En la reunión, celebrada el pasado jueves, se trató la problemática actual en prisiones, destacando temas de retribuciones, formación, uniformidad y medios.
La APFP denuncia ante el Defensor del Pueblo la ‘precaria’ situación en la que se encuentran los funcionarios de prisiones
Presenta a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, una batería de quejas y reivindica mejoras normativas y salariales
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31/5/2022 11:38
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Actualizado: 31/5/2022 11:46
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La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, ha comunicado a la adjunta primera del Defensor de Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, la realidad de los profesionales penitenciarios, ha denunciado la «precaria» situación en la que se encuentran y ha reivindicado mejoras normativas y salariales que «reconozcan y valoren adecuadamente» esta profesión y permitan al colectivo mantener «dignamente» a sus familias.
Durante la reunión, que tuvo lugar el pasado jueves y duró dos horas y media, se debatieron diversos temas y quejas presentadas por la APFP, como la «escasez» de funcionarios, ya que no se han cubierto 3.000 plazas vacantes, y que las agresiones continúan hacia los trabajadores penitenciarios por parte de la población reclusa «sin que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya tomado medidas».
Según ha informado a Confilegal Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, entre diciembre del 2000 a mayo de 2022 han sido víctimas de 1.200 agresiones. El sindicato reclama la consideración de agente de la autoridad a los trabajadores penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, denuncia la «estigmatización y mala imagen para la sociedad» del colectivo de profesionales penitenciarios, y quejas relativas a la uniformidad, formación y retribuciones.
En la reunión, el sindicato estuvo representado por el secretario de organización, Gonzalo Arboledas; el secretario de Relaciones Institucionales, Rafael Paniza; y los portavoces Antonio Núñez y Francisco Javier López. Llamazares no pudo asistir por encontrarse en la Comisión Permanente de la junta de personal del Ministerio del Interior.
Por parte de la institución también asistieron el director del Área de Seguridad y Justicia, Andrés Jiménez Rodríguez; el cirector de la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España, Fernando Herrero Camps; y personal técnico.
Este sindicato reivindica la equiparación salarial con Cataluña, que tiene las competencias transferidas. La APFP comunicó a Jiménez-Becerril que desde hace más de 15 años no se ha obtenido ninguna subida salarial específica para los profesionales penitenciarios. Desde la oficina del Defensor del Pueblo se ha recomendado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre otras cuestiones, que atienda las mejoras salariales, y está a la espera de conocer el resultado de dichas actuaciones. Sobre la equiparación salarial con Cataluña es un tema del Gobierno, que fija los sueldos.
El sindicato también informó que la Secretaría General de Instituciones está limitando el uso de medios coercitivos «reduciendo las herramientas» para mantener el buen orden y la convivencia en los centros penitenciarios. Las herramientas de las que disponen son las esposas, las defensas de goma, los spray de disuasión, las correas de sujeción mecánica, además de la fuerza física imprescindible. En su día, el Defensor del Pueblo recomendó flexibilizar y limitar los medios coercitivos.
El director de la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España respondió que esas limitaciones vienen por los aspectos negativos que tienen lo medios coercitivos, sobretodo, el aislamiento provisional.
Desde la APFP explicaron que el traslado interior de internos clasificados en primer grado -los más peligrosos- se está efectuando sin esposas, además de la «ilegalidad» que puede suponer la realización de funciones al ser funcionarios civiles, a lo que éste les contestó, según informa el sindicato, que «no están agresivos en todo momento y que pueden ponerse, previa valoración del funcionario».
Llamazares explica que las actuaciones que ejerce cualquier funcionario penitenciario están dentro de las que marca la ley y el reglamento, y supervisadas en todo momento por el superior jerárquico, que es el jefe de servicio. «Cuando hay una pelea, una agresión, un acto de indisciplina a la orden del funcionario, la ley les obliga a intervenir, y si el interno no razona y sigue en estado agitado alterando al resto de población reclusa, los funcionarios de prisiones intervienen aplicando los medios coercitivos que la ley les permite, comunicando inmediatamente la situación y decisión al jefe de servicios, quien se presenta normalmente de inmediato y se toma la decisión correspondiente.
