Mónica Oltra descarta dimitir tras su imputación: ‘Es una postura ética, estética y política’
Cristina Seguí, la querellante, afirma que Oltra ha sido "inmoral, indigna y mentirosa" en su primera declaración trar ser imputada
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17/6/2022 16:57
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Actualizado: 17/6/2022 17:21
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La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra (Compromís), descarta dimitir tras su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, a una menor tutelada, por los que fue condenado.
Oltra afirma que es «es una postura ética, estética y política» y no personal. «Soy coherente y lo seguiré siendo», ha dicho.
Así se ha pronunciado en la rueda de prensa semanal tras el pleno de gobierno, que ha sido su primera comparecencia pública tras su imputación, conocida ayer.
Oltra ha asegurado que no ha hablado de su imputación con el presidente valenciano, Ximo Puig (PSPV), que se siente respaldada por todo el Consell, y ha rechazado también que este caso sea equiparable a las exigencias que ella hacía al PPCV y al expresidente valenciano Francisco Camps en su etapa en la oposición antes de 2015.
«Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa», ha declarado la imputada.
Oltra ha sido citada a declarar el próximo 6 de julio, a las 10.00, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), después de que el magistrado Vicente Ríos Segarra, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, pidiera al alto tribunal valenciano su imputación al ver indicios delictivos.
El caso se remitió a este órgano judicial ante la condición de aforada de Oltra como diputada en Las Cortes Valencianas. Ríos afirmó que existen “indicios racionales y sólidos” de la participación de la aforada en los hechos por los que ya se siguen diligencias contra 13 investigados, entre altos cargos de la Consejería y trabajadores del centro donde ocurrieron los hechos.
El magistrado instructor explicó en la exposición razonada elavada al TSJCV que no resultaba ya posible “progresar en la investigación ordenada” sin que Oltra “sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas”.
A juicio de Ríos, «nos hallamos ante un expediente administrativo o una ‘información reservada’ indiciariamente ordenado por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado».
Y el TSJPV se ha declarado competente para investigarla y a otras 13 personas por la existencia de «una serie de indicios plurales» que «hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre Oltra y diversos funcionarios para proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada. Así lo han dictaminado los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV María Pilar de la Oliva Marrades (presidenta), Vicente Manuel Torres Cervera y Antonio Ferrer Gutiérrez (ponente).
Oltra declarará ante este último, el magistrado instructor, que asume el sumario elaborado por Ríos y abre fase de diligencias previas.
La vicepresidenta valenciana ha avanzado hoy que dirá «básicamente» lo mismo que en su comparecencia monográfica sobre el caso del 21 de abril de 2021, a la que remite cuando es preguntada sobre cuándo fue conocedora de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Asegura que lo descubrió cuando llegó la citación judicial a su domicilio: «Lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta».
La investigación de esta causa procede de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad, y de una querella de la exdirigente de VOX Cristina Seguí, que ejercita la acusación popular como presidenta de la asociación Gobierna-te.
Han iniciado un proceso contra la Consejería por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno sobre lo sucedido. VOX también es acusación popular desde el pasado mes de febrero.
SEGUÍ: OLTRA HA SIDO ‘INMORAL, INDIGNA Y MENTIROSA’ EN SU PRIMERA DECLARACIÓN, ‘NO SE CREE NI ELLA LO QUE HA DICHO’
Seguí afirma que Oltra ha sido «inmoral, indigna y mentirosa» en su primera declaración trar ser imputada. «Ni ella se cree lo que ha dicho», sostiene.
Además, señala que «de lo más patético han resultado de nuevo los medios de comunicación, que le han vuelto a regalar una puerta de salida; los mismos medios que llevan dos años encubriendo esto con su silencio y con falta de voluntad para investigar».
Seguí destaca en primer lugar, que Oltra «está intentando achacar su imputación a una especie de confabulación ultraderechista que va a por ella». «En la rueda de prensa ha sacado la fotografía del líder de España 2000, José Luis de Roberto, diciendo que era él quien va a por ella, cuando sabe que es mentira», explica.
