 no traspone la directiva 1999/70, es una ley para recibir los fondos europeos. De hecho. los dos procedimientos de infracción contra el reino de España siguen abiertos”.
Pau Albert Martí aseguró que la ley puede ayudar a estabilizar cerca de 500.000 internos.
En el ámbito de diputaciones y ayuntamientos se está aplicando bien. Así los Ayuntamientos de Sevilla, Huesca o Jerez están llegando a un acuerdo de estabilización pleno, entre otras corporaciones.
En cuanto a los procesos selectivos en marcha recordó que las administraciones deben sacar todas las plazas en abuso de temporalidad. “De lo contrario hay que impugnarlo, Hay que asegurarse que están las plazas convocadas y bien asignadas. Lo ideal es que la experiencia en el concurso de méritos fuera del 80%”
Martí cree también que con la cuestión prejudicial en marcha del Juzgado de Barcelona habría que detener estos procesos selectivos “hay que intentar que el problema no se magnifique aun más de lo que está. Ya sabemos que la Plataforma de Interinos de Cataluña lo va a pedir, porque la convocatoria hecha es insuficiente”.
Plataformas de interinos e impugnaciones
En el resto de las Comunidades Autónomas, la situación es similar. Confilegal ha contactado con algunas de ellas.
En Aragón, Olga Perez, portavoz del Sindicato de Trabajadores por el Empleo Público en Aragón (STEPA), confirma que impugnarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el acuerdo del Ejecutivo regional que preside Javier Lambán.
Éste aprobó una convocatoria extraordinaria de estabilización del personal temporal de 2552 plazas –1219 por el procedimiento de concurso-oposición y 1333 por concurso (sin examen)– sumando Educación, Sanidad y Administración General.
“Es una cifra ridícula. Solo supone el 10 % de los trabajadores temporales que tiene actualmente la Diputación General de Aragón e incumple totalmente la Ley estatal 20/2021, al no incluir las plazas de convocatorias anteriores ocupadas por miles de interinos en fraude de Ley, que llevan más de tres años en abuso de temporalidad, según nuestros cálculos más de 17.000”, asegura.
La principal “trampa legal” utilizada por el Departamento de Hacienda ha sido convocar precipitadamente en los últimos días de 2021 miles de plazas que deberían haber sido incluidas en la oferta extraordinaria derivada de la nueva Ley, al igual que otras convocadas y no resueltas. Algo “fraudulento y nulo de pleno derecho”, según prestigiosos juristas que esta organización sindical recurrirá.
En el País Vasco, la situación también se caldea. La última noticia es que el sindicato Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV o simplemente ELA) amenaza con llevar a los tribunales al Gobierno Vasco si no saca todas las plazas de interinos existentes que son 44.415.
Por el momento se van a estabilizar 10.477 con las ofertas que acaban de publicarse. “No hay plazas para todos los afectados”, explica Amaia Zarrabeitia desde el sindicato Interinok Taldea.
Zarrabeitia señala que faltan 1500 plazas a nivel de Administración General donde se han convocado 3600.
“Porque han hecho una interpretación restrictiva de las disposiciones adicionales sexta y octava. 6 y eso hace que no se cumpla con la Ley 20/2021. Pueden participar los funcionarios de carrera, con lo cual nos encontramos ante una promoción encubierta”, llama la atención.
Esta organización ha impugnado las ofertas de empleo de 2019 y 2021: “Estamos pendientes de sentencia. La iniciativa de Araúz de que se suspendan los procesos selectivos nos parece adecuada. No sabemos cómo va acabar esta estabilización”.
Los datos señalan que Educación se sacan 3040 plazas pese a que hay 9.947 temporales, en Sanidad 14.677 y se consolidan 3.727”.
Castilla Leon y Valencia más impugnaciones
Por su parte, en Castilla-León, las plazas que salen a estabilización son muy escasas.
Así lo denuncia Dolores González, presidenta de Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos.
Del total de 15.000 profesionales interinos entre funcionarios y laborales temporales, solo se sacan a estabilización 679 plazas de funcionarios y 1.913 plazas de laborales. “Impugnaremos esta convocatoria como ya hicimos con procesos selectivos que se aprobaron con anterioridad”, afirma.
Gonzalez señala que la Dirección General de Función Pública ha aplicado la ley a fecha de 28 de diciembre y en ese momento no había procesos finalizados. “Así todos los que se finalicen con posterioridad no se van a incluir en la oferta de estabilización. Ninguna de las plazas convocadas entre la aprobación de la ley y su publicación en el BOE irán a concurso de méritos”.
Esta profesional señala que hay recurrida en el Tribunal Supremo un proceso selectivo del 2018 con un auto de admisión para casación, gestionado por el abogado Raul Bocanegra “que puede aclarar el panorama a nivel de procesos selectivos si se estima nuestra impugnación de dicho proceso selectivo”.
Desde Valencia, Fran Conde, representante de la Coordinadora Valenciana de empleados públicos en fraude de ley, reconoce que su organización ha impugnado todos los procesos selectivos que se pusieron en marcha antes de entrada de la Ley 20/2021, “pero aún no tenemos ninguna sentencia de lo contencioso”.
Desde este colectivo se piensa que parar los procesos selectivos podría tener su lógica. “Sabemos que la Generalitat no va a desistir. Se amparan en un informe de la Abogacía Valenciana en un dictamen de 3 de febrero del 2022 que alega que la nueva dicha ley no puede frenar los procesos ya convocados, cuestión con la que no estamos de acuerdo”.
Para estos profesionales respecto a Sanidad y Función Pública no hay ninguna voluntad política de aplicar la nueva ley.
En total la Generalitat valenciana convoca 23.000 plazas, 9.736 para Sanidad; 9.152 en Educación y 3.833 en Función Pública. Esto supone el 30 % del total de las plazas de interinos en fraude de ley.
Noticias Relacionadas: