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Contrarreforma de la LOPJ o historia de un secuestro institucional: así, no

Juan José Carbonero
Contrarreforma de la LOPJ o historia de un secuestro institucional: así, no
Juan José Carbonero, magistrado y vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, critica dúramente la iniciativa legislativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados para poder renovar dos de los magistrados del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento le corresponde al Gobierno. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
27/6/2022 06:48
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Actualizado: 27/6/2022 00:52
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Hace escasamente diez días, nos visitaba Vera Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, y a modo de un nuevo «Bautista», ofrecía el mensaje de una necesaria renovación de las instituciones –en realidad del Consejo General del Poder Judicial– con arreglo a parámetros y estándares comunitarios.

El Gobierno, sí, el Gobierno, ha contestado, a través del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, con la presentación unilateral de una proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que supone una parcial rehabilitación del órgano de gobierno de los jueces en sus funciones constitucionales, con el fin de que éste pueda designar a los miembros que le reserva la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

La respuesta no puede ser más contraria a lo advertido por la Comisaria Europea. No sólo no se renueva el órgano de gobierno de jueces y tribunales, sino que se restablece parcialmente la potestad suprimida para hacer nombramientos –por procedimiento, además, de lectura única–, a un órgano de gobierno que ha excedido en más de tres años su mandato constitucional.

Asistimos a la historia de un secuestro institucional en el que el Gobierno de la Nación dirige los pasos del Legislador, en pos del control de lo que empieza a concebirse como un poder subordinado –el Poder Judicial– al servicio de la acción de Gobierno. 

So pretexto de una renovación del Tribunal Constitucional, que debieron prever cuando inhabilitaron al Consejo General del Poder Judicial para el ejercicio de la función que la Constitución le reserva, en realidad se busca un cambio en el régimen de mayorías del Tribunal de Garantías, tras una historia reciente jalonada de fallos contrarios a algunas iniciativas gubernamentales y con la vista puesta en lo que está por venir.

Visto el caso polaco y el caso húngaro, cada vez es menos claro que nuestra situación difiera mucho de la de ellos, y, en la misma medida, se va evidenciando que la acción del Gobierno se aparta en este terreno de los estándares de calidad democrática comunitarios.

CONTINUACIÓN DE UNA REFORMA QUE REDUJO A LA NADA AL CGPJ

Y como ésta es la continuación de una reforma que redujo a la nada al órgano de gobierno de jueces y tribunales, cabe predicar idénticas características de ésta iniciativa parlamentaria del partido del Gobierno, iniciativa por cierto unilateral y en solitario, sin contar ni siquiera con sus socios parlamentarios, y llevada directamente desde el Ministerio de la Presidencia, a la que el de Justicia asiste como mero convidado de piedra.

Es un paréntesis en una política de tierra quemada, de guerra de trincheras, reacción gubernamental al fracaso institucional que representa el hecho de que los dos partidos sistémicos españoles no hayan logrado ponerse de acuerdo para la renovación de instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado y la legitimación de nuestro orden constitucional. 

Porque la negativa a promover la renovación de estos órganos por quien tiene la responsabilidad de hacerlo es, aparte de una quiebra del sistema, ante todo un supuesto de incumplimiento de los deberes constitucionales, -y por tanto vulneración constitucional-, que incumben a los dos partidos con vocación y acción reales de gobierno en España. 

Quien gobierna, tiene el compromiso constitucional ineludible de guardar y hacer guardar la Constitución, y se guarda la Constitución promoviendo la renovación, cuando toca –y hace mucho que ya toca–, de los órganos constitucionales; pero igualmente ineludible es el compromiso para el partido que, si bien no tiene responsabilidades de Gobierno, las ha tenido y está «naturalmente» llamado a tenerlas. 

A mayor poder, mayor responsabilidad, pero en todo caso responsabilidad compartida. 

Esta impostura constitucional, protagonizada por ambos, ha llevado al Gobierno a consumar un secuestro institucional; estamos, abiertamente, ante lo que no es temerario calificar como un caso de desviación constitucional de poder.

El Legislativo utiliza su potestad para un fin para el que no le ha sido atribuida.

La imperiosa necesidad de renovar el Tribunal Constitucional, la imposibilidad de renovar por sextas partes el mismo, y la oportunidad política de alterar el régimen de mayorías en el interior del Tribunal de Garantías, inspira esta impostura, en la que un Consejo General del Poder Judicial, aún en funciones, en cambio, recupera parcialmente sus competencias –se desconoce si para un único uso-, contradiciendo la inspiración de la propia reforma que llevó a la creación, de la nada, de un órgano de gobierno «en funciones». 

Utilización y secuestro de las instituciones, y, a la postre, fraude constitucional. 

Iniciativas de esta naturaleza dejan frío al más templado…, aún entendiéndola como mero instrumento de presión en una estrategia de negociación que tenga la finalidad de forzar a su interlocutor a llegar a un acuerdo. 

Tampoco esta hipótesis es tranquilizadora precisamente, pues permite ver lo que puede ser capaz de llegar a hacer quien pone en práctica estos instrumentos de presión.

La política es, debe ser, solución de problemas, y no generar tensiones insoportables en un sistema que, de momento, aguanta.

Todavía no es tarde para el acuerdo y el cumplimiento de los deberes que la Constitución impone al Gobierno, al Legislativo y a los partidos que integran éste último y sostienen y oponen al primero: renueven, como debieron hace tres años y medio, el Consejo General del Poder Judicial.  Es salud institucional, es orden constitucional, es «jarabe democrático». 

Defiendan y cuiden de la salud de las instituciones. Renueven las instituciones y no las secuestren.  Es su deber constitucional.  Así no.     

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