«Roberto, que ejerce la acusación particular protegiendo a la menor, en ningún momento se ha querellado contra ella, sino que se fue a los juzgados de instrucción a por los funcionarios, por ser Oltra aforada. Fuímos mi asociación y yo los que nos querellamos contra ella y 9 altos cargos ante el TSJ. Ella sabe que he sido la única acusación que se ha querellado contra ella, pero no se atreve a confrontarme y usa una falacia para victimizarse», argumenta.
«Con nuestra querella, logramos sacar el razonamiento jurídico que ha utilizado tanto Fiscalía como el magistrado de instrucción 15 para elevar su escrito de acusación, con lo que se desmonta completamente lo que ha dicho hoy Oltra», expone Seguí.
Y añade que «los medios de comunicación siguen intentando salvar a Oltra del cadalso». “No se atreven a coger el teléfono y llamarme, les desmontaría su estrategia y su relato. Y la vergüenza del sector periodístico que, salvo honrosas excepciones, han ayudado a Oltra a encubrir los hechos».
En cualquier caso, Seguí manifiesta que es indiferente quién se haya querellado y que «aquí solo importan la realidad judicial y los hechos probados, y ya han dicho que esta mujer ordenó un informe ilegal y parajudicial para desacreditar a la menor donde su marido, el abusador y condenado a 5 años de cárcel, era retratado como persona afectada».
«Y que ella, que también pagó la defensa de su marido, cogió este informe y se lo entregó a la defensa de su marido para salvarlo de la cárcel; y que, además, desoyeron y ocultaron una orden de alejamiento salida del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia el 28 de julio de 2017; que nunca alejaron al abusador de la menor, y que, además, esta mujer convivió con el abusador un año y dos meses después de la fecha en la que la menor denuncia y hasta ocho meses después de que el juzgado enviara esa orden de alejamiento ordenando alejar al abusador de la menor y que fue cuñada en la Consejería de Igualdad el 28 de julio de 2017», agrega.
En este tuit también cuenta estas impresiones:
«Va por ti, Rita. Un beso al cielo», ha publicado también.
DOS QUERELLAS DE OLTRA CONTRA SEGUÍ
En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017.
Los abusos a la menor, según ha quedado probado por la Justicia, se produjeron a finales de 2016, cuando Luis Eduardo Ramírez estaba casado con Oltra, vicepresidenta de la Generalitat desde junio de 2015, y por estos hechos fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia Provincial de Valencia, a inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante un plazo de 10 años, y a cinco años de libertad vigilada, con obligación de participar en cursos formativos de educación sexual.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia fue confirmada por el TSJ de la Comunidad Valenciana en septiembre de 2021 y se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo. En este proceso, la Fiscalía reprochó a la Consejería de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador.
«Empezamos esto el 1 de abril de 2021 en la más absoluta soledad, la gente me decía que estaba loca, y esto se ha conseguido gracias a la venta de camisetas, a ser muy pesada con los crowdfunding en las redes sociales y gracias a mi abogado, Pablo Delgado«, ha señalado Seguí a Confilegal.
Según explica a este diario, el coste personal por este caso ha ha sido enorme, por intentar conseguir los recursos a tiempo, y porque tiene dos querellas de Oltra contra ella por supuestas injurias y calumnias, la última notificada el pasado 31 de mayo. Respecto a la primera, la Fiscalía interesó el sobreseimiento de las actuaciones. La otra, también por tuits y por supuestas injurias y calumnias.
«Son querellas instrumentales, para, por un lado intentar apartarme de la causa, y por otro lado, intentar asfixiarme económicamente», indica Seguí. «Me interesaría mucho saber, de qué bolsillo está pagando tanto esas dos querellas en cuestión, como la defensa de su marido que también pagó ella. Esperemos que con su capital privado», concluye.
LOS OTROS 13 INVESTIGADOS
Entre los investigados también se encuentran cinco personas de la Consejería, como el ‘número dos’ de Oltra, Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia. También la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza; el secretario territorial, Jesús Esquiu; la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad, María Amparo Nogués; y la técnico de la Sección del Menor, Ana Victoria García Tarín.
Su imputación se produjo después de haber sido oídas las declaraciones y ante la documentación aportada por ocho de los primeros investigados: las directoras territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, y una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Consejería.
También están siendo investigadas una funcionaria de la Consejería que instruyó una información reservada sobre los abusos, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Consejería, y la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.
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