«El jefe de servicio decide si la actuación es correcta o hay que cambiar los medios coercitivos, y si como consecuencia de la actuación hay lesiones, se eleva al juzgado, que decide si ha actuado correctamente o se ha extralimitado», indica Llamazares, que hace hincapié en que hasta la fecha, «no ha habido ninguna extralimitación por parte de ningún funcionario».
Además, la APFP informó a los representantes del Defensor del Pueblo su «preocupación» por la mala imagen del colectivo. Explicó que la APFP ha realizado charlas educativas en colegios y calendarios benéficos para asociaciones, para explicar la labor que se realiza en los centros penitenciarios y «alejarlos de los estereotipos procedentes de las series y películas de ficción de temática carcelaria que nada tiene que ver con la realidad de los centros penitenciarios españoles», aunque cree que esa imagen hacia la sociedad la debería realizar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, «como hacen países europeos como, por ejemplo, Francia, Alemania, Italia o Portugal».
La adjunta primera del Defensor del Pueblo recalcó en la reunión que es necesario reconocer que la labor que realiza el funcionariado de prisiones es fundamental en la consecución de los objetivos que las penas privativas de libertad pretenden alcanzar.
Además, este sindicato ha elevado una queja respecto al número de plazas que se ofertan para los cursos de formación impartidos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ya que, «por ejemplo, para un curso de defensa personal se ofrecen 20/25 plazas para una plantilla de 500 trabajadores y no se realiza en todos los centros penitenciarios». Asimismo, reivindica que los cursos deberían ofrecer un reciclaje continuo a todos los trabajadores porque no se imparten a todos los centros ni de forma continuada. «Salen un año y otro igual no», apunta.
La APFP también puso sobre la mesa una queja sobre «las funciones obsoletas» de los puestos de trabajo. Según explica, siguen vigentes las funciones de los profesionales penitenciarios recogidas en el Reglamento de 1981, derogado por el de 1996, que los mantiene vigentes en su disposición transitoria tercera “hasta una nueva regulación” que aún no se ha producido.
Es la primera vez que se tiene conocimiento de este tema por la Oficina del Defensor del Pueblo, que también requerirá información a la Secretaría General sobre este asunto.
Este sindicato también ha planteado diferentes quejas respecto a la calidad y composición del uniforme, así como la inexistencia de elementos reflectantes en el mismo. Llamazares señala que «es necesario distinguir al funcionario mediante la uniformidad».
«Vestimos un polo de color claro y un pantalón largo azul sin ningún distintivo, por lo que es fundamental que la vestimenta tenga colores vivos para distinguir claramente al funcionario en una pelea o agresión», manifiesta.
Además, indica que sólo hay un uniforme y que para la extinción de incendios no hay ningún atuendo específico. La oficina del Defensor del Pueblo también recabará información sobre la uniformidad.
Por último, la APFP ha presentado una queja por la memoria de las víctimas penitenciarias. Critica que no hay un reconocimiento institucional hacia los profesionales que fueron heridos o asesinados por el terrorismo de ETA o GRAPO. Por parte de APFP se realizan homenajes a las víctimas, pero desde la Secretaría General «no hay ningún recuerdo para ellas», y reclama «reconocimiento para las víctimas».
El sindicato entregó a Teresa Jiménez-Becerril un libro en memoria de los funcionarios de prisiones asesinados.
La APFP valora positivamente la reunión y espera que se den los pasos necesarios para ir actualizando todas estas reivindicaciones. «Ojalá la Secretaría General escuche al Defensor del Pueblo y cumpla y ejecute todas aquellas recomendaciones que le indique», concluye Llamazares.